La economía que devora el planeta

Durante décadas, el crecimiento de la economía mundial se ha producido a costa de una inmensa pérdida de biodiversidad, lo que ahora plantea un riesgo sistémico crítico y generalizado para la economía, la estabilidad financiera y el bienestar de los seres humanos. Esta es una de las elocuentes conclusiones del Informe sobre Empresas y Biodiversidad que ha publicado semanas atrás la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

Los datos son reveladores: en 2023, los flujos financieros públicos y privados globales con impactos negativos sobre la naturaleza se estimaron en 7,3 billones de dólares, de los cuales la financiación privada representó 4,9 billones de dólares, y el gasto público en subsidios ambientalmente perjudiciales fue de alrededor de 2,4 billones de dólares. En contraste, se destinaron 220.000 millones de dólares públicos y privados a actividades que contribuyen a conservación y restauración de biodiversidad, lo que representa apenas el 3% de los fondos e incentivos públicos asociados a prácticas perjudiciales.

La crisis de biodiversidad que atravesamos no puede explicarse únicamente por la falta de compromiso de gobiernos y sector privado, o por el desconocimiento científico; el reporte de IPBES -conocido como el IPCC de la biodiversidad- revela que son las reglas de juego del propio sistema económico mundial el que incentiva degradación ambiental, erosionando su propia base de riesgo ecológico.

Tenemos un problema: las empresas, desde la agricultura hasta los data centers, dependen directamente de la naturaleza, pero los sistemas actuales incentivan su destrucción profundizando riesgos sistémicos, con subsidios e incentivos perjudiciales, presiones de corto plazo por resultados financieros y vacíos regulatorios. Hoy es más rentable degradar ecosistemas que protegerlos, pero con políticas públicas transformadoras, cambios financieros y culturales, lo que es conveniente para la naturaleza debiera ser también lo mejor para la rentabilidad.

El informe de la plataforma intergubernamental propone métodos y más de 100 medidas específicas para cambiar el rumbo, categorizando las acciones necesarias en cuatro niveles de toma de decisiones: corporativo, de operaciones, de cadena de valor y de cartera.

El documento llama a los gobiernos a eliminar y redirigir los subsidios perjudiciales hacia incentivos que premien la conservación e insta a bancos centrales y reguladores a desarrollar marcos de evaluación de riesgos que obliguen a las instituciones a rendir cuentas sobre su dependencia de la naturaleza.

Para la banca privada y para los inversores, el mensaje es crear instrumentos innovadores (por ejemplo, bonos verdes de alta integridad o créditos de biodiversidad) además de exigir a sus clientes corporativos que adopten prácticas sostenibles.

En cuanto a las empresas, las medidas tienen foco en la transparencia y la operativa mediante trazabilidad total de sus cadenas de valor para identificar impactos ocultos. A nivel operativo, se releva la jerarquía de mitigación, es decir, primero evitar el daño, luego minimizarlo y solo como último recurso, restaurar o compensar para una pérdida neta cero de biodiversidad.

El informe global presentado por IPBES debería encender todas las alarmas económicas y políticas. Es apremiantemente necesario un cambio transformador que permita armonizar rentabilidad de las empresas con lo que es beneficioso para la biodiversidad y las personas.

No basta con promover estándares voluntarios de sostenibilidad o programas de responsabilidad social empresarial. Se requiere transformación de los marcos regulatorios, financieros y culturales que estructuran la toma de decisiones económicas. En otras palabras, la sostenibilidad dejó de ser un asunto reputacional para convertirse en un desafío de gobernanza económica global.

La economía no podrá seguir sosteniéndose mucho tiempo más bajo la ficción peligrosa de que el crecimiento económico puede avanzar de manera independiente del estado de la naturaleza. Más que un problema ambiental, la pérdida de capital natural se ha convertido en una amenaza estructural para el funcionamiento de los mercados y las cadenas de valor. Es por eso que las empresas y el sector privado pueden y deben convertirse en agentes positivos del cambio.

Está claro que la transición hacia economías positivas para la naturaleza no depende solo de regulaciones estatales ni exclusivamente de decisiones empresariales individuales, sino que de una articulación de actores públicos, privados y sociales que sea capaz de rediseñar las reglas del desarrollo.

Este es un debate urgente para América Latina, una región que atraviesa por un proceso de pérdida severa y destrucción de naturaleza, dibujado por economías fuertemente dependientes de los recursos naturales. Junto con conservar los ecosistemas que nos quedan, debemos redefinir modelos productivos, fortalecer la gobernanza territorial y construir marcos regulatorios que permitan capturar el valor económico de la naturaleza pero sin sacrificarla. Esto implica superar la histórica-dicotómica tensión entre desarrollo y conservación, reemplazándola por estrategias innovadoras que integren ambos objetivos.

La biodiversidad ya no puede ser tratada como una externalidad ambiental. Es infraestructura económica básica. Sin ella, no hay cadenas de suministro resilientes, seguridad alimentaria ni estabilidad financiera.

Necesitamos respuestas urgentes, con medidas individuales, colectivas y colaborativas. Una mejor gestión de la biodiversidad significa hoy en definitiva, gestionar uno de los principales riesgos de nuestra economía.

La evidencia científica de IPBES está en la mesa. Lo que falta ahora es voluntad política, innovación institucional y liderazgo empresarial para convertir esa evidencia en acción.