Lesiones autoinfligidas

Hace exactamente un año los máximos exponentes del empresariado chileno calificaban el acuerdo en torno a la Ley de las 40 horas semanales como un hito de negociación tripartita. Sus declaraciones, así como el acuerdo virtualmente unánime alcanzado en el Senado (45 votos favorables) y la mayoría de 127 votos con que se aprobó la Ley en la Cámara resultaban un tanto disonantes en un país en donde los acuerdos se han hecho algo escaso.

Sin embargo, un año después se produjo un amago de polémica en torno a esa Ley, a propósito de un dictamen de la Dirección del Trabajo que vetaba una aplicación parcelada en fracciones de 12 minutos diarios de la primera rebaja de una hora de jornada semanal (a 44 horas) correspondiente a 2024. Dirigentes del sector Comercio, de una manera algo solitaria y vehemente al punto de insinuar que evaluaban llevar a la Justicia esa resolución, se embarcaron en una escaramuza que merece ser analizada no desde el punto del espíritu de la ley o de la legítima preocupación de esos dirigentes por el estado de la economía y de las pymes, sino de la sintonía de las empresas con la sociedad en que se desenvuelven.

En Chile, es bien sabido, la confianza de las personas en las instituciones deja a pocos bien parados, partiendo por los políticos (partidos y parlamentarios) y el Gobierno, como lo acaba de acreditar la reciente Encuesta Bicentenario de la UC. En el caso de las empresas, si bien la situación no es tan mala, como lo consignó hace unos meses el Barómetro de Confianza en la Empresa 2023 difundido por Sofofa, se podría decir que los afectos ciudadanos con el sector privado están en cuidados intermedios e incluso en una zona de desconfianza crónica, si se usa como termómetro el componente “encuestas de opinión” del citado Barómetro.

Se trata de una información importante si se quiere poner en perspectiva la arremetida en contra del dictamen de la Dirección del Trabajo, en especial porque, como se dijo, la arremetida ha sido bastante en solitario y donde el no acompañamiento de los demás gremios empresariales lo único que ha hecho es dar la sensación de estridencia en una sala en silencio.

Aparte de esta relativa soledad, hay otros elementos que dificultan entender la cruzada en contra de la resolución. Y esos elementos provienen de antecedentes emanados de la interna de quienes desataron la polémica. En efecto, cuando la esgrima de declaraciones estaba en pleno desarrollo, se supo de un sondeo de la propia Cámara de Comercio de Santiago (CCS) que revelaba que un 46% de los asociados que consultó ya habían asumido hacer en un solo día la rebaja de la hora semanal correspondiente a 2024 (que es lo que dice el dictamen) y que un 21% de los consultados incluso no tenían de qué preocuparse porque la jornada semanal que están aplicando en sus empresas ya es inferior a las 45 horas semanales que regían anteriormente.

Estos datos solo refrendan que no había necesidad de embarcarse una batalla que desde el inicio de veía difícil de ganar y que si se hubiera podido ganar tendría que inscribirse con letras de molde en la lista de las victorias pírricas, esas que deben su nombre al rey Pirro de Epiro que habría dicho “otro triunfo como este y estamos perdidos” tras un gravoso triunfo sobre los romanos.

Y un último antecedente que también vale la pena considerar se refiere a la valoración del contexto y la oportunidad en que se abrió esta polémica. Nuevamente, dejando de lado el espíritu y la letra de la ley, la pregunta que queda rondando es si se actuó con empatía con el sentir de los ciudadanos (que, por lo demás, son clientes, vecinos, colaboradores y accionistas de las empresas) o hubo algo de sobrerreacción, sobre todo frente a una autoridad ejecutiva que ni de cerca está poniendo sobre la mesa temas que bien podrían estar dentro de la matriz ideológica del gobierno o de algunos de sus partidos, como podrían ser el fortalecimiento de los sindicatos Inter empresas o las negociaciones sectoriales.

Haber quemado munición en una batalla por 12 minutos diarios de jornada laboral y resultar herido con las esquirlas de la propia munición le puede haber hecho un flaco favor al necesario restablecimiento de la confianza en las empresas. El sector privado es el verdadero motor de la economía y quien brinda las mejores soluciones a las necesidades de las personas, aportando a la larga a su progreso y bienestar. La pregunta que deben hacerse quienes representan a esas mismas empresas es si las personas las ven de esa manera o no y, si no lo hacen, cuáles son las causas de aquello y qué responsabilidad les cabe.

La buena noticia es que hoy en Chile son cada vez más las empresas que se están preocupando de conectar con el sentir de la sociedad y que lo están haciendo de manera auténtica y a partir de esfuerzos rigurosos. Empresas que para preparar sus memorias anuales realizan matrices de materialidad y consultan a todos sus stakeholders o que levantan en forma regular (incluso mensualmente) datos para las aproximaciones emocionales y racionales de sus grupos de interés en torno a su reputación corporativa. La incorporación de criterios sociales, ambientales y de buen gobierno (y asociado con ello, los atributos reputacionales) han dejado de jugarse en el terreno de la aparición en rankings. Para una nueva camada de líderes empresariales y de ejecutivos de empresas, los datos y la evidencia que se puede levantar directamente sus grupos de interés y la escucha de las redes sociales, entre otros, son hoy insumos de gestión, elementos sustantivos para evaluar su estrategia, evitar disonancias y crisis, y avanzar por una senda que permita hacer sus negocios en forma sostenible en el largo plazo, algo que sin duda los accionistas, que son sus mandantes, deberían valorar.

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