‘Caso farmacias populares’: la justicia mantiene la prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadue

La Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto este miércoles confirmar la prisión preventiva para el alcalde del municipio de Recoleta Daniel Jadue, una de las figuras políticas más prominentes del Partido Comunista, parte del oficialismo, aunque no es especialmente cercano a La Moneda. Fue formalizado a comienzos de junio por la Fiscalía chilena por cinco delitos: cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal en el marco de la investigación del caso farmacias populares.

La resolución, de la cuarta sala, fue emitida en forma unánime por los jueces Jéssica González, Lilian Leyton y Tomás Gray, quienes han ratificado la decisión de la jueza de primera instancia Paulina Moya, que decretó la prisión preventiva para Jadue el 3 de junio pasado. La ministra González señaló que los antecedentes reunidos hasta ahora en la investigación “son suficientes para desvirtuar las alegaciones del recurrente en orden a que Jadue desconocía las acciones delictivas imputadas” y que “existen indicios suficientes del concierto entre los diversos partícipes”.

Y agregó: “Este tribunal no puede dejar de advertir que la conducta del imputado Jadue revista aún un mayor reproche si se considera su función actual de autoridad máxima de la municipalidad de Recoleta y en cuya virtud ejecutó los hechos punibles que ahora son objeto de persecusión penal, especialmente si siempre tuvo poder de decisión y revisión tanto en Achifarp [la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares] como en la entidad edilicia, máxime si éste fue creador y principal dirigente de aquella asociación”.

Jadue, arquitecto, sociólogo y magíster en urbanismo, ingresó hace nueve días a cumplir prisión preventiva al anexo cárcel Capitán Yáber, un penal de Santiago de Chile, ubicado en el barrio del Centro de Justicia, que tiene la particularidad de que la mayoría de los detenidos están imputados por casos de connotación pública: fraudes, estafas financieras y corrupción en general. Lleva tres periodos como alcalde de Recoleta, y no se postulará en los próximos comicios de octubre pues ya cumplió su etapa máxima de 12 años en el cargo, de acuerdo con la ley. En julio de 2021 fue candidato presidencial del bloque Chile Digno y compitió en elecciones primarias en contra del entonces diputado Gabriel Boric, del Frente Amplio, quien finalmente llegó a La Moneda.

La defensa del alcalde, el abogado Ramón Sepúlveda, recurrió a la Corte de Apelaciones para poder sacar a su cliente de la cárcel. Previamente, cuando se resolvió su prisión preventiva, la jueza Paulina Moya señaló respecto de Jadue que “su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”, tal como lo habían solicitado los fiscales Xavier Armendáriz y Giovanna Herrera. “No se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración”, agregó la magistrada Moya.

Ante la Corte, Sepúlveda dijo este miércoles que la medida de prisión preventiva en contra del alcalde era “desproporcionada e injustificada” y que “como defensa estimamos que todos los antecedentes expuestos en la formalización por el Ministerio Público y los querellantes no se permite acreditar la existencia de los delitos”.

Tres años de investigación

La investigación en contra de Jadue arrancó hace tres años, cuando la Fiscalía comenzó a indagar una serie de delitos ocurridos durante su gestión en la pandemia cuando estaba a la cabeza de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). La empresa de insumos médicos Best Quality presentó una querella por estafa en contra de Achifarp, y afirmó estar al borde de la quiebra pues había realizado importaciones que no le habían pagado: acusó una deuda cercana 1.000 millones de pesos (cerca de un millón de dólares).

La Fiscalía además investiga otras aristas, luego que un vendedor Best Quality presentara una autodenuncia en la que señaló que se le pidió un bono adicional para que se les mantuviera también como proveedores del municipio de Jadue. Ese bono fue en insumos médicos y, según la Fiscalía, fueron entregados a la sede de Recoleta del Partido Comunista.

La Achifarp es un organismo que Jadue creó en 2016 y que hoy está en proceso de liquidación judicial precisamente por los hechos en investigación. El alcalde impulsó la asociación un año después de que emprendiera uno de sus proyectos estrellas, la farmacia popular de Recoleta, una iniciativa a la que se sumaron 170 municipios del país y que consiste en lograr precios más bajos en medicamentos para los habitantes de las comunas.

Daniel Jadue es indagado junto cinco de sus colaboradores, entre ellos el exsecretario ejecutivo de Achifarp, José Matías Muñoz Becerra, quien también está en prisión preventiva, por realizar maniobras para ocultar a los miembros de la asociación los deteriorados estados financieros, lo que la Fiscalía ha catalogado como “operaciones abusivas”. En 2020, durante la pandemia, compraron miles de insumos médicos –mascarillas, guantes, termómetros y pecheras desechables–, por la que organización pagó una suma superior a los 1.000 millones de pesos chilenos (más de un millón de dólares). Los productos fueron entregados a Achifarp, pero gran parte quedó sin uso y guardado en bodegas, según el Ministerio Público. Además, se contrajeron millonarias deudas con proveedores, que derivaron en “un contexto general de morosidad”.

Según dijo la fiscal Hererra en la audiencia de formalización de cargos, la campaña presidencial de Jadue de 2021 se produjo en paralelo a los hechos por lo que hoy se le investiga. Por ello se preguntó ante el tribunal por qué el alcalde de Recoleta no alertó en esa época de la compleja situación financiera a los miembros de Achifarp. Y señaló que al ser en 2021 abanderado presidencial y a la vez candidato a la reelección en la municipalidad, “era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas que habían realizado en la Achifarp durante el año 2020″ y “necesario hacerlo porque, obviamente, toda su trayectoria política o toda su capacidad de candidato presidencial podía ser desvirtuada por una gestión de esta naturaleza”.

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