Las versiones encontradas de la marcha maldita del Ejército chileno: el relato por dentro

La mañana del sábado 27 de abril, mientras Chile amanecía con la noticia del homicidio de tres carabineros en la región del Biobío, en la zona centro-sur, Romy Vargas se despertó con un llamado telefónico aproximadamente a las 07.00 horas desde Arica, en el extremo norte del país. La mujer estaba en su casa en el popular municipio de Cerrillos, en la zona norponiente de Santiago. En el llamado, un uniformado le notificó que Franco Vargas, su único hijo, que cumplió 19 años en febrero, había muerto mientras realizaba su servicio militar en la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco en Putre. El joven participaba junto a sus compañeros en una marcha de instrucción que arrancó después de las seis de la madrugada en Palloco, en el altiplano, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Transitaban de regreso al cuartel de Putre, tras cinco días de ejercicios a bajas temperaturas.

“Me dice que, lamentablemente, en una rutina diaria, Franco se desvaneció y falleció. Tiré el teléfono lejos y empecé a gritar horrorizada. No lo podía creer. No lo podía entender. Fue horrible”, contó Romy Vargas en una entrevista a CNN el miércoles, cuando la noticia ya había provocado conmoción. Tras gestiones del Ejército, la madre abordó un avión por la tarde del 27 de abril a la región de Arica, a 2.160 kilómetros al norte de Santiago. “Cuando llegué al aeropuerto me recibió el comandante Silva. Le pregunté llorando qué pasó. Y él me dice: ‘una falla cardiaca”. Su hijo, sin embargo, no tenía problemas al corazón, ha dicho Vargas: “Él no se enfermaba nunca, era un niño completamente sano”.

En Arica, ha contado Vargas, el militar le dijo ese sábado que todavía no se había realizado la autopsia pues el Servicio Médico Legal estaba cerrado. “Ahí me quedó dando vueltas, ¿cómo me decía él que tenía una falla cardiaca si no se había practicado ni siquiera una autopsia?”.

Franco Vargas era parte de los 245 conscriptos que iniciaron su servicio militar en Putre el pasado 6 de abril y que, el 21, comenzaron la etapa de instrucción militar básica. De ellos, 45 que eran parte de su grupo presentaron cuadros infecciosos respiratorios y gastrointestinales tras realizar ejercicios a bajas y extremas temperaturas. Dos de esos jóvenes se encuentran todavía internados en el Hospital Militar de Santiago. Uno se mantiene en estado grave y otro, el miércoles, sufrió la amputación de una mano por una infección.

Boric citó a La Moneda el viernes al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga. Fue una reunión para que el Ejército le entregara antecedentes de lo ocurrido en Putre y para que esté a disposición de las familias de los conscriptos. Antes, durante la semana, un grupo de parlamentarios oficialistas había exigido la salida del general por su responsabilidad mando, pero Boric lo ratificó.

“Ellos no estaban en una guerra real”

El primer comunicado del Ejército por el caso Franco Vargas fue emitido el 28 de abril, en el que informaba que el 27, en una marcha de instrucción entre el campo de entrenamiento Pacollo hacia el Cuartel militar de Putre, “y mientras realizaba un descanso, un soldado conscripto (Q.E.P.D.) presenta problemas respiratorios, siendo trasladado de inmediato en vehículo a la enfermería del predio en instrucción, donde fue estabilizado por un enfermero militar y posteriormente trasladado a un Cesfam [un centro de salud familiar estatal] de la comuna de Putre, lugar donde lamentablemente se constata su deceso”.

El 29 de abril, la madre de Vargas denunció a Chilevisión que hubo negligencia del Ejército. Acusó que en la marcha su hijo pidió ayuda a sus superiores ante el intenso frío del desierto y que dijo haber tenido dificultades para respirar, pero que fue ignorado: “Esto no puede ser. Ellos no estaban en una guerra real para que Franco haya perdido la vida así. No era necesario un entrenamiento a ese nivel y que le negaran abrigo y ayuda”. Tras sus dichos, Sebastián Silva, comandante de la Brigada Huamachuco, días antes de ser llamado a retiro por Iturriaga, explicó que esos ejercicios eran de rutina y parte del entrenamiento de la fase inicial de los soldados: “Ellos iban bajando, como compañía, todos juntos. Él [Franco Vargas] manifiesta estos síntomas y de inmediato es trasladado a la enfermería y al Cesfam de Putre, donde se constata su deceso”.

El 2 de mayo, en una de las varias entrevistas que ha otorgado, Romy Vargas profundizó en su denuncia ante mismo canal y además acusó maltrato al conscripto: “Lo que sé por varios testimonios es que mi hijo pidió ayuda. Este tipo, tengo el nombre pero no lo voy a nombrar, le dijo que eso era de poco hombre, de maricón. Lo levantó y lo golpeó y él se desmayó. Y después se volvió a despertar; lo volvió a empujar, a arrastrar”.

En el caso han sido presentadas dos querellas. Una de la madre, representada por el abogado Sebastián Andrade, por apremios ilegítimos con resultado de muerte y otra por apremios ilegítimos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo estatal autónomo, en representación de cinco conscriptos que eran parte del grupo de Franco Vargas. Este último libelo detalla que los jóvenes “fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo”. Y que las caminatas, diurnas y nocturnas, fueron “con temperaturas bajo cero, sin la ropa adecuada” pese a que en el Ejército le habían entregado prendas especiales para el frío. También se imputó que sufrieron de “privación de sueño durante varias noches” y que tuvieron “exposición a fecas de ratones en los espacios de preparación y consumo de alimentos”. El libelo sumó “un contexto de maltrato verbal permanente, con frases homofóbicas tales como ‘eres niñita, maricón, amariconado, lesbiano”.

Paradojas en la data de muerte

El 3 de mayo, el general Rodrigo Pino, jefe de Estado Mayor General del Ejército, dijo que, a lo menos en 15 años, no tuvieron ningún antecedente “de un fallecimiento de un soldado en condición de trabajo en altura”. Y, sobre Franco Vargas, señaló que “a los primeros minutos de iniciada la marcha habría manifestado que se sentía mal”. Sin dar nombres, explicó que quien estaba a cargo, además de un enfermero, “dispusieron de inmediato su evacuación al puesto de atención médico especializado instalado en Pocollo para poder brindar el apoyo sanitario” a los conscriptos que estaban en etapa de aclimatación en la zona. “El soldado fue estabilizado allí y en la medida en que su situación fue empeorando, fue rápidamente trasladado al Cesfam de Putre. De acuerdo a los registros, llegó con signos vitales, vivo allí, y mientras esperaban la llegada del médico de urgencia del Cesfam, al soldado se le habría generado un paro cardiorrespiratorio que implicó que el personal sanitario procediera a su reanimación. El médico llegó, continuó con la reanimación y lamentablemente se constató su muerte a partir de las 07:12 horas”, agregó.

Sin embargo, el 6 de mayo un nuevo antecedente contradijo esa versión del Ejército. En una sesión extraordinaria del concejo municipal de Putre, el director del Cesfam, Aldo Rivera, señaló que según el registro del consultorio el joven llegó a las 06.52, trasladado en un vehículo militar. Su arribo, precisó, fue sin previo aviso, por lo que hubo que llamar de urgencia a un médico: “Se constata que esta persona venía sin signos vitales ni tampoco con respuesta a estímulos ni verbales ni físicos”. Y añadió que “después de seis ciclos de reanimación cardiopulmonar, el médico de turno procede a declarar el fallecimiento del conscripto”.

Ante estas paradojas, Iturriaga viajó a Arica, desde donde tomó las primeras medidas, al relevar del mando a dos oficiales, un capitán y un teniente coronel que lideraban la campaña y la ejecución de la fatídica marcha.

El caso de Franco Vargas ha derivado en la apertura de sumarios en el Ejército, además de una indagatoria de la Fiscalía de Arica y otra a cargo de la jueza Jenny Book, quien fue nombrada el miércoles por la Corte Suprema como ministra en visita para indagar las circunstancias de la muerte de Franco Vargas. La magistrada, quien es ministra tanto de la Corte de Apelaciones de Santiago como de la Corte Marcial, ha viajado a Putre para indagar si hubo o no delito en el deceso del soldado. Ha informado que lo más probable es que ordene la realización de una segunda autopsia, como lo ha pedido Romy Vargas y en INDH. El Servicio Médico Legal concluyó que el joven sufrió una muerte súbita y que no hubo intervención de terceros.

La solicitud de una ministra en visita fue realizada por la ministra de Defensa Maya Fernández, quien se enteró de la muerte del conscripto cuando el 27 de abril era parte de la comitiva de Boric que viajó hasta la comisaría de Los Álamos, en la región del Biobío, a la que pertenecían los tres carabineros asesinados. Fernández se contactó el 2 de mayo con la madre del conscripto, e instruyó al subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, para que viajara a Arica.

Boric habló por primera vez del caso la mañana del miércoles. “Por la memoria de Franco corresponde conocer toda la verdad, que se esclarezcan los detalles de los hechos y se asuman las responsabilidades que corresponda. Verdad y justicia”, dijo el mandatario. Por la tarde Iturriaga admitió la falta de precisión en la información entregada por el Ejército durante 11 días, y anunció el retiro de los altos oficiales.

El mandatario se reunirá el lunes en La Moneda con la madre del conscripto, quien ha insistido que ella entregó al Ejército “a un hijo vivo”. “Y me lo entregaron muerto”.

Franco Vargas se inscribió voluntariamente para realizar el servicio militar, que en Chile ya no es obligatorio. Murió cuando llevaba dos semanas de instrucción.