La gestión de los residuos peligrosos pone en peligro a ciudadanos de 28 países

En el mundo globalizado, una pandemia puede provocar escasez de chips producidos en Taiwán en una fábrica de Valladolid, y una guerra en Ucrania, dejar sin aceite los anaqueles de un supermercado en Alicante. Aunque la mayor parte de los ciudadanos son conscientes de las interconexiones que ha generado el comercio internacional, hay un producto que quizá no se tenga tan presente en ese intercambio: la basura. Todos los años, se producen entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de basura en el mundo. De ellos, hasta 500 millones de toneladas son residuos peligrosos por su toxicidad, porque so...

En el mundo globalizado, una pandemia puede provocar escasez de chips producidos en Taiwán en una fábrica de Valladolid, y una guerra en Ucrania, dejar sin aceite los anaqueles de un supermercado en Alicante. Aunque la mayor parte de los ciudadanos son conscientes de las interconexiones que ha generado el comercio internacional, hay un producto que quizá no se tenga tan presente en ese intercambio: la basura. Todos los años, se producen entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de basura en el mundo. De ellos, hasta 500 millones de toneladas son residuos peligrosos por su toxicidad, porque son inflamables o suponen un riesgo biológico. Y con esos residuos también se comercia. En las tres últimas décadas, el comercio de basura peligrosa se ha incrementado en un 500%, y eso plantea oportunidades y riesgos.

Para entender lo que supone esta red internacional de intercambio de residuos peligrosos, un equipo internacional liderado por Ernesto Estrada, del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (CSIC-UIB) en Palma de Mallorca, ha desarrollado un modelo matemático que trata de facilitar la comprensión de esta trama. Entre otras cosas, los autores, que incluyeron datos del periodo 2001-2019, identificaron 28 países que se encuentran ante un riesgo elevado de congestión por residuos, algo que supone un peligro para la salud de los ciudadanos de esos países, entre los que se encuentran México, China, Mozambique o India, pero también para el bienestar medioambiental del resto del planeta.

El riesgo de cada país depende de la cantidad de residuos que recibe, pero también de su capacidad para procesarlos. “Un país se congestiona cuando alcanza su capacidad máxima para transformar, manipular y almacenar este tipo de basura, pero hay algunos que se congestionan más rápido que otros”, señala Estrada. El modelo sirve para identificar la zona de seguridad de cada país, teniendo en cuenta sus capacidades y su historial de protección medioambiental.

Aunque se pudiese pensar que los países más desarrollados utilizasen los menos desarrollados como vertederos, esto no sucede necesariamente así. Sin embargo, por su menor capacidad de procesamiento, son principalmente países africanos y del sur de Asia los más amenazados por el colapso de sus sistemas. España, por ejemplo, que no se encuentra en riesgo de congestión, se ha convertido según este análisis, que se publica hoy en la revista Nature Communications, en un importador neto de residuos, una categoría que comparte con países tan avanzados como Suecia o Corea del Sur. Por su parte, China, que ha tenido problemas medioambientales importantes por la gestión de basuras peligrosas, ha pasado a ser en los últimos años un exportador neto de estos productos.

Según explica Estrada, “el almacenamiento apropiado y riguroso de residuos es una oportunidad de crear riqueza y empleo para los países. De los residuos electrónicos, por ejemplo, se pueden extraer hasta 56 metales diferentes, prácticamente toda la tabla periódica de elementos”, añade. Esto explica que entre los tres tipos de residuos estudiados (médicos, metálicos y residuos del hogar), el balance coloque a los países desarrollados como importadores de residuos metálicos y exportadores de los otros dos.

Pese a suponer una oportunidad, en muchos países el procesado de residuos como los ordenadores desechados o las baterías gastadas se hace de manera informal, quemando el plástico para extraer la chatarra. “Estos gases son altamente tóxicos y sus efectos se ven en los trabajadores que hacen esas tareas y en las poblaciones de esos países”, señala Estrada. En el trabajo publicado hoy, se cita un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con personas llegadas a las islas Canarias desde varios países de África Subsahariana como Senegal, Nigeria o Sierra Leona. Al analizar su sangre, se encontraron altos niveles de bifenilos policlorados, un tipo de compuestos tóxicos generados durante el procesado de residuos electrónicos.

En Nigeria, cada año llegan 400.000 ordenadores de segunda mano o en partes para su procesado y varios informes han detectado elevados niveles de contaminación por metales pesados en los lugares donde se procesan de manera informal. En Senegal, un país que comparte con Nigeria un alto riesgo de congestión por residuos, se ha relacionado la muerte de 18 niños con los altos niveles de plomo en zonas empleadas para reciclar baterías.

El modelo matemático desarrollado por el equipo de Estrada puede ayudar, por un lado, a crear una red de alertas para los países en riesgo de colapso y para conocer dónde pueden ser necesarias inversiones para procesar los residuos peligrosos sin riesgo para la población, también como forma de responsabilizar a los países más avanzados cuando colocan sus basuras en países que no tienen capacidad para gestionarla de forma adecuada.

Por último, como el resto del sistema internacional de comercio, el de los residuos es dinámico. Desde 2017, China ha impuesto la prohibición de importar algunas basuras. La región de Giyu, en el sur del país, era hasta hace poco el mayor centro de desechos electrónicos del mundo y solo un 25% se procesaba de manera formal. Allí, también se ha detectado un exceso de daños en los recién nacidos asociados a la presencia de metales pesados en el ambiente. Con las nuevas leyes chinas, esos residuos acabarán en otra zona del planeta y el modelo puede ayudar a gestionar los desequilibrios que la redistribución genere en otros países de la red internacional.

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