La ley del silencio verde: el avance ultraconservador extiende el miedo en las empresas a vincularse con la lucha climática

Hubo un tiempo no tan lejano —se mide en años y meses, no en lustros o décadas— en el que a las grandes compañías les temblaban las canillas ante la posibilidad de ser acusadas de greenwashing o ecopostureo. Tenían miedo a que se les cazara haciéndose pasar falsamente por comprometidas con el medio ambiente y la lucha climática. ...

Hubo un tiempo no tan lejano —se mide en años y meses, no en lustros o décadas— en el que a las grandes compañías les temblaban las canillas ante la posibilidad de ser acusadas de greenwashing o ecopostureo. Tenían miedo a que se les cazara haciéndose pasar falsamente por comprometidas con el medio ambiente y la lucha climática. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, feroz enemigo de las políticas medioambientales, ha impulsado lo contrario: el greenhushing, el silencio verde o el miedo a que las empresas sean acosadas por sus medidas ambientales si las hacen públicas. 2025 ha comenzado con un goteo de entidades financieras estadounidenses anunciando que se retiran de una alianza internacional nacida en la cumbre del clima de Glasgow, de 2021, que tenía como objetivo limpiar de emisiones de efecto invernadero al sector bancario global. Los seis bancos más importantes de EE UU —JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo y Goldman Sachs— han dejado esa alianza (NZBA, sus siglas en inglés) auspiciada por la ONU.

A ellos se les unió hace una semana BlackRock, el mayor grupo de inversión del planeta (más de 10 billones de euros en activos bajo gestión), que ha abandonado el llamado foro Net Zero Asset Managers, que también persigue el objetivo de llegar a las emisiones netas cero a mediados de siglo. El caso de BlackRock tiene una carga simbólica de altura, porque bajo la batuta de su fundador y jefe, Larry Fink, se había convertido en uno de los mayores apologetas de lo verde. Pero, según ha explicado en una carta su vicepresidente, Philipp Hildebrand, formar parte de esa alianza “causaba confusión sobre las prácticas de BlackRock” y les “había sometido al escrutinio legal por varios organismos públicos”.

Rob Schuwerk, director para Norteamérica del grupo de expertos en finanzas verdes Carbon Tracker, traduce esas palabras: “Con Trump se ha enviado el mensaje de que las instituciones que no apoyan su línea partidista sobre el cambio climático u otros temas corren el riesgo de convertirse en objetivos públicos”. Ronald Temple, jefe de estrategias de mercado de la gestora de fondos Lazard —con 250.000 millones de dólares bajo gestión—, insistía en lo mismo durante una reciente visita a Madrid: “Trump le ha declarado la guerra a la inversión sostenible y va a hacer todo lo posible para desarmar toda la regulación que la ha impulsado”.

Que viene un fortísimo arreón desregulatorio en Estados Unidos contra normas medioambientales es algo en lo que coinciden la decena de expertos consultados para este reportaje. Lo que no tienen tan claro es hasta dónde llegará y cómo se extenderá el contagio fuera de la principal economía mundial de este proceso que tiene, además de lo climático, otros temas en el punto de mira. Es una enmienda a la totalidad de lo que los movimientos populistas de derechas denominan despectivamente capitalismo woke, en referencia a quienes supuestamente han despertado ante las injusticias y los problemas sociales y se disponen a combatirlos. Porque al dólar no solo le aterra ahora parecer verde, también morado, negro, multicolor...

Trump es la gran ola final, pero esta guerra contra las empresas y los llamados criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) es una marea que viene de antes. La primera vez que Joe Biden usó el veto presidencial, en marzo de 2023, fue para bloquear una resolución republicana que quería que no se pudiesen usar criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en la gestión de los planes de pensiones. De ser algo de lo que las empresas presumían, principios como la diversidad, la igualdad y la inclusión se convirtieron en un factor de riesgo. En la primavera de 2023, las compañías de distribución Target y Kohl’s, la cadena de restaurantes Chick-Fil-A, la marca de cervezas Budweiser, las construcciones de Lego y hasta las golosinas de M&M’s fueron objeto de ataques y boicoteos que les costaron miles de millones de valor en Bolsa por su apoyo a la comunidad LGTBI.

Mónica Araya, experta en políticas climáticas y economía, habla de un debate lleno de fantasmas y paranoias: “Muchos políticos republicanos han tratado con todas sus fuerzas de matar todos los índices de ISR y han amenazado a los fondos de inversión, y cuando ves realmente lo que están argumentando, lo que ellos ven es un fantasma, una supuesta agenda comunista detrás de todo. Suena muy paranoico, pero es así”. En ese contexto, congresistas estatales republicanos de New Hampshire llegaron a proponer hace un año que se tipificase como delito penado con hasta 20 años de cárcel invertir en fondos públicos con criterios sostenibles. Aunque la propuesta no salió adelante, simbolizaba la ofensiva conservadora desde los Estados que controlan —como Texas, Florida y Carolina del Sur— contra las compañías que adoptasen esos estándares.

Las políticas de diversidad, igualdad e inclusión nacieron al calor de la discriminación positiva o acción afirmativa para favorecer a minorías. En la última década, su aplicación se disparó con los movimientos #MeToo y Black Lives Matter. Sin embargo, tras la decisión del Tribunal Supremo de 2023 que declaró inconstitucional la discriminación positiva por motivos raciales en el acceso a las universidades, grupos conservadores pusieron en el punto de mira a las empresas con políticas de diversidad y empezaron a presentar demandas. A eso se unió el año pasado la presión desde las redes sociales de algunos activistas, entre los que el más destacado es Robby Starbuck.

Starbuck, cuyos mensajes han sido en ocasiones retuiteados por Elon Musk, se atribuye el mérito de haber hecho abandonar sus políticas de diversidad e igualdad a más de una docena de compañías. La primera en dar su brazo a torcer, tras varias semanas de tuits, fue Tractor Supply, en junio de 2024. Luego, señaló con éxito a John Deere, Ford, Harley-Davidson, Lowe’s, Caterpillar y Molson Coors, entre otras.

La victoria más simbólica para los conservadores es el abandono por parte de Meta de sus prácticas de diversidad e igualdad, anunciada la misma semana en que Mark Zuckerberg acababa con la verificación de contenidos en la red social. Meta desmantela su equipo de diversidad, modifica sus políticas de contratación y deja de favorecer a proveedores con políticas de ese tipo. Pero, aunque el miedo se extiende en Estados Unidos, no todas las empresas se rinden: el consejo de Apple ha recomendado votar en contra de una propuesta de accionistas incluida en el orden del día de su próxima junta en la que se pide a la empresa dejar de lado sus prácticas de diversidad.

Riesgos de reputación

Las espantadas verdes se han acelerado ahora ante la inminente toma de posesión de Trump, pero cuatro gigantes financieros estadounidenses (JPMorgan, BlackRock, State Street y Pimco) ya habían abandonado o reducido en febrero de 2024 su vinculación con Climate Action 100+, la mayor iniciativa de grupos de inversión y multinacionales para la reducción de emisiones. Las entidades argumentaban que las cuestiones climáticas se habían convertido en asuntos políticos, lo que podía implicarles riesgos de reputación.

Paul Polman, que fue el primer ejecutivo del gigante paneuropeo del consumo Unilever durante casi una década, vincula directamente la presión política sobre los conglomerados financieros que habían intentado dar pasos frente al cambio climático al “cabildeo” de la industria de los combustibles fósiles. “Es lamentable. El año pasado, las inversiones en energía verde más que duplicaron las de combustibles fósiles. La realidad es que necesitamos triplicarlas, y estos movimientos sin duda lo ralentizarán. Llámalo falta de liderazgo valiente o comportamiento egoísta a corto plazo, pero la realidad es que los inversores en combustibles fósiles corren el riesgo de convertirse en los verdaderos anticapitalistas. Hacer que el dinero fluya hacia la transición climática es financieramente sólido y moralmente correcto”.

Schuwerk, de Carbon Tracker, no cree que la consecuencia de este proceso sea un incremento de la exploración y desarrollo de proyectos de petróleo y gas. Sin embargo, al eliminar trabas para las emisiones contaminantes y de efecto invernadero de este sector, que restaban competitividad a los combustibles frente a las renovables (mucho más baratas), Schuwerk cree que se podría “disuadir a algunos inversores institucionales de alejarse” del petróleo y el gas por ahora. Deepshikha Singh, de Crédit Mutuel Asset Management, un fondo francés, explica que el apoyo de Trump “a los combustibles fósiles y el retroceso de las políticas climáticas podrían crear importantes obstáculos para el sector de la inversión sostenible y también para las empresas comprometidas con la reducción de su huella de carbono”. Aunque, como advertía esta semana en un encuentro con periodistas Frances Colón, responsable del área de política climática de la asociación Center for American Progress, “la transición a la energía limpia no hay quien la pare ya”.

Colón admite que dentro del activismo climático se están preparando para que Trump anuncie la salida del Acuerdo de París en sus primeros días de mandato, algo que lógicamente tendrá impactos en la lucha internacional contra el calentamiento. Pero esta experta en diplomacia climática añade: “Si hay un lado positivo en esto, es que habrá mucho más espacio para que otros países o grupos de países como la UE den un paso adelante”. Colón también pone la mirada en China, que está invirtiendo mucho en financiación climática.

En la misma línea, Gonzalo Sáenz de Miera, directivo de Iberdrola y vicepresidente del Corporate Leaders Group (una alianza empresarial de la UE que apuesta por la descarbonización), afirma que “Europa va a seguir con su transición energética”. Y, según su visión, lo hará por razones de “competitividad, seguridad energética y política industrial”. “China, igual: quiere liderar la industria del futuro. Esto es una carrera y creo que EE UU no va a dejar de apostar por el futuro, no va a querer dejar esta carrera”, añade Sáenz de Miera. “Claro que Trump va a tener impacto, pero esto no va a suponer el retroceso en la transición energética, ni en Europa ni en el mundo”, opina optimista.

Desregulación

Sobre la posibilidad de contagio también habla Juan Prieto, de Corporance, una empresa dedicada a analizar las estrategias corporativas para asesorar en el voto a los accionistas, principalmente grandes fondos de inversión, en la juntas. Admite que las empresas europeas tienen que “informar con estándares más exigentes” y no solo sobre el impacto que puede tener la acción directa de la empresa sobre el cambio climático, también la indirecta, por ejemplo, los bancos y a qué tipo de compañías dan un crédito. “Las empresas norteamericanas vienen con estándares más relajados y eso es posible que se contagie”.

A Helena Viñes, economista y presidenta de la plataforma europea sobre finanzas sostenibles, le preocupan los posibles efectos negativos en la inversión climática que pueden producir los últimos anuncios de bancos y fondos sobre el abandono de esas alianzas. En Europa, también le inquieta el auge de una pulsión desregulatoria que comienza a ganar terreno, “sobre todo si esta no se basa en la evidencia ni está orientada a mejorar la eficiencia normativa”, añade. La actual Comisión Europea está mucho más escorada a la derecha que en el anterior mandato de Trump, cuando la alianza entre socialdemócratas y populares hizo que se tomara la lucha contra el cambio climático como una de las principales señas de identidad de la UE.

La Comisión se ha embarcado ahora en un proceso de revisión de la regulación con el objetivo de buscar la “simplificación”, el término que emplean las instituciones. Huyen de la expresión desregulación, no supone reducir estándares de consumo u objetivos climáticos, vienen a decir, se busca optimizar. “No se trata de desregular a ultranza. Me preocupa que se utilice ese término porque se presta a interpretaciones erróneas. Se trata de aligerar y simplificar, como dice la propia Comisión, una carga regulatoria insostenible y contraproducente para la propia sostenibilidad que se pretende fomentar los últimos años.”, remacha por su parte Anthony Gooch, secretario general la la European Round Table for Industry, una asociación con sede en Bruselas que defiende los intereses de 40 grandes empresas europeas. “Europa se ha planteado ser líder en transición ecológica, pero para eso hay que ser el más fuerte. En bastante de la regulación aprobada nada es incentivo”, añade.

Pero en Coporate Europe Obervatory, una asociación centrada en la vigilancia de las actividades de cabildeo en Bruselas, las alarmas se han encendido. Se teme que “la agenda radical proempresarial de Trump” empuje a la Comisión de Von der Leyen a priorizar la desregulación y el bienestar corporativo para salvaguardar supuestamente la competitividad frente a Estados Unidos, donde se ha instalado la ley del silencio verde.

Con información de Ignacio Fariza, Manuel V. Gómez y Miguel Moreno Mendieta.