Guillermo de la Barra, el nuevo juez que investigará el robo de bebés y las adopciones ilegales en Chile

El juez Guillermo de la Barra Dünner ha asumido el lunes la investigación judicial sobre la causa de sustracción de menores y adopciones ilegales en Chile concentrados entre 1970 y 1990, aunque hay casos en la década de los sesenta y los noventa. El magistrado, asignado por el Pleno de la Corte Suprema, tendrá dedicación preferente, pero no se dedicará exclusivamente a estas pesquisas, que comenzaron en 2017. Aún no han existido condenas, pero sí se han conocido decenas de historias de madres de escasos recursos a las que les dijeron que sus hijos habían nacido muertos, cuando en realidad no era así. También ha habido numerosos casos de reencuentros familiares décadas después.

De la Barra reemplaza al ministro en visita extraordinario Jaime Balmaceda, quien se hizo cargo de la indagación durante cinco años. Cuando asumió, había 342 causas, aunque ya superan las 1.100 y mensualmente reciben nuevas denuncias.

De la Barra es el tercer juez que asume el liderazgo de la investigación judicial sobre las adopciones irregulares de bebés chilenos, que inició en 2017 el entonces magistrado Mario Carroza, quien estimó que podría tratarse de 20.000 niños. El nuevo magistrado a cargo, de 54 años, es abogado de la Universidad Católica de Chile y lleva casi tres décadas de carrera judicial. De la Barra y Balmaceda tienen un recorrido similar. Ambos trabajaron en juzgados del crimen y de garantía y han construido gran parte de su trayectoria en la Corte Suprema, donde hicieron de relatores de las causas, y en la Corte de Apelaciones de Santiago. Como ministros integraron la Novena Sala junto a la jueza Paola Plaza –quien investiga las circunstancias de la muerte del poeta chileno Pablo Neruda–, que funciona como un tribunal, desde donde confirmaron varias condenas contra la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Uno de los fallos más sonados que ha protagonizado fue la absolución de los condenados por la muerte del expresidente democristiano Eduardo Frei Montalva, que gobernó Chile entre 1964 y 1970. Los jueces determinaron que el exmandatario no fue víctima de homicidio, sino que falleció como consecuencia de complicaciones médicas. A finales del año pasado, el magistrado De la Barra notificó de los procesamientos dictados en su contra al exteniente de Ejército Pedro Barrientos, procesado por la justicia chilena hace más de una década como autor del asesinato del cantautor Víctor Jara cinco días después del golpe de Estado perpetrado por Pinochet, cuando lo deportaron desde Estados Unidos.

Hasta ahora, además de integrar su sala, el magistrado De la Barra investigaba junto a la jueza Plaza las centenas de causas abiertas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura de Pinochet. Cuando el pleno de la Corte Suprema anunció a finales de abril el nuevo papel que tendrá De la Barra, determinó que los procesos que actualmente tramitaba el ministro fueran traspasados a Plaza.

En el caso de las adopciones irregulares, la justicia no ha inculpado a nadie porque “no se ha dado ninguno de los supuestos legales que permiten disponer una condena”, argumentó el pasado marzo Balmaceda en una entrevista a EL PAÍS. En la mayoría de los casos, sostuvo, no ha tenido la convicción de que efectivamente se haya estado frente a hechos delictivos. ¿No es delito decirle a alguien que su hijo falleció y en realidad no era así? “No es delito”, respondió el ministro, añadiendo que “puede ser un hecho que es moralmente reprochable”. “Pero yo soy el juez del crimen, tengo que castigar las conductas que son constitutivas de delito”, apuntó.

Unos meses atrás, el ministro Balmaceda ya había cerrado 600 causas y aún estaban pendientes otras 450. “En las causas en que no se han tomado determinaciones, no ha sido porque no hay nada, por el contrario, hay diligencias pendientes porque las decisiones en las causas criminales se toman cuando las investigaciones están agotadas”, explicó a este periódico. La mayor parte de las 1.100 causas ocurrieron antes de 1989, que fue cuando se modificó la legislación que era infinitamente distinta a la que existe hoy. Tenía muchos menos resguardos y permitía que niños fueran entregados a personas, pero en adopción. Tras sus declaraciones, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) pidió inhabilitar al ministro Balmaceda, acusando que “ha manifestado cristalina y públicamente la convicción previa de que los hechos materia de investigación no son constitutivos de delito, careciendo consecuencialmente el ministro de la imparcialidad necesaria para la validez y legitimidad de cualquier actuación procesal en la presente causa”. La Fundación Hijos y Madres del Silencio, que apoya a los familiares que fueron víctimas de las adopciones irregulares, solicitaron lo mismo afuera de los Tribunales de Justicia en Santiago.

El Gobierno del presidente Gabriel Boric ha mostrado su voluntad en avanzar en estas causas. Un par se semanas atrás, el mandatario de izquierdas se reunió con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, en el país escandinavo, para iniciar un trabajo conjunto en las adopciones irregulares de niños chilenos. “Uno de los puntos vinculados a los derechos humanos tiene una explícita declaración sobre la cooperación conjunta del Gobierno sueco y el Estado de Chile para avanzar en compartir la información”, sostuvo el ministro de Justicia de Boric, Luis Cordero. En el documento se establece que quienes suscriben, reconocen que se cometieron adopciones irregulares, que tuvieron graves consecuencias en las vidas y los derechos humanos de las víctimas y sus familias. En especial, en el derecho de identidad. La Administración chilena también está trabajando en una mesa intersectorial para coordinar una respuesta estatal.

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