‘Lawfare’ y batallas culturales

La semana que acaba de concluir dejó varias enseñanzas políticas, las que prefiguran la tónica del oficialismo -sin mucha coordinación entre sus partidos- para enfrentar las elecciones que se inician en octubre próximo con comicios para elegir gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales, y que concluyen con las elecciones generales de 2025.

Todo partió con el juicio de formalización del alcalde comunista Daniel Jadue por eventuales delitos en su calidad de edil de la comuna de Recoleta. El inicio del juicio fue sumamente mediático, ya que el alcalde llegó acompañado por centenares de militantes comunistas y el presidente de ese mismo partido, Lautaro Carmona, a lo que se sumó una carta en apoyo a Jadue firmada por 1.400 personalidades (entre ellos, el historiador Gabriel Salazar, el poeta Raúl Zurita, el sociólogo Manuel Antonio Garretón, entre muchos otros). De este modo, se articulaba lo que vendría siendo un lawfare, eso es una guerra jurídica altamente mediatizada, en donde lo que se denuncia no es solo una injusticia, sino una persecución política para derrumbar a una figura que en 2021 compitió con Gabriel Boric en una primaria presidencial, de la que salió derrotado. El gobierno se ha mostrado molesto con esta estrategia, al punto que el subsecretario del Interior Manuel Monsalve (PS) declaró que “la justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras”, lo que provocó la inmediata reacción del presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona, tildando los dichos de Monsalve como “una descalificación un poquito gratuita”. Tan relevante como lo anterior es constatar que no todos los diputados comunistas firmaron la carta en apoyo a Jadue, lo que estaría reflejando una incipiente forma de faccionalismo al interior del partido. Por estos días conoceremos la medida cautelar que lo afectará, y que bien podría ser la prisión preventiva: si esto llegase a ocurrir el lawfare habrá inmediatamente escalado en intensidad, generando efectos en todo el mundo político.

El lawfare se ha transformado en una forma de dar batallas políticas cuando figuras presidenciales (ex presidentes o posibles candidatos) o grandes políticos se ven involucrados en eventuales delitos, desde Lula hasta Trump, pasando ahora por Daniel Jadue en casos que son completamente distintos. En tal sentido, el lawfare forma parte del paisaje natural de la democracia, aunque con un importante poder de daño para esclarecer la verdad e impartir justicia.

El otro episodio que tuvo lugar esta semana fue la extensa Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric. En ella, el presidente puso especial énfasis en las políticas orientadas a generar seguridad ante una ola de delincuencia que, si bien ha amainado, sigue allí, como un espectro. El otro énfasis presidencial fue la creciente normalización de la economía chilena, un aspecto que es muy criticado y resistido por las derechas y el empresariado que no ven lo mismo (lo que es sorprendente, ya que existen indicadores que debiesen servir para fijar los términos del debate): buena parte de la explicación reside en la molestia que producen en la derecha política y económica los constantes giros del presidente, tomando distancia una y otra vez con su programa original de gobierno y con su propia coalición (de allí que al presidente “no le crean”), por realismo y pragmatismo.

Es posible que estos giros puedan distanciar a los partidos de Gobierno con su base electoral de apoyo. De allí que el presidente Boric haya dibujado un segundo frente de batalla, cultural en este caso, al anunciar sendos proyectos de ley en materia de aborto y eutanasia. El movimiento táctico tiene racionalidad, al provocar un debate político y legislativo sin destino, pero que es lo suficientemente llamativo para conquistar el voto joven de clase media.

El gran problema es que, entre lawfare y batallas culturales, queda muy poco espacio para aprobar el pacto fiscal impulsado por el ministro de Hacienda Mario Marcel y aun menos para promover algún tipo de reforma al sistema previsional. No queda claro si a través de la gestión de políticas públicas (sobre lo cual el Gobierno no ha sido particularmente pulcro) será posible crear condiciones para enfrentar en mejor pie las elecciones de octubre y, sobre todo, para moldear la opinión pública y el estado de ánimo de los chilenos el próximo año, en el que se elige a un nuevo presidente, la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Nada está escrito: el voto obligatorio ha sido hasta ahora esquivo para las izquierdas en la única elección que se ha desarrollado con candidatos (la elección de 50 consejeros constitucionales) y nada sabemos sobre su función cuando en la elección de octubre se enfrenten, por primera vez, candidatos incumbentes, instalados en los territorios y ya conocidos.

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