Pablo Quílez llegó a San Diego hace mes y medio. Este físico zaragozano de 31 años, con experiencia en universidades de Madrid y Hamburgo, comenzó una estancia posdoctoral de tres años en la prestigiosa Universidad de California, una de las instituciones públicas más importantes de Estados Unidos. Quílez aterrizó casi directamente en una de las huelgas académicas más grandes vistas por el país. Unos 48.000 trabajadores académicos, casi el 18% de la facultad, se han sumado a la protesta que exige mejores sueldos y condiciones parar vivir. “Me sorprende que hay estudiantes de doctorado que viven...

Pablo Quílez llegó a San Diego hace mes y medio. Este físico zaragozano de 31 años, con experiencia en universidades de Madrid y Hamburgo, comenzó una estancia posdoctoral de tres años en la prestigiosa Universidad de California, una de las instituciones públicas más importantes de Estados Unidos. Quílez aterrizó casi directamente en una de las huelgas académicas más grandes vistas por el país. Unos 48.000 trabajadores académicos, casi el 18% de la facultad, se han sumado a la protesta que exige mejores sueldos y condiciones parar vivir. “Me sorprende que hay estudiantes de doctorado que viven en sus coches o que pagan el 85% de sus salarios en renta. Los alquileres están por las nubes y los salarios son de miseria”, cuenta por teléfono Quílez, quien forma parte de la huelga.

La huelga afecta desde el 14 de noviembre los diez campus universitarios a lo largo de todo California. Está compuesta por los investigadores que están estudiando el doctorado, los que ya lo han conseguido y los investigadores en general, quienes trabajan en alguno de los 800 centros de investigación. Excluye a los profesores titulares y a quienes desarrollan las clases magistrales en las instituciones de: Berkley, Davis, Irvine, Los Ángeles, Merced, Riverside, San Diego, San Francisco, Santa Barbara y Santa Cruz. Algunas de estas sedes se encuentran dentro de las 20 mejores del país.

Los profesores titulares han mostrado solidaridad con quienes se han ido a huelga. Son estos quienes sostienen el grueso del peso académico en el día a día de una institución con 280.000 estudiantes. Los investigadores muchas veces sirven como profesores asociados, quienes se encargan con la interacción con los alumnos fuera del salón de clases. Si algún estudiante tiene dudas sobre lo que imparte el titular de una materia, es altamente probable que estas dudas sean despejadas por los asistentes en persona o a través de un correo electrónico.

El problema es que este cuerpo docente apenas puede vivir con lo que gana. La situación es grave desde hace años, pero en 2022 todo se hizo insostenible. “La gran subida de la inflación fue la gota que colmó el vaso y fue el hecho que hizo que los trabajadores se hayan organizado”, señala por teléfono Quílez, quien se dice sorprendido por las largas filas que hay en el banco de alimentos del campus de San Diego, concurrida por académicos y estudiantes. “Se ve con normalidad que estos recojan alimentos en una de las universidades más prestigiosas del mundo”, señala.

Este verano, el campus de San Diego hizo público un hito. Se convirtió en el centro educativo más joven del país que alcanzó una recaudación de donativos que superó los mil millones de dólares. En más de una década, sumó 3.050 millones otorgados por más de 163.000 patronos.

La cifra ha resurgido en las últimas semanas al calor de las manifestaciones, que piden un incremento en los salarios y soluciones a la crisis de vivienda para los miembros de la red universitaria. La paga mínima de los profesores asociados y de los investigadores sin doctorado es de 24.000 dólares al año. Para uno con doctorado es de 55.000, que se quedan en unos 3.700 dólares netos al mes. La cifra puede variar de acuerdo a la experiencia, las horas trabajadas y la facultad a la que pertenecen los docentes.

Todos parecen estar de acuerdo en que los sueldos son insuficientes para pagar un techo en la muy cara California. En Santa Cruz, una ciudad a 115 kilómetros al sur de San Francisco, los ingresos se quedan 15.000 dólares cortos para cubrir un apartamento promedio. El problema se hace más agudo en ciudades como Los Ángeles, San Diego o Berkeley, donde el precio por un piso de una habitación (y cerca de los campus) puede alcanzar fácilmente los 2.600 dólares mensuales. Quílez subraya la perversidad de este esquema, pues mucha de la vivienda que es ocupada por los trabajadores académicos es propiedad del centro educativo. “La universidad decide el salario, de pobreza, pero también los alquileres astronómicos. Es una locura”, asegura por teléfono.

Las rentas pueden comerse el 50% o más del ingreso de un profesor asociado. Izzy Muise, una académica de la UC Davis, afirma que el 75% de su sueldo se va en la renta. Para llegar a fin de mes y poder cubrir recibos de servicios o comprar comida necesita el apoyo de sus padres. “Esto es un lujo que la gran mayoría de los empleados no tiene”, indica Muise, de la facultad de Química. En casi todos los casos, se rebasa con holgura el techo de 30% que el Gobierno federal recomienda destinar a la renta.

Pradeep Khosla, el rector de la UCSD, ha atribuido la apremiante situación a los estragos ocasionados por la pandemia y la fuerzas del mercado. El contrato colectivo se negocia cada lustro. Y esta es la primera discusión tras la pandemia. La oferta que hace la institución a los trabajadores es de un incremento de 7% para quienes están en su primer año y un 3% de subida en los siguientes. Este ha sido rechazado. En cambio, se ha puesto sobre la mesa de negociación un salario base de 54.000 para los profesores asociados e investigadores predoctorado y de 70.000 dólares anuales para los de posdoctorado. Los investigadores exigen un incremento de 14% y que las subidas subsecuentes vayan a la par de los costes de vivienda.

“Costos abrumadores”

Michael Brown, el vicepresidente ejecutivo a cargo de asuntos académicos de la UC, dejó claro en una carta que sería difícil ceder ante las exigencias de los trabajadores, quienes se encuentran sindicalizados dentro de dos secciones de la poderosa organización que representa a los trabajadores de los sectores del automóvil, aeroespacial y de maquinaria agrícola. “Atar la compensación directamente a los costos de la vivienda podría generar un costo abrumador para la universidad”, indica el documento, fechado un día después de que estallara la huelga. Una revisión de las peticiones indicaba que el incremento solicitado inflaría las obligaciones de la institución en “varios millones de dólares”.

A excepción de los salarios y los costos de vivienda, la negociación entre las partes ha dejado acuerdos en otras peticiones que se han hecho. Entre estos apoyos monetarios y subsidios para el personal que son madres o padres, extender la baja por maternidad o paternidad y los planes de seguros de salud y apoyos para los aparcamientos en las instalaciones.

La huelga ha metido freno a la investigación que ha convertido a la UC en un referente mundial. Pero el impacto a más corto plazo llegará en los próximos días, cuando las decenas de miles de estudiantes de los diez campus comiencen con los exámenes finales. La corrección de estos, junto con la lectura de los ensayos de fin de semestre, son en buena medida responsabilidad de los 48.000 trabajadores académicos e investigadores que forman la protesta. El retraso de las notas podría generar un caos y descarrilar los ingresos de primavera. Es cuando se verá la fuerza de este movimiento del profesorado que podría parecer invisible.

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