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La Fiscalía chilena formaliza al alcalde Daniel Jadue por cinco delitos y pide dejarlo en prisión preventiva

El Ministerio Público ha oficializado la indagatoria en contra de una de las principales figuras políticas del Partido Comunista, del oficialismo de Boric. Los cargos son un duro golpe al proyecto que él levantó: las farmacias populares

Daniel Jadue
Daniel Jadue en Valparaíso, en octubre de 2018.Johanna Zárate P. (CáMARA DE DIPUTADOS)
Ana María Sanhueza

Los fiscales Xavier Armendáriz y Giovanna Herrera han formalizado este miércoles la investigación como autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal en contra de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y una de las figuras más prominentes del Partido Comunista (PC), colectividad que es parte del Gobierno del presidente Gabriel Boric. Ha sido por una serie de delitos por los que se pidió su prisión preventiva, ocurridos durante su gestión en la pandemia ligadas a cuando estaba a la cabeza de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

La Achifarp, hoy en proceso de liquidación judicial precisamente por los hechos en investigación, es una organización que Jadue creó en 2016, un año después de que emprendiera el que fue uno de sus proyectos estrellas, la farmacia popular de Recoleta. Fue una iniciativa a la que se fueron sumando con el tiempo 170 municipios del país y que consiste en conseguir precios más bajos en medicamentos para los habitantes de las comunas.

El Ministerio Público inició la investigación hace tres años, y el alcalde ha negado permanente las imputaciones. “Estoy feliz de poder empezar mi defensa y terminar con el montaje que entre los medios y la fiscalía han hecho” dijo Jadue este miércoles antes de entrar a la audiencia.. Es indagado junto cinco de sus colaboradores por realizar maniobras para ocultar a la Achifarp los complejos estados financieros de la organización gremial, lo que consideró como “operaciones abusivas”. En 2020 compraron miles de insumos médicos en la pandemia, como mascarillas, termómetros, guantes y pecheras desechables, por la que la asociación pagó una suma superior a los mil millones de pesos (más de un millón de dólares). Y si bien le entregaron a Achifarp los productos, la mayoría, sin embargo, quedó sin uso y guardado en bodegas, dijo el fiscal. A ello se suma que contrajeron millonarias deudas con proveedores, que derivaron en “un contexto general de morosidad”.

Armendáriz reiteró en varias ocasiones que el alcalde y los funcionarios ejercieron “abusivamente sus facultades”. “Durante los años 2020 a 2022, el imputado Daniel Jaude, en su calidad de presidente de la Achifarp como alcalde de la Municipalidad de Recoleta, concertado con los imputados Raúl Daniel Moraga Lagarrigue y José Matías Muñoz Becerra, en su calidad de secretarios ejecutivos de la Achifarp, teniendo a su cargo la gestión y salvaguarda del patrimonio social, realizaron una serie de actuaciones, ejerciendo abusivamente sus facultades, toda vez que actuaron sin autorización ni conocimiento del directorio ni el resto de los socios, contraviniendo el objeto y fines de Achifarp”, explicó el fiscal en el tribunal.

La indagatoria arrancó cuando la empresa de insumos médicos Best Quality presentó una querella por estafa en contra de Achifarp, liderada por Jadue. La firma dijo estar al borde de la quiebra, pues había realizado importaciones durante la emergencia sanitaria que no le habían sido canceladas y acusó una deuda aproximada a los 1.000 millones de pesos (cerca de un millón de dólares). Tras ello, la Fiscalía abrió otras aristas, pues un vendedor de la firma se auto denunció al Ministerio Público y señaló que se le pidió un bono adicional para que se les mantuviera también como proveedores del municipio de Jadue. Ese bono fue en insumos médicos que la imputación señala que fueron entregados a la sede de Recoleta del Partido Comunista.

Jadue, arquitecto y sociólogo, lleva tres periodos como alcalde de Recoleta. Por ello no se postulará en los comicios de octubre de 2024 pues por ley ya cumplió su etapa máxima de 12 años en el cargo. En julio de 2021, se enfrentó en las elecciones primarias de las izquierdas como abanderado presidencial del bloque Chile Digno en contra del entonces diputado Gabriel Boric, que representaba al Frente Amplio y quien finalmente llegó a encabezar La Moneda.

Precisamente, esa campaña primaria de Jadue fue recordada en la audiencia por la fiscal Hererra, pues se produjo en paralelo a los hechos por lo que hoy ha sido formalizado. La abogada se preguntó por qué el jefe municipal de Recoleta no alertó en ese tiempo de la compleja situación financiera a los integrantes de Achifarp. Al respecto, dijo que, al ser en 2021 candidato presidencial y candidato a la reelección en la municipalidad, “era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas que habían realizado en la Achifarp durante el año 2020″ y “necesario hacerlo porque, obviamente, toda su trayectoria política o toda su capacidad de candidato presidencial podía ser desvirtuada por una gestión de esta naturaleza”.

Para el PC el caso “es político”

Al Centro de Justicia, donde se realizó su formalización, Jadue llegó a las 9.00 horas, custodiado por decenas de militantes comunistas que llevaban banderas del partido y gritaban a su favor. El presidente del PC, el diputado Lautaro Carmona, señaló que “todos saben que formalizar no es sentencia”. “Estamos aquí para demostrar jurídicamente que las afirmaciones que se hacen son no ha lugar y, por consiguiente, nosotros sostenemos que Daniel, lo decimos desde el punto de vista político, no somos tribunal, es inocente”, agregó.

La formalización de Jadue ha significado un duro golpe para el PC, que ha iniciado una ofensiva para defender a su alcalde. El martes, ocho parlamentarios comunistas, junto a las firmas de 1.500 personas, suscribieron una carta en la que señalan que el caso “representa no sólo una persecución política y judicial hacia una figura pública, sino también una amenaza potencial contra los principios fundamentales del Estado de Derecho en Chile”.

Tras su formalización, Jadue dijo que “hoy tuvimos la oportunidad de ver la puesta en escena de la Fiscalía” y catalogó la exposición del Ministerio Público como “muy débil”. “Me voy muy confiado de que no tienen pruebas de ninguna magnitud”, señaló.

La audiencia continuará el jueves, y la defensa de Jadue realizará sus descargos. Ante la solicitud de la Fiscalía de que el alcalde quede en prisión preventiva, Jadue dijo: “Eso es parte de las posibilidades. Una cosa es que la pidan, otra cosa es que se las den”.

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Sobre la firma

Ana María Sanhueza
Es periodista de EL PAÍS en Chile, especializada en justicia y derechos humanos. Ha trabajado en los principales medios locales, entre ellos revista 'Qué Pasa', 'La Tercera' y 'The Clinic', donde fue editora. Es coautora del libro 'Spiniak y los demonios de la Plaza de Armas' y de 'Los archivos del cardenal', 1 y 2.
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