Educación en 2024: crisis y gestión insuficiente

Llegando al tercer aniversario del Gobierno de Gabriel Boric, corresponde hacer una evaluación a una cartera frecuentemente olvidada en el debate público, pero de vital importancia: la educación. El principal desafío que ha afrontado el Mineduc en los últimos años ha sido recuperar el terreno perdido en la pandemia, cuando las clases se suspendieron por 249 días entre 2020 y 2021. En 2024, a dos años del regreso a la presencialidad, aún se observan nítidamente las repercusiones de aquel impacto.

¿Cómo se manifiesta esta crisis hoy? Con las denuncias por convivencia escolar alcanzando su máximo histórico en 2024 (13.988 casos, un 11,4% más que en 2023), con 860.145 alumnos perdiendo más de un mes de clases a septiembre de 2024, junto con un estancamiento y declive en los aprendizajes, con la notable excepción de 4° básico en el SIMCE 2024. Por otro lado, los alumnos de 6° básico –quienes vivieron sus primeros años de educación básica en pandemia– sufrieron los mayores deterioros en sus aprendizajes.

¿Cómo responde el Gobierno? Con una batería de programas –algunos nuevos, algunos viejos– para atacar cada uno de los frentes mencionados. Lamentablemente, el presupuesto de estas iniciativas es bastante acotado si se compara con las inversiones realizadas, por ejemplo, en la educación superior. Mientras el presupuesto en este nivel crece en 526.364 millones de pesos chilenos -unos 567.000 dólares- para 2025 (15,7% más que en 2024), los recursos destinados a la reactivación educativa ven cambios nulos, o incluso en algunos casos, a la baja. ¿Y cuánto se está invirtiendo exclusivamente en reactivación? En 2024 se asignaron 55.845 millones de pesos -unos 59.000 dólares- a esta causa, un 2,7% de lo que se destinó a la gratuidad en educación superior el mismo año.

De acuerdo, la reactivación contaba con pocos recursos, pero ¿cómo se administraron? en pocas palabras: deficientemente. A noviembre de 2024, ninguno de estos programas utilizó cabalmente sus recursos. Programas como el Plan Nacional de Tutorías, Aprendizajes Fundamentales y Convivencia Escolar ejecutaron apenas el 21,4% de sus fondos, mientras que en Bienestar Docente se gastó solo el 16,4% de los recursos. La baja cantidad de recursos sufre una baja ejecución.

A estos problemas se suman errores en la gestión de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) que provocaron meses de retraso en la entrega de útiles escolares, al punto de que en octubre aún faltaban 43.000 sets por distribuir. Asimismo, la Contraloría detectó severas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, tales como pagos por cientos de millones de pesos sin validación y un pago irregular por más de 790.000 raciones de comida, de las cuales solo se entregaron 284.

En materia de educación, el balance del año 2024 es desfavorable, con un Gobierno que sigue la inercia de años anteriores ante un fuerte cambio estructural, favoreciendo al nivel superior por sobre la educación parvularia y escolar, aun cuando estos ofrecen un mayor retorno social y atraviesan una situación crítica. Las medidas para abordar la crisis educativa carecen de profundidad y de alcance. Si bien se observa una mejora en algunos frentes, persisten problemas graves en la convivencia escolar, ausentismo crónico y déficits de aprendizajes. Resolver estos problemas no es una materia trivial, y estando en tiempos de estrechez fiscal y bajo crecimiento es complejo exigir más recursos, sin embargo, es imperativo revisar las prioridades en educación.