La justicia permite obras en la estación de esquí de Navacerrada y que fabrique nieve con agua del arroyo del Telégrafo
Las pistas siguen activas pese al rechazo por motivos medioambientales a que estas instalaciones sigan operando por parte del Gobierno
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha permitido de forma cautelar que la estación de esquí de Navacerrada utilice las aguas de un arroyo para fabricar nieve artificial pese a ...
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha permitido de forma cautelar que la estación de esquí de Navacerrada utilice las aguas de un arroyo para fabricar nieve artificial pese a la negativa de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). El dictamen permite asimismo que se realicen “obras de seguridad y de mantenimiento” meses después de la pugna entre los gerentes y el Gobierno, que defendía el cierre de este parque por motivos medioambientales. La Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León, ambas del PP, atacaron al ministerio de Transición Ecológica por su intento de clausurar estas instalaciones. La estación de Navacerrada de momento permanece cerrada por la falta de nieve.
La sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo supone la suspensión de la orden establecida por la CHD, que rechazaba el “derecho al uso privativo” de un arroyuelo conocido como El Telégrafo, cuyas aguas se empleaban para producir la nieve artificial que se dispara en los cañones de Navacerrada, en el monte segoviano Pinar de Valsaín, para los esquiadores. El fallo judicial impide también que, como instó la CHD hace unos meses, se retiraran las instalaciones que afectan a este regato. Esas medidas, sostiene la resolución judicial, generarían “perjuicios de muy difícil reparación ante la imposibilidad de continuar con el funcionamiento de la estación de esquí de Navacerrada al estar destinada la concesión litigiosa a proveer de agua a los cañones de nieve artificial para ese funcionamiento y haberse dispuesto también el desmantelamiento de las instalaciones correspondientes a dicha concesión”. El tribunal resuelve también que la CHD deba reparar “la presa o azud de derivación de las aguas del citado arroyo para alimentación de los cañones de nieve artificial que hubiera sido afectada como consecuencia del desmantelamiento de las instalaciones”. Asimismo, consiente también de que los administradores ejecuten “obras de seguridad y de mantenimiento”.
Los terrenos de esta estación se encuentran en el término municipal de La Granja de San Ildefonso (Segovia) aunque una parte de la extensión se halla en la Comunidad de Madrid, de ahí la intervención de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. El pronunciamiento del TSJCyL desestima también el argumento de la CHD de que la concesión de ese aprovechamiento privado del arroyo había finalizado, pues destaca que ese plazo sigue vigente desde que se concediera una licencia de 75 años en 1994.
El alto tribunal de Castilla y León denegó hace un año la petición de la Abogacía del Estado, en representación de Parques Nacionales, para que se exigiera a la Junta la paralización de la estación. Asimismo, también rechazó las medidas cautelares demandadas por Parques Nacionales para que no se abriera la estación de Navacerrada la pasada campaña. El Ejecutivo ordenó en marzo de 2021 el desmantelamiento de tres de las ocho pistas y que la zona, ubicada en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, retornara a su estado original. El argumento se apoyaba en que la licencia administrativa se concedió en abril de 1996 por 25 años, un periodo concluido y que no se renovaba por “no ser viable” fruto de las altas temperaturas en esos parajes y la reducción de las nevadas ocasionadas por el cambio climático. La empresa responsable de las instalaciones se negó por haber solicitado una prórroga de dos años por entender que los dos inviernos afectados por el coronavirus no pudo desempeñar su actividad. El Gobierno reclamó que la Junta de Castilla y León declarara esa caducidad pero la Junta, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, arguyó “no tener competencias” para hacerlo y defendió que no había motivos “políticos ni jurídicos” para clausurar Navacerrada.
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