Por un Pacto de Estado contra el negacionismo climático

Nuestra democracia tiene por delante un reto sin precedentes: actuar de acuerdo al consenso científico sobre el clima para construir una transición ecológica justa. A pesar del auge de los discursos negacionistas, retardistas y escépticos disfrazados de libertad de opinión en el contexto de la campaña electoral, la acción para la transición ecológica es hoy más posible que nunca: ...

Nuestra democracia tiene por delante un reto sin precedentes: actuar de acuerdo al consenso científico sobre el clima para construir una transición ecológica justa. A pesar del auge de los discursos negacionistas, retardistas y escépticos disfrazados de libertad de opinión en el contexto de la campaña electoral, la acción para la transición ecológica es hoy más posible que nunca: el 81% de la población apoya medidas más drásticas de respuesta a la ya extrema emergencia climática. Los principales actores políticos y mediáticos del negacionismo climático en España tan solo representan a un residual 3% de la población, pero tienen una visibilidad sobredimensionada por el eficaz apoyo económico de los grupos de presión. Sus bulos organizan un acoso que cada vez es más violento, por ejemplo, contra los responsables de la Aemet, la Asociación de Meteorología Española, durante las últimas olas de calor. El de un grupo de ganaderos a la delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca, acaba de demostrar a todo el país las explosivas consecuencias del negacionismo sanitario de un gobierno autonómico.

Por este motivo necesitamos fortalecer nuestra democracia contra los negacionismos y la interesada polarización, para liderar colectivamente la transición ecológica y energética. Los Gobiernos, independientemente de su signo político, pueden y deben encontrar una vía efectiva para resolver la parálisis. Una parálisis que ha impedido cumplir con el principal objetivo del Acuerdo de París: limitar a 1,5 °C el aumento de las temperaturas globales de nuestro planeta; y, al mismo tiempo, construir una “transición justa” que recomienda la comunidad científica internacional en el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). No es de extrañar, por tanto, que el Secretario General de las Naciones Unidas sintetice la gravedad de la situación descrita en el informe del IPCC con estas palabras: “la demora significa la muerte”, mientras que las soluciones de inmediata aplicación siguen estando al alcance de nuestra mano si actuamos ahora.

Por esto, necesitamos urgentemente un Pacto de Estado que blinde este proceso de vaivenes partidistas y permita excluir de las controversias retardistas y de las polémicas negacionistas todas las medidas relativas a la transición ecológica. Un Pacto de Estado de un nuevo tipo, que no solo integre los partidos políticos democráticos electos, sino también la expresión de la ciudadanía informada por la ciencia en un dispositivo participativo de alcance estatal.

Pactar con la ciudadanía informada por la ciencia

Nuestro país ha sido pionero en este sector porque, tras experiencias similares en Reino Unido y Francia en 2020, en España se reunió una Asamblea Ciudadana por el Clima, compuesta de 100 personas reunidas por sorteo representativo, para responder a la pregunta siguiente: Una España más segura y justa ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos?

Después de más de medio año de trabajo, y pese a las carencias organizativas y de difusión del proceso, en junio de 2022 la Asamblea Ciudadana por el Clima presentó ante el Congreso de Diputados 172 recomendaciones, aprobadas con un apoyo mínimo del 87%, con el objetivo de combatir el calentamiento global con políticas transversales. La recepción del establishment político en el Congreso fue tibia, y a casi dos años del inicio de sus deliberaciones, estas ambiciosas medidas continúan invisibilizadas y sepultadas por las autoridades y los poderes públicos.

Afortunadamente, la participación ciudadana en la toma de decisiones se está instalando en muchos países democráticos como un factor clave para acelerar y garantizar transiciones ecológicas eficaces, rápidas y socialmente justas. El Consejo de Europa reconoció en 2021 a las Asambleas Ciudadanas por sorteo como un medio de transformación ecológica decisivo para nuestras sociedades amenazadas por nuevos autoritarismos negacionistas. De igual modo, el IPCC sostiene en su último informe que los procesos participativos son esenciales, e insta a los gobiernos a integrarlos en todos los niveles de la acción climática.

Un Pacto de Estado Verde y ciudadano apoyado por los principales actores sociales de la transición ecológica debería ser objeto de debates públicos preelectorales y tendría que tomar realmente en cuenta las 172 resoluciones de la Asamblea por el Clima finalizada en el 2022, y no solo los programas de los partidos o las estrategias de inversión de los grandes grupos empresariales. El objetivo de este nuevo tipo de Pacto de Estado para la emergencia climática se podría así centrar en, por un lado, una reforma fiscal verde, basada en el principio de que ninguna partida presupuestaria dañe el medio ambiente y, por tanto, empobrezca al país a largo plazo, erosionando su menguante capital natural y sus servicios ecosistémicos, que son el sustento de la actividad económica y el bienestar y, por otro lado, el compromiso con un control ciudadano que pueda garantizar una transición energética justa.

Contra la crisis climática y democrática: gobernar con la ciudadanía

La esperada llegada de Vox a las instituciones en muchas comunidades autónomas, y tal vez al Gobierno nacional, dispara la urgencia de que los partidos políticos del espacio de centro-izquierda y centro-derecha señalen su apoyo a un Pacto de Estado ecológico, y así conecten con la fuerza política de una aplastante mayoría de la ciudadanía que reclama más acción climática y cambios colectivos drásticos.

Si no lo hacen, por un lado, abrirán la puerta al peligro de una legislatura de inacción que impedirá emprender reformas urgentes que coloquen a España en una senda de adaptación social y económica a un mundo a más 1.5 °C (o, muy probablemente, más), de la cual está lejos por ahora, con un modelo agrícola a todas luces insostenible y el turismo de playa como motores económicos de primer orden, y una política energética tan incoherente como capturada por intereses fósiles y de macro-renovables especulativas. Al mismo tiempo, estarán contribuyendo a la degradación de la calidad democrática en España, ya que expondrán al 81% de la población española al riesgo de quedar huérfana de representación democrática en uno de los temas que más les preocupa. Esta oportunidad real de refundar la democracia representativa con la participación ciudadana es de vital importancia ante la ola de nacional-populismo iliberal que ya combina regresión democrática y regresión climática en Polonia, Hungría, Italia y que se está acercando cada vez más al poder en Dinamarca, Noruega, Finlandia y Francia.

Nuestro ciclo electoral que ha visto adelantar las elecciones generales, es también el año de una sequía extrema en España, de un alarmante récord de elevación de la temperatura del Mediterráneo y el Parque Nacional de Doñana demuestra cómo la mala gestión colectiva de los bienes comunes nos encamina a un punto de no retorno de devastación ambiental, social y económica. Necesitamos nuevas herramientas democráticas que permitan garantizar la aceptabilidad social, la equidad y la perdurabilidad de las profundas reformas que tenemos que emprender para hacer frente a la crisis climática. En palabras del filósofo B. Latour, necesitamos “una nueva soberanía vinculada al proyecto de reparar las condiciones de habitabilidad que han sido devastadas”.

A las puertas de las Elecciones Generales del 23J y de la Presidencia Española de la Unión Europea, España puede y debe liderar a nivel comunitario la construcción de una democracia ambiental, ecológica y participativa para hacer frente a la extrema emergencia climática y a las extremas derechas negacionistas en Europa.

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