Moncloa tendrá una oficina para que los ministerios cuenten con la opinión de los científicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la creación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico que dependerá de Presidencia del Gobierno. En un acto celebrado en A Coruña para despertar el interés de las niñas por las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, Sánchez ha hablado de que, ante retos como el cambio climático o la pandemia del coronavirus, el Gobierno necesita la ayuda de la ciencia. El líder socialista ha asegurado que esta nueva o...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la creación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico que dependerá de Presidencia del Gobierno. En un acto celebrado en A Coruña para despertar el interés de las niñas por las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, Sánchez ha hablado de que, ante retos como el cambio climático o la pandemia del coronavirus, el Gobierno necesita la ayuda de la ciencia. El líder socialista ha asegurado que esta nueva oficina “ayudará a crear puentes entre el Gobierno y los gobiernos autonómicos o locales, y el talento que existe en las universidades para mejorar la evaluación de esas políticas públicas”. En el mismo Real Decreto en el que se ha anunciado la oficina de asesoría científica, se ha publicado la creación de un Departamento de Asuntos Culturales, que liderará un director general y también dependerá de Moncloa.

El propósito de esta oficina es aplicar la ciencia a la elaboración de mejores políticas públicas y serviría como apoyo para las administraciones que quisiesen utilizar el conocimiento para optimizar su labor. Funcionaría en varios niveles. Uno consistiría en utilizar el saber que ya existe, como se hizo durante la pandemia, con los científicos que informaban a los políticos sobre el modo en que se contagiaba el coronavirus y las mejores maneras de evitar su propagación. Un segundo peldaño tendría que ver con el uso de la ciencia de la economía conductual, que plantea situaciones que se pueden dar en la realidad, pero dentro de un entorno controlado en el que no hay riesgos si algo sale mal.

Así, se podría probar, por ejemplo, el efecto de una renta básica universal sobre los trabajadores o si su existencia reduciría escrúpulos empresariales para sustituir a humanos por máquinas. Un tercer nivel consistiría en hacer una especie de ensayo clínico, como los que sirven para probar los fármacos, dentro del mundo real, con un potencial de beneficio mayor, pero también algunos riesgos. De esta forma, se podría comparar una nueva estrategia educativa comparándola con la que mejor funciona de entre las que ya están implantadas.

La idea de que el Gobierno acuda a científicos para orientar sus decisiones políticas no es nueva. Es una de las funciones fundamentales, por ejemplo, del Instituto Español de Oceanografía, que ayuda a tomar decisiones sobre la pesca. En otros países también hay ejemplos de este tipo de oficinas. En Reino Unido, la Government Office for Science realiza esta tarea, y países como Estonia han utilizado los fondos europeos de cohesión para incorporar asesores científicos a los ministerios para aplicar su conocimiento a la mejora de las políticas públicas. “No hay nada nuevo, pero sí la idea de poder generalizar este planteamiento, y sembrar una semilla en Moncloa para que cada ministerio cultive la idea de science for policy (ciencia para la política)”, apunta Jorge Barrero, director de la Fundación Cotec para la innovación, una organización que ya en 2021 abogó por una oficina similar a la que se ha anunciado hoy.

Ante la posibilidad de que esta oficina se vea como un paso hacia la tecnocracia, Barrero afirma que “ninguna actividad humana se puede reducir a la evidencia científica” y que “no se trata de sustituir la política por la ciencia”, sino de añadir elementos a la política que la puedan mejorar. El mayor conocimiento sobre cómo desarrollar las políticas públicas se encuentra en los ministerios, pero, como sucede en las grandes empresas que cuentan con departamentos de I+D, hay un ingrediente de innovación abierta y de ser permeables a aportaciones externas que aportan valor.

La nueva oficina va en la misma línea de acercamiento entre la ciencia y la política que se inició en 2021, cuando el Congreso de los Diputados y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) llegaron a un acuerdo para establecer la Oficina de Ciencia y Tecnología —conocida como Oficina C— para ofrecer asesoramiento científico y tecnológico y desarrollar actividades de conexión entre profesionales de la ciencia y los diputados.

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