Balsas mineras de Riotinto: una amenaza con 30 veces más lodos tóxicos que el vertido de Aznalcóllar

Los científicos alertan de que verter agua en las balsas de residuos mineros aumenta su riesgo de rotura, un método empleado en las mayores presas del país, situadas en la mina de cobre de Riotinto (Huelva), que tiene 182 millones de metros cúbicos de restos (estériles) en tres colosales balsas. Los expertos geoquímicos advierten de que para evitar desastres medioambientales por roturas de balsas como el sucedido en Aznalcóllar (Sevilla) en 1998, la clave es espesar los lodos y reducir el agua al máximo. El constante incremento de agua multiplica el riesgo de licuación, el paso de sólido a líquido del material almacenado, que dispara su presión hacia los muros, lo que podría reventar las estructuras de las balsas, según alertan los científicos.

Desde que el yacimiento de Riotinto reanudó las extracciones en 2015, el vertido constante tiene un 65% de líquido y un 35% de sólido, según admite la propia empresa. Las mayores balsas del país, con hasta 100 metros de profundidad y una enorme superficie de 595 hectáreas, incorporan cada año 10 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos mediante el transporte y vertido por tuberías que a vista de pájaro generan llamativos lagos naranjas y playas grisáceas.

“Las acciones del Gobierno y la industria deben enfocarse en reducir la entrada de agua en las balsas. El factor clave es que el balance de agua debe ser siempre negativo y un doble sistema de drenaje facilitaría la expulsión del agua, así como una adecuada instrumentación. El riesgo de rotura de la balsa se reduce drásticamente por debajo del 80% del grado de saturación [contenido del agua en los poros del suelo]”, concluye la reciente investigación liderada por Roberto Rodríguez-Pacheco, del área de geoquímica y sostenibilidad minera del Instituto Geológico y Minero (perteneciente al CSIC). Tras analizar las tripas de 67 presas (estructura interna y externa), la investigación Cómo prevenir fallos en balsas mineras, publicada el pasado febrero por Rodríguez-Pacheco y ocho expertos de tres universidades españolas en la revista Mine Water and the Environment, alerta de cómo la rotura de 17 balsas en España desde 1960 ha estado ligada a grandes lluvias, un inadecuado sistema de instrumentación y un sistema de drenaje defectuoso.

Si se produjera una rotura de las balsas de Riotinto, conllevaría un río de lodos tóxicos con un caudal máximo de 34.716 metros cúbicos por segundo, según un estudio de la compañía Ayesa que en 2014 evaluó los riesgos de reabrir la mina. Los residuos recorrerían 111 kilómetros hasta llegar al mar y en su camino afectarían a tres municipios de la cuenca del río Odiel —Gibraleón, Palos de la Frontera y Punta Umbría— además de dos barrios de la ciudad de Huelva (143.000 habitantes). Si la catástrofe de Aznalcóllar supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos con un alto coste medioambiental y cuya limpieza costó a las arcas públicas 143 millones pendientes de cobro (una cantidad que, sumada a las labores de descontaminación y restauración, alcanza los 240 millones), Riotinto vertería 10 veces más, 63 millones de metros cúbicos, según dicho estudio. Ayesa estimó que solo el 35% de residuos almacenados irían río abajo y que el 65% permanecería en las balsas en caso de rotura.

Hace dos años, el investigador Steven Emerman, de la Universidad de Utah, realizó un sombrío vaticinio sobre Riotinto: las balsas se romperían de manera “casi inevitable” en los próximos 20 años con un 95% de probabilidades y el porcentaje de riesgo de falla será del 28% este verano de 2021. Emerman situó el nivel freático [por debajo del cual los poros del suelo están rellenos de agua] a solo 2,9 metros bajo la superficie de la presa, lo que denota cómo el agua está extendida por todo el interior de la presa. Además, el experto detectó filtraciones incontroladas, “lo que indica que tanto la presa como los residuos están casi completamente saturados de agua”, subrayó en su informe para las ONG London Mining Network y Ecologistas en Acción.

La multinacional minera Atalaya Mining que explota Riotinto niega que exista ningún riesgo de rotura: “Puedo asegurar al 100% que esto no tiene ninguna posibilidad de romperse, es imposible, hay más posibilidades de que caiga un meteorito. Es un almacenamiento de arena sobre la que se puede andar, donde el agua se recircula al 100% y construimos con roca, al igual que una presa de agua, pero sin tenerla”, afirma su consejero delegado, Alberto Lavandeira. Sobre el peligro de almacenar agua en las balsas durante los próximos 20 años de vida útil proyectada de la mina, el directivo lo desdeña: “Es irrelevante verter al 35% o al 5% de sólidos, la arena pesa más que el agua ¿dónde está esa agua? Después de seis años habría un lago y no lo hay”.

Riotinto vierte agua a sus presas porque necesita mucha para depurar el cobre que está presente solo en un 0,4% en la roca que extrae gracias a voladuras diarias. Los romanos y hace un siglo los ingleses extrajeron las vetas con mayor concentración de mineral, que hoy es residual pero aun así lucrativo. Mediante el uso del agua y procesos químicos, la minera logra depurar la roca hasta extraer un polvo con el 23% de cobre que luego envía a las fundiciones, sobre todo de China y Japón. La demanda mundial de cobre está al alza porque tras fundirse se emplea en la construcción, las plantas solares y baterías o motores de los coches eléctricos.

El Consejo de Colegios de Ingenieros de Minas, al igual que el Instituto Geológico y Minero, también discrepa del análisis de Lavandeira: “Interesa reducir el contenido en agua que acompaña a los residuos sólidos en forma de finas partículas para obtener productos más manejables. Es decir, poder verter pastas en lugar de lodos. Las empresas mineras más tecnificadas del mundo ya no vierten lodos con un porcentaje elevado de líquidos en las presas de residuos, sino que vierten pastas consolidadas, con cierto parecido a las pastas dentríficas”, comenta Carlos López, vocal del consejo e ingeniero de minas especializado en explotación minera. “Con respecto al agua, es de todos sabido que tiene un gran efecto desestabilizador (...) no se debe elegir la tecnología más barata, porque puede resultar más arriesgado y al final lo barato sale caro”, añade.

En paralelo, la Comisión Europea incluye el espesado de lodos en su informe sobre las mejores prácticas disponibles para la gestión de residuos mineros. Entre el 30% y el 40% de las aguas vertidas en las balsas mineras se retiene como agua que rellena los poros y agua capilar entre los deshechos, alertan los expertos. En todo el mundo hay más de 3.500 balsas de residuos mineros, según cifró la Comisión Internacional de Grandes Presas, y desde 2001 el ritmo de accidentes es de una rotura cada ocho meses. “El secreto de los accidentes era inaudito, pero las últimas cuatro grandes fallas en Canadá (2014), Australia (2019) y Brasil (2015 y 2019) provocaron que los informes técnicos que detallaban las causas de los accidentes se hicieran públicos debido a la presión social”, comentan fuentes del sector que piden anonimato.

En Riotinto, al margen de la balsa de Gossam —hoy sin uso—, tanto la de Cobre como la de Aguzadera, inauguradas en 1970 y 1985, han sido recrecidas tras colmatarse con el método de construcción denominado aguas arriba. Brasil, Chile, Perú y Ecuador han prohibido este sistema de crecimiento del dique de la presa por su peligrosidad. Desde su reapertura en 2015, Atalaya no utiliza este método en todo el refuerzo de diques que lleva a cabo para minimizar riesgos, que cifra en 10 millones anuales, pero sí fue empleado en los recrecimientos de la inmensa estructura de Riotinto a lo largo de tres décadas, entre 1970 y 2001.

La posición de Atalaya Mining, multinacional con capital español, chino, estadounidense y suizo que factura 250 millones al año y emplea a 460 trabajadores, ha virado con los años respecto al espesado de lodos. En 2011 resaltaba que en la “única técnica viable” para verter en sus balsas, “los estériles de planta se espesarán al 50% de sólidos antes de su deposición”, según alegó la firma ante la Junta andaluza. En 2014 la compañía aceptaba en un documento interno que con el vertido de lodos sin espesar, “al tener un mayor volumen de agua en circulación en el sistema, se reduce la seguridad en cuanto a prevención de accidentes catastróficos y sus posibles consecuencias”.

Paralización de la mina

En marzo de 2016 Atalaya Mining pidió a la Junta eximirle de esta obligación para espesar los lodos, al esgrimir un informe de la multinacional Golder realizado por sus expertos mineros en Chile. Sin embargo, transcurrido un mes el delegado en Huelva de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo andaluza paralizó la mina por el riesgo latente de verter con más líquidos que sólidos: “El peligro de roturas y filtraciones en la presa aumenta al depositar residuos con mayores volúmenes de agua (…) La forma de operar el depósito será con la sistemática de lodos espesados al 50% en peso, en una primera fase y mediante lodos espesados al 65% en peso en una segunda fase, como método más ventajoso para reducir/ evitar el drenaje ácido de mina”.

El parón duró apenas 15 días, dado que la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio —procesada por prevaricación en el caso Aznalcóllar― rectificó a su delegado en Huelva y levantó la suspensión basándose en un informe de los catedráticos Ricardo Laín y Pedro Ramírez de la Universidad Politécnica de Madrid: “Usar lodos espesados al 50% no asegura que haya menos agua en las presas, ya que el agua se recircula al 100%”, concluían. La hija del primer catedrático, Eva María Laín, utilizaba entonces los laboratorios de Atalaya Mining como investigadora, pero esto no hizo que su padre se inhibiera por conflicto de interés, y este dictaminó a favor de que la compañía reanudara su actividad. El catedrático rechaza que existiera incompatibilidad. Su hija trabaja hoy para la compañía. En 2017 Laín emitió un informe para certificar la estabilidad de taludes de las instalaciones de estériles de Mina Cobre Las Cruces (Sevilla), y menos de un año y medio después el yacimiento sufrió un derrumbe de 14 millones de metros cúbicos de tierras y minerales sin víctimas.

Desde que Atalaya retomó su actividad en 2015 en Riotinto, Ecologistas en Acción ha puesto en duda la seguridad de las balsas: “El informe de Emerman nos dijo en 2019 que el riesgo de rotura es extremo conforme pasen los años, así que se lo mandamos a las autoridades mineras, medioambientales y judiciales. La rotura de estas balsas arrasaría toda la cuenca del Odiel y la evaluación de riesgos de las obras realizadas desde hace dos años no se ha hecho. No queremos tener razón y llegar a leer el titular de Los ecologistas ya alertaron del riesgo de rotura si las balsas se rompen dentro de unos años”, critica Isidoro Albarreal, del área de minería de la asociación conservacionista.

Atalaya Mining prevé poner en marcha antes de final de año su planta de espesados después de siete años, pero solo para aumentar el porcentaje de sólidos del 35% al 50%. “No lo hacemos por seguridad, sino para ahorrar energía y cal”, matiza Lavandeira. Los costes del espesado de lodos oscilan entre el 10% y el 30% del mantenimiento de una explotación, según fuentes del sector. En paralelo a la luz verde de la Junta andaluza, Atalaya se topó con la negativa definitiva de la Xunta gallega el pasado marzo para reabrir la mina de cobre de Touro (A Coruña) por una declaración ambiental desfavorable.

La Junta andaluza asegura que el riesgo de falla de las balsas de Riotinto es nulo y el pasado enero aprobó la recrecida en seis metros de la balsa principal con un refuerzo de la seguridad estructural de la presa: nuevos piezómetros, inclinómetros, batimetrías y controles mensuales de su estabilidad. Cristóbal Sánchez, secretario general de Industria y Minas de la Junta andaluza, subraya la confianza en los informes técnicos recabados: “Es impensable el riesgo de rotura porque la normativa establece controles que fortalecen la seguridad en las instalaciones de residuos. Los proyectos se revisan con un grado tremendamente exhaustivo y minucioso”.

El próximo octubre las balsas mineras más peligrosas deberán aportar una garantía financiera para afrontar un posible vertido medioambiental, confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Tras la inacción de los sucesivos Gobiernos, la caución para las mineras llega con un retraso de 17 años después de la directiva europea que ya en 2004 fijó el principio de quien contamina paga.

El siniestro precedente de Aznalcóllar

En 1995, dos años y medio antes de la rotura de la balsa de Aznalcóllar (Sevilla) que vertió seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al entorno de Doñana, el ingeniero de minas de la minera explotadora Boliden, Manuel Aguilar, vio venir el desastre y denunció las filtraciones de la balsa ante la Junta andaluza: “Si no se clausuran las citadas presas, corren el gran riesgo de provocar un desastre natural de incalculables consecuencias (…) Como consecuencia de la mala ejecución, de la carencia absoluta de dirección técnica y de la nula compactación, las filtraciones al río Agrio son constantes”, rezaba su informe de 11 páginas.

La denuncia de Aguilar cayó en saco roto y la Agencia de Medio Ambiente de la Junta andaluza evitó exigir a Boliden que reforzara su balsa de residuos y hoy, 23 años después de la rotura de la presa, aún negocia con la multinacional sueca para lograr que abone parte de los 143 millones que costó la limpieza del vertido contaminante. El Patronato Nacional de Doñana también recibió el informe de Aguilar y tampoco movió ficha.

Tras el desastre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Sanlúcar La Mayor (Sevilla) imputó a 21 técnicos de la empresa, funcionarios de la Junta y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Pero el 29 de diciembre de 2000 el juez archivó la vía penal y exculpó a todos los imputados. Ese día Aguilar escuchó por televisión cómo la justicia dictaba que no había responsables penales pese a sus denuncias previas y la inacción de la Junta, y falleció de un infarto en León tras comprobar la impunidad ante la catástrofe medioambiental anunciada.

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