La Junta de Andalucía negocia en secreto desde 2016 con la minera del desastre de Aznalcóllar para que pague

La Junta de Andalucía negocia en secreto desde hace casi cinco años con la multinacional minera Boliden, responsable del desastre medioambiental de Aznalcóllar (Sevilla) —que en 1998 supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al entorno de Doñana tras la rotura de una balsa—, para que la empresa afronte el pago de ...

La Junta de Andalucía negocia en secreto desde hace casi cinco años con la multinacional minera Boliden, responsable del desastre medioambiental de Aznalcóllar (Sevilla) —que en 1998 supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al entorno de Doñana tras la rotura de una balsa—, para que la empresa afronte el pago de la limpieza de la zona afectada. Las negociaciones se iniciaron el 21 de julio de 2016 entre el Gobierno andaluz y el gigante minero sueco para que este devolviera al Ejecutivo autonómico los 89 millones que le costó la limpieza del vertido. Y no han dado fruto alguno hasta ahora. A pesar de que fuentes del caso apuntan a que el diálogo está en punto muerto desde hace un año, la Junta (PP y Ciudadanos) ha evitado en seis ocasiones concluir la negociación para que la jueza pueda abrir el juicio que debe zanjar de una vez la responsabilidad de este desastre ecológico, uno de los mayores que se han producido en España en las últimas décadas.

Debido a la suspensión del proceso para lograr que Boliden indemnice a las arcas andaluzas por los trabajos de restauración, 23 años después del desastre ecológico, la multinacional sigue lejos de afrontar el pago de esos 89 millones a la Junta. La empresa sueca, gracias a sus maniobras, tampoco ha pagado la sanción de 43,7 millones de euros que le impuso el Gobierno central. Y mientras, cada dos meses —plazo legal estipulado—, el viceconsejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ordena a sus servicios jurídicos que comuniquen al juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla que ambas partes persiguen una solución extrajudicial de la controversia. Es decir, la Junta ha presentado 29 escritos suspensivos en el último lustro a pesar de que hoy reina el silencio entre ambas partes. El bloqueo se prolongará sine die mientras que la Junta no rompa las negociaciones para que haya juicio y resolver el litigio en suspenso.

“La empresa pide una solución global en la que estén tanto la Junta como el Estado. Desde la llegada del PP y Ciudadanos, el Gobierno andaluz ha intentado que el Estado se siente pero no ha accedido. El Gobierno andaluz siempre ha mostrado una disposición favorable a sentarse a la mesa y tratar de avanzar”, alegan fuentes de la Junta. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se niega a negociar porque ya impuso una multa de 43 millones a Boliden y el Tribunal Supremo confirmó su legalidad en 2005, aunque la multinacional esquivó el pago al declarar en quiebra a su filial española y marcharse del país.

La firma reclama hoy negociar a la vez con la Junta y el Gobierno una cifra total. Una portavoz del ministerio sostiene que “no interferirá en ningún caso en la negociación que la Junta y Boliden quieran entablar”. Pero aclara que la sentencia del Supremo del 2005 “dejó sentado el mecanismo de responsabilidad de la empresa frente al Estado”, en referencia al caso abierto en otro juzgado de lo Mercantil en el que están personados todos los acreedores.

En 2018 hubo varias reuniones a tres bandas. Frente a los 132 millones que reclamaban las dos Administraciones en concepto de la limpieza de la zona, Boliden (que el año pasado tuvo unos ingresos de 5.539 millones de euros) puso sobre la mesa de negociación algo más de un millón de euros, según recuerda un ex alto cargo socialista de la Junta que prefiere no ser identificado. “Estábamos predispuestos a un acuerdo que satisficiera mínimamente el daño ecológico, pero la cifra que ofreció Boliden era ridícula”, relata este ex alto cargo.

Atasco en dos juzgados

El proceso para recuperar el dinero de la restauración de las 4.634 hectáreas contaminadas de lodos tóxicos y aguas ácidas avanza hoy a paso muy lento y en dos juzgados diferentes de la capital andaluza: el de primera instancia que dilucida el pleito civil con la Junta y Boliden por los 89 millones, y el Mercantil 1 que se encarga del concurso de acreedores de la filial española Boliden Apirsa desde que hace 16 años se declaró insolvente. El primer pleito lleva suspendido un lustro por la supuesta negociación de las dos partes, y el segundo por el concurso de acreedores arrastra el mismo parón. La liquidación de la empresa (último paso de un concurso para repartir los bienes entre los acreedores) también está en el aire en el juzgado Mercantil desde 2016, pendiente de la resolución del primer pleito, según fuentes jurídicas.

En el concurso de acreedores tiene sus esperanzas puestas el ministerio, que figura como acreedor al igual que la Junta. Y para que finalmente ambas Administraciones cobren los 132 millones de la limpieza y la justicia española pida cuentas al gigante sueco, el juez debería declarar el concurso culpable —cuando los dueños provocan o agravan la insolvencia— y no fortuito ―sin consecuencias para los gestores—. Eso sí, hay un precedente negativo para la multinacional, ya que los primeros administradores concursales instaron el concurso como “culpable” por suministrar Boliden información inexacta al juzgado, y esto podría inducir al juez Eduardo Gómez a decidir que la multinacional sueca deba pagar la multa de su filial en España.

Antes del magistrado, el administrador concursal deberá emitir su informe de calificación y luego el fiscal hará un dictamen. Si uno de los dos califica el concurso como culpable, el juez estudiará el caso y si también lo estima culpable se irá a juicio con posterior sentencia, que previsiblemente será recurrida ante la Audiencia de Sevilla y por último ante el Supremo. La liquidación de Boliden, que no dejó bienes a repartir cuando se declaró en quiebra, arrastra nada menos que 16 años, pero los plazos procesales están lejos de acabarse.

Tanto el jefe de los servicios jurídicos de la Junta hasta hace dos meses, Jesús Jiménez —hoy director del Consejo de Transparencia andaluz—, como el bufete Uría y Menéndez, que representa a Boliden en las negociaciones, han rechazado explicar el actual fracaso de su negociación. La multinacional sueca, cotizada en Bolsa y con una plantilla de 6.000 trabajadores, según su memoria anual, no contempla de momento provisiones para hacer frente a futuros pagos y “no sufrirá pérdidas financieras considerables ocasionadas por los litigios judiciales en España”, vaticina dicha memoria.

Un caso alambicado con 23 años de recorrido

¿Por qué sigue vivo el proceso tras 23 años de la rotura de la balsa de Aznalcóllar? La justicia exculpó a los 21 técnicos imputados tras cuatro años de investigación penal, y en 2002 se abrió la vía civil en el juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla, que se inhibió tras declararse incompetente. Entonces la Junta abrió expediente administrativo para multar a Boliden, al igual que el ministerio, pero la empresa recurrió el expediente en la jurisdicción contencioso-administrativa.

En dicha senda judicial el recurso interpuesto en Sevilla llegó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que falló a favor de la empresa, y la Junta recurrió al Supremo, cuya Sala Especial de Conflictos de Competencias puso fin al laberinto judicial en 2012 y consideró que la causa debía volver a la casilla de salida, al juzgado de Primera Instancia 11 sevillano, porque la jurisdicción apropiada al caso era la civil. El Supremo definió hace casi una década como “el indeseable peregrinaje sufrido” a la travesía judicial de una causa que hoy se aproxima al cuarto de siglo sin visos de solución.

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