Chile hace frente a su “sequía estructural” con un plan de racionalización de agua en Santiago

La extrema gravedad de la crisis hídrica que afecta a Chile ha dado pie a un inédito protocolo para racionalizar el agua en Santiago. Tras acumular 13 años de sequía, el periodo seco más prolongado de su historia, las autoridades de la Región Metropolitana han anunciado que, en el caso de que los caudales de los ríos que abastecen del suministro a la capital ...

La extrema gravedad de la crisis hídrica que afecta a Chile ha dado pie a un inédito protocolo para racionalizar el agua en Santiago. Tras acumular 13 años de sequía, el periodo seco más prolongado de su historia, las autoridades de la Región Metropolitana han anunciado que, en el caso de que los caudales de los ríos que abastecen del suministro a la capital lleguen a un punto crítico, se impondrán cortes rotativos y programados en distintos sectores de la región (siete millones de habitantes). El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, ha advertido este martes que Santiago tiene menos agua acumulada que el año pasado, que “ya era crítico”. “No podemos confirmar los racionamientos de agua, pero tampoco descartarlos”, ha apuntado.

La Dirección Meteorológica de Chile ha anunciado este martes que para el segundo trimestre las lluvias en la zona central estarán nuevamente bajo los rangos normales. El pronóstico de agua que caerá sobre Santiago es 115 milímetros entre mayo y julio. Como referencia, solo en el mes de julio de 2006 cayeron 130 milímetros. La ciudad se abastece principalmente del agua del río Maipo y del Mapocho, que han ido reduciendo significativamente su caudal durante la última década por la falta de precipitaciones y nieve.

Uno de los esfuerzos para hacer frente a la “sequía estructural”, como la denominó García, es el Protocolo de Racionamiento de Agua, que contempla cuatro niveles de alerta. Los tres principales son: alerta temprana preventiva, en la que se reduce la presión del agua por las noches -vigente desde agosto de 2021-; la alerta amarilla, en la que el cliente resiente la reducción de la presión y se lanza una campaña comunicacional para ahorrar agua -prevista para activarse desde diciembre de 2022 hasta abril de 2023-; y la alerta roja, en la que se aplican cortes rotativos de 24 horas -sujeta la gravedad de la situación-. El nivel de vulnerabilidad de los seis sectores en los que está dividida la capital definirá si los cortes son cada cuatro, seis o 12 días.

Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas, explica que la alerta amarilla se aplica 10 días antes de que el río Maipo y el Mapocho ya no puedan abastecer la demanda de la ciudad. Si cinco días después no hay una alteración de los factores que aumente el caudal, se pasa a alerta roja. “Los cortes se van a saber con anticipación, así que la gente se va a poder organizar para cocinar, lavar… y no va a ser una sorpresa de un corte de una semana como se ha visto otras veces”, sostiene Miguel Muñoz, director de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile (ONEMI) de la Región Metropolitana.

Guillermo Donoso, académico e investigador del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica, considera negativo el factor de organización. “La evidencia internacional muestra que ese sistema no es tan efectivo. Si yo sé que me van a cortar el agua, acumulo antes, por lo que la reducción efectiva no es tan alta”, señala. Donoso también critica que el plan diseñado por la ONEMI junto a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y a la empresa Aguas Andinas, por petición del gobernador metropolitano Claudio Orrego, no es equitativo: “Hay un hogar de cuatro personas que está consumiendo 300 litros versus otro unipersonal sin jardín, que consume 100 litros. ¿Por qué esta segunda tiene que asumir los costes de un corte para hacer frente a las personas que tienen alto consumo? Faltaría un instrumento que administre el agua”.

Otro de los aspectos que contempla en plan es el impacto que puede tener en el sector educativo, explica Muñoz, ya que cuando no hay agua en una comuna, los establecimientos escolares deben permanecer cerrados: “Hay colegios que ofrecen hasta tres comidas al día y son las únicas comidas de esos niños, así que hemos priorizado tener una estrategia de respuesta para ellos”.

Este protocolo está pensado para el próximo verano. Los meses más complejos son entre diciembre y enero, por lo que se está avisando con 10 meses de antelación. Llega más de una década después del punto de inflexión en la capital chilena. “El 2010 hay un cambio radical. Nunca más se lograron los 400 milímetros de agua caída, que dejaban la cordillera con nieve y recargadas las subterráneas”, apunta Rodríguez.

El presidente, Gabriel Boric, firmó el nuevo Código de Aguas, que llevaba 11 años de tramitación. La normativa prioriza el acceso al agua para el consumo humano y, por primera vez, establece que el cambio climático es una amenaza. Chile, que en 2021 vivió el cuarto año más seco de su historia, es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas, un factor extra de tensión en el complejo escenario. El Estado es el dueño del recurso, pero distribuye gratuitamente los derechos a privados que, a su vez, pueden venderlos.

Casi la mitad de los territorios están bajo un decreto de escasez hídrica que obliga a los agricultores a ponerse de acuerdo con los distribuidores de agua para uso humano. “Nos hemos puesto de acuerdo con ellos y en periodos de máxima demanda le estamos comprando agua [compensaciones por traspaso]”, sostiene Rodríguez, de Aguas Andinas. Uno de los temas que están discutiendo los responsables de escribir una nueva Constitución —que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre— es el marco legal para garantizar el acceso al agua, los derechos sobre ella y su distribución y uso.

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