‘Caso farmacias populares’: prisión preventiva para Daniel Jadue, alcalde comunista de Recoleta

La Justicia chilena ha determinado este lunes que el alcalde del municipio de Recoleta, Daniel Jadue, debe cumplir prisión preventiva, en el marco de la investigación del caso farmacias populares, por el que el militante comunista está siendo indagado como autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal, delitos ocurridos, según el Ministerio Público, durante su gestión en la pandemia cuando estaba a la cabeza de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). En el cuarto día de formalización en el tercer juzgado de garantía de Santiago, la jueza Paulina Moya ha determinado que “su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad”, en la línea con lo solicitado por la Fiscalía, que pedía la prisión preventiva, la medida cautelar más fuerte.

Jadue cumplirá la prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber, un penal ubicado en el mismo barrio de Santiago donde está el Centro de Justicia. El propio alcalde, al conocer la noticia, ha escrito en la red social X: “Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. ¡Apelaremos a esta medida desproporcionada!”.

Este domingo, a horas de conocer la resolución, mientras participaba en una feria del libro aseguró: “Todo esto es un show de la Fiscalía, quieren un trofeo de alguien que se atrevió a desafiar el modelo”. “Estoy tranquilo. Es más, si se da el escenario de la prisión preventiva, créanme que tengo toda la fuerza para enfrentar ese y muchos otros desafíos más para que sigamos construyendo un proyecto popular. No tengo ningún problema”, sentenció el alcalde, que participó del lanzamiento de su libro Disputar el pasado para construir el futuro: la Unidad Popular, un proyecto vigente en el encuentro Furia del Libro. “Tenemos una Fiscalía llena de prejuicios, pero carente de pruebas. Eso quedó absolutamente claro. Con un PowerPoint y dos fotos no da en nuestro país para encarcelar a nadie y menos para una prisión preventiva”, dijo, mientras era animado por personas con banderas con la frase Jadue Presidente 2026 y con gritos de “Daniel, amigo, el pueblo está contigo”.

Presidente del PC: “No es la medida que esperaba”

Durante la audiencia, la jueza Paulina Moya leyó uno a uno los motivos por los que consideró que el alcalde debía quedar en prisión preventiva. Además, señaló que el tribunal “no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión”. Al respecto, el jefe de la Fiscalía metropolitana centro norte, Xavier Armandáriz, quien investiga el caso junto a la fiscal Giovanna Herrera, ha dicho este lunes que “el Ministerio Público imputa sobre la base de antecedentes, no teniendo presente quién o qué características o qué ideología o qué trabajo o a qué institución pertecenece. Nuestra función es proteger el Estado de derecho en Chile respecto de lo que es persecusión penal y me gustaría que hubiese comprensión en eso”.

Armendáriz agregó que “la resolución de la jueza es contundente, tiene una abundante fundamentación y la vamos a mirar con detalle”. “Hemos llevado adelante una persecución seria y responsable y basada en antecedentes. Esperamos que estos se mantenga en toda la secuela del procedimiento”.

El abogado Daniel Martorell, representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que se querelló contra Jadue por cohecho y fraude al Fisco, señaló que la resolución de la magistrada fue “categórica y contundente. Por lo tanto, con el trabajo desarrollado, nosotros quedamos contentos con el esfuerzo que se ha invertido”.

Además de Jadue, ha sido privado de libertad José Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que dirigía Jadue.

Tras la decisión del tribunal, el presidente del Partido Comunista (PC), el diputado Lautaro Carmona, dijo que la medida cautelar no era “la que se esperaba” (...) Pero bueno, ella es la jueza. Lo que viene ahora, sin dare más vuelta, es seguir con el proceso judicial en la etapa que viene, que es apelar a esta definición y eso se hace ante la Corte de Apelaciones”.

En la víspera de la decisión del tribunal, Carmona dijo el domingo que la prisión preventiva del alcalde podía “tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política”. Fue una apreciación que la ministra del Interior, Carolina Tohá, rebatió el mismo día: “No comparto eso. Creo que cuando un fiscal pide medidas cautelares y cuando un juez las decide, está tomando una definición respecto al merito de la causa”.

Este lunes, el diputado PC agregó que “la jueza tiene argumentos; yo tengo otra mirada (...). Yo no quisiera meterme en el fondo del punto, porque estaría ahí tomando posición en el debate jurídico. Y tengo mucha confianza en el debate jurídico que se va a hacer, en este caso, en la presentación ante la Corte de Apelaciones”. Y agregó: “Daniel dijo ayer (el domingo) que él estaba preparado para para cualquier [medida] cautelar. La va enfrentar y eso rompe todas las especulaciones de de que hay una idea de él o del Partido Comunista de soslayar al Poder Judicial, porque este debate se está dando en el Poder Judicial, me guste a mí o no”.

La diputada del PC, Carmen Hertz, también se ha pronunciado, y ha dicho en la red social “X” que la prisión preventiva para Jadue “es un despropósito absoluto” y que “la persecución política y el acoso son evidentes”.

Los cinco delitos

Los fiscales Armendáriz y Herrera arrancaron con la formalización de la investigación el pasado miércoles contra Jadue, una de las figuras más prominentes del Partido Comunista (PC), colectividad que es parte del Gobierno del presidente Gabriel Boric, aunque el alcalde no es precisamente una figura cercana al mandatario. Ha sido por una serie de delitos ocurridos durante su gestión en la pandemia de la covid, cuando estaba a la cabeza de la Achifarp y también del municipio.

La Achifarp, hoy en proceso de liquidación judicial precisamente por los hechos en investigación, es una organización que Jadue creó en 2016, un año después de que emprendiera el que fue uno de sus proyectos estrellas, la farmacia popular de Recoleta. Fue una iniciativa a la que se fueron sumando con el tiempo 170 municipios del país y que consiste en conseguir precios más bajos en medicamentos para los habitantes de las comunas.

El Ministerio Público inició la investigación hace tres años, y el alcalde ha negado permanente las imputaciones. “Estoy feliz de poder empezar mi defensa y terminar con el montaje que entre los medios y la fiscalía han hecho” dijo el miércoles, antes de entrar a la primera jornada de audiencias. Es indagado junto cinco de sus colaboradores por realizar maniobras para ocultar a la Achifarp los complejos estados financieros de la organización gremial, lo que consideró como “operaciones abusivas”. En 2020 compraron miles de insumos médicos en la pandemia, como mascarillas, termómetros, guantes y pecheras desechables, por la que la asociación pagó una suma superior a los 1000 millones de pesos chilenos (más de un millón de dólares). Y si bien le entregaron a Achifarp los productos, la mayoría, sin embargo, quedó sin uso y guardado en bodegas, dijo el fiscal. A ello se suma que contrajeron millonarias deudas con proveedores, que derivaron en “un contexto general de morosidad”.

Armendáriz reiteró en las jornadas de formalización en varias ocasiones que el alcalde y los funcionarios ejercieron “abusivamente sus facultades”. “Durante los años 2020 a 2022, el imputado Daniel Jadue, en su calidad de presidente de la Achifarp como alcalde de la Municipalidad de Recoleta, concertado con los imputados Raúl Daniel Moraga Lagarrigue y José Matías Muñoz Becerra, en su calidad de secretarios ejecutivos de la Achifarp, teniendo a su cargo la gestión y salvaguarda del patrimonio social, realizaron una serie de actuaciones, ejerciendo abusivamente sus facultades, toda vez que actuaron sin autorización ni conocimiento del directorio ni el resto de los socios, contraviniendo el objeto y fines de Achifarp”, explicó el fiscal en el tribunal.

La indagatoria arrancó cuando la empresa de insumos médicos Best Quality presentó una querella por estafa en contra de Achifarp, liderada por Jadue. La firma dijo estar al borde de la quiebra, pues había realizado importaciones durante la emergencia sanitaria que no le habían sido canceladas y acusó una deuda aproximada a los 1.000 millones de pesos (cerca de un millón de dólares). Tras ello, la Fiscalía abrió otras aristas, pues un vendedor de la firma se autodenunció al Ministerio Público y señaló que se le pidió un bono adicional para que se les mantuviera también como proveedores del municipio de Jadue. Ese bono fue en insumos médicos que la imputación señala que fueron entregados a la sede de Recoleta del Partido Comunista.

Jadue, arquitecto y sociólogo, lleva tres periodos como alcalde de Recoleta. Por ello no se postulará en los comicios de octubre de 2024 pues por ley ya cumplió su etapa máxima de 12 años en el cargo. En julio de 2021, se enfrentó en las elecciones primarias de las izquierdas como abanderado presidencial del bloque Chile Digno en contra del entonces diputado Gabriel Boric, que representaba al Frente Amplio y quien finalmente llegó a encabezar La Moneda.

Precisamente, esa campaña primaria de Jadue fue recordada en la audiencia por la fiscal Hererra, pues se produjo en paralelo a los hechos por lo que ha sido formalizado los últimos días. La abogada se preguntó por qué el jefe municipal de Recoleta no alertó en ese tiempo de la compleja situación financiera a los integrantes de Achifarp. Al respecto, dijo que, al ser en 2021 candidato presidencial y candidato a la reelección en la municipalidad, “era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas que habían realizado en la Achifarp durante el año 2020″ y “necesario hacerlo porque, obviamente, toda su trayectoria política o toda su capacidad de candidato presidencial podía ser desvirtuada por una gestión de esta naturaleza”.

Al Centro de Justicia, donde el pasado miércoles arrancó su formalización, Jadue llegó custodiado por decenas de militantes comunistas que llevaban banderas del partido y gritaban a su favor. El presidente del PC, el diputado Lautaro Carmona, señaló que “todos saben que formalizar no es sentencia”. “Estamos aquí para demostrar jurídicamente que las afirmaciones que se hacen son no ha lugar y, por consiguiente, nosotros sostenemos que Daniel, lo decimos desde el punto de vista político, no somos tribunal, es inocente”, agregó hace unos días.

La formalización de Jadue ha significado un duro golpe para el PC, que ha iniciado una ofensiva para defender a su alcalde. El martes pasado, ocho parlamentarios comunistas, junto a las firmas de 1.500 personas, suscribieron una carta en la que señalan que el caso “representa no sólo una persecución política y judicial hacia una figura pública, sino también una amenaza potencial contra los principios fundamentales del Estado de Derecho en Chile”. Este domingo, en entrevista con la Radio Nuevo Mundo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, advirtió que “dependiendo del desenlace [de la formalización], puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política en el país”.

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