Supermercados europeos piden a la Junta de Andalucía que no amplíe los regadíos en Doñana

La iniciativa de la derecha andaluza para aumentar la agricultura intensiva de regadío al borde de Doñana ha tocado este lunes la fibra más sensible a los votantes atraídos por sus políticas económicas. El sector de los frutos rojos, que facturó 1.181 millones en ventas al extranjero en 2021, se asomó al abismo con la exigencia de 23 cadenas de supermercados europeas y comercializadoras al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno ...

La iniciativa de la derecha andaluza para aumentar la agricultura intensiva de regadío al borde de Doñana ha tocado este lunes la fibra más sensible a los votantes atraídos por sus políticas económicas. El sector de los frutos rojos, que facturó 1.181 millones en ventas al extranjero en 2021, se asomó al abismo con la exigencia de 23 cadenas de supermercados europeas y comercializadoras al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), para que su grupo parlamentario retire la proposición de ley —presentada junto a Ciudadanos y Vox— que aumentaría en 1.900 hectáreas los invernaderos de frutos rojos en el entorno de la reserva natural.

Solo la suma de siete de las 23 multinacionales de la alimentación que exigen a Moreno que rectifique supone más de 40.000 puntos de venta en el mundo, y el 80% de la producción de bayas onubenses viaja al extranjero. Es decir, el impacto de la medida parlamentaria tendría un efecto directo y devastador en la economía de Huelva si se cierran las puertas de los supermercados del continente. Gigantes como los británicos Tesco y Sainsbury’s o los alemanes Lidl y Aldi, conscientes de que el acuífero se seca por los pozos ilegales que riegan los cultivos, exigen a Moreno que frene la proposición de ley presentada en enero en el Parlamento andaluz: “De no garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la gestión del suelo y del agua en Doñana, creemos que la reputación y el desarrollo a largo plazo de toda la región como zona de abastecimiento agrícola pueden quedar comprometidos (…) Confiamos en que desista de las modificaciones propuestas”, reza la misiva, dirigida también a los ministros de Transición Ecológica y Agricultura, Teresa Ribera y Luis Planas.

La carta es un aviso a los 1.300 productores de frutos rojos, muchos de los cuales veían con buenos ojos los planes de la derecha andaluza para aumentar el regadío, pero que pueden ser un tiro en el pie que afectará a sus negocios. Dos de las cadenas internacionales firmantes, Lidl y Aldi, están presentes en España —que consume el 20% de la producción de bayas—, y suman un millar de supermercados en territorio nacional. “Nos preocupa que los cambios propuestos [para aumentar el regadío] puedan socavar el objetivo de garantizar unos cultivos más sostenibles en el origen de la cadena de suministro y poner en peligro el Parque Nacional de Doñana”, refleja la carta.

Tras hacerse pública la iniciativa parlamentaria en enero, la Comisión Europea ha amenazado a España con una multa millonaria si la propuesta de ley prospera por desobedecer una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE al respecto; el Gobierno ha anunciado que llevará la medida al Tribunal Constitucional por invadir sus competencias; y la Unesco exigió a España el cierre de las fincas ilegales que han esquilmado durante décadas el acuífero de la Reserva de la Biosfera. Sin embargo, la iniciativa se tramita por vía de urgencia y podría estar aprobada antes de verano.

El Gobierno andaluz tildó la advertencia de las multinacionales europeas de “campaña de desinformación”, pero admitió que puede causar “un grave perjuicio a miles de familias de Huelva y Andalucía”. La Junta, en un comunicado, consideró que es un caso “evidente de desinformación”, ya que “es falso que se haya planteado una amnistía a los regadíos ilegales, que parece ser el punto de partida de la polémica”. La solución pasa, para el Ejecutivo de Moreno, por acometer las obras hidráulicas para trasvasar 20 hectómetros anuales de aguas superficiales que permitirían cerrar el millar de pozos ilegales de la zona. La consejera andaluza de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, acudirá a Bruselas esta semana para dar su versión de la polémica medida.

Los diputados del PP y Ciudadanos Manuel Andrés González y Julio Díaz rechazaron pronunciarse mientras que el de Vox, Rafael Segovia, opinó: “Es una presión de las multinacionales sobre los parlamentos elegidos por los ciudadanos. Nosotros nos hemos limitado a defender a los agricultores, y si ellos me dicen que está iniciativa les está perjudicando, yo la retiro”.

Mutismo de las españolas

Ante la sequía declarada por el Gobierno en el Guadalquivir y los previsibles recortes en los derechos de agua que otorga la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la iniciativa parlamentaria de la derecha andaluza —que contó con la abstención del PSOE andaluz y el voto en contra del resto de la oposición— rompió la histórica unidad de los agricultores onubenses.

“El aviso de las cadenas internacionales no hace más que confirmar nuestros temores de que iba a afectar a los mercados más pronto que tarde. Nos preguntamos con qué agua se riegan hoy esas hectáreas ilegales y quién las comercializa”, alertó Manuel Delgado, portavoz de la asociación de agricultores Puerta de Doñana, con 350 trabajadores de Almonte que poseen el 52% de los terrenos afectados por el Plan de ordenación de 2014 de la Junta y que la iniciativa parlamentaria pretende ahora modificar.

De momento, la distribución alimentaria española no ha mostrado la misma sensibilidad ambiental ante el problema que la europea. Este lunes, tanto Asedas [asociación que aglutina el 75% de la distribución nacional, incluida Lidl] como la minoritaria Aces [que agrupa Alcampo, Carrefour, Eroski y Supercor] han rechazado pronunciarse sobre la iniciativa.

Desde Lidl, con 630 tiendas en España y 11.500 en total, explicaron ayer por qué se sumaron a la medida de presión: “El acuífero de Doñana es uno de los principales ecosistemas de Europa y esta iniciativa consolida nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental”, indicó un portavoz del gigante germano. Alemania es el principal consumidor de fresas, arándanos y moras seguido de Reino Unido, Francia y Países Bajos. Aldi, la otra multinacional alemana con 5.000 supermercados repartidos por nueve países europeos, incluidos 350 establecimientos en España, explicó en un comunicado: “Deben tomarse las medidas adecuadas para garantizar la sostenibilidad de la gestión del agua y el suelo en Doñana a largo plazo y esta es una causa que Aldi siempre apoyará (…) La región de Huelva y Doñana es una importante zona de suministro para nuestro negocio y la agricultura es crucial para la economía de la región de Doñana y para que esta prospere, tanto desde el punto de vista social como medioambiental”.

Las 23 multinacionales y comercializadoras firmantes del texto vehicularon su carta al presidente andaluz a través de la organización ecologista WWF, con la que muchas de ellas verifican sobre el terreno la procedencia legal del agua para regar las fresas. El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha resumido el objetivo de la acción coordinada: “Los supermercados europeos son muy claros y exigen garantías de que las fresas que comercializan se han producido de forma legal y sin dañar Doñana y respetando la redacción original del Plan de la Fresa aprobado en 2014″. Dada la suma de efectos contrarios generados a nivel institucional y ahora económico, está por ver si la iniciativa parlamentaria se aprueba antes de verano o se deja morir por inacción parlamentaria antes de la convocatoria de elecciones autonómicas, previstas para el próximo otoño. Este martes es el día mundial del agua y la ONU lo ha dedicado a las subterráneas.

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