Los arrestos domiciliarios de Cathy Barriga y Camila Polizzi, en la mira de la Fiscalía chilena por las fotos disfrutando de sus casas

Acostadas en la cama, jugando tenis de mesa o disfrutando de una piscina durante un día de calor. Así aparecieron Cathy Barriga y Camila Polizzi, dos figuras políticas chilenas que están imputadas por graves casos de corrupción, mientras cumplen el arresto domiciliario total que les decretó la justicia. Las imágenes molestaron al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien solicitó una revisión del sistema con el que se definen las medidas cautelares aplicadas durante los procesos legales y que anteceden a las condenas.

Barriga, que entre 2016 y 2021 ejerció como alcaldesa de Maipú, el segundo municipio más habitado del país sudamericano, fue formalizada durante la semana pasada por los delitos reiterados de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco, acciones que habrían generado un déficit de 31.000 millones de pesos, unos 35 millones de dólares. El Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva al considerar que la exautoridad había cometido “el fraude más cuantioso en la historia municipal de Chile”. El juez Hugo Salgado, que revisó el caso, determinó que la solicitud no cumplía con las condiciones debido a que no existían argumentos que sustentaran que la exalcaldesa cometiera delitos en libertad.

Luego de la resolución judicial, la esposa del diputado Joaquín Lavín León —un militante de la Unión Demócrata Independiente, de la derecha tradicional— se trasladó a una vivienda en el municipio de Peñaflor, ubicado a las afueras de Santiago de Chile. Durante los últimos días la también exfigura televisiva ha publicado imágenes en donde aparece en una cama acostada y sonriente junto a uno de sus hijos, mientras que en otra practicando haciendo ejercicios físicos al costado de una ventana de su habitación. En la formalización, la defensa de Barriga había pedido que su representada no fuera enviada a la cárcel porque ejercía un rol de madre cuidadora de uno de sus hijos.

La otra imputada involucrada en la controversia es Camila Polizzi. La protagonista del caso Lencería, una de las tramas del caso Convenios que está radicada en la región del Biobío, al sur de Santiago, quedó con arraigo nacional luego de ser acusada por los delitos de estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad, lavado de activos y fraude al fisco. La investigación de la Fiscalía se centró en el traslado de fondos que superan los 250 millones de pesos, unos 275.000 dólares, a la Fundación En Ti destinados a la capacitación de habitantes locales, los que habrían sido gastados en artículos personales como ropa y lencería. El tribunal decidió decretar la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Polizzi, que en 2021 fue candidata a alcaldesa de Concepción como independiente bajo la lista del Frente Amplio (FA), la coalición originaria del presidente de izquierdas Gabriel Boric, permanece desde el pasado mes de diciembre en su casa cumpliendo con la resolución judicial. Desde entonces ha permanecido activa en su cuenta de Instagram, publicando fotografías en donde aparece sonriendo y en bikini al costado de una piscina instalada en el patio de su casa.

Las críticas del fiscal Valencia y la postura del Gobierno

Las fotografías de Cathy Barriga y Camila Polizzi provocaron debate e indignación en la sociedad chilena, que las interpretó como una burla. La molestia también llegó hasta el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien a través de los representantes del Ministerio Público en cada caso había solicitado la aplicación de la máxima medida cautelar, que es la prisión preventiva. En una declaración a la prensa, el abogado recordó la existencia de la cárcel Capuchinos, un extinto centro penitenciario que hasta hace algunos años era usado para recibir a presos de alta connotación pública, entre ellos políticos y empresarios, que estaban involucrados principalmente en delitos económicos.

“Tampoco es razonable que sustituyamos el anexo cárcel Capuchinos y lo privaticemos, y que quienes antes iban a Capuchinos ahora se queden en sus casas y si tienen piscina, sea al costado de su piscina. Y que además esa situación de estar en sus casas y al costado de sus piscinas pasando el verano, puedan abonarla a una condena futura”, ha dicho el persecutor.

Valencia fue más allá y solicitó una revisión del sistema de aplicación de las medidas cautelares. “No tenemos facultades colegisladoras, pero vamos a hacer una propuesta en orden a que esa situación se modifique porque es muy importante que recordemos que además de la aplicación de la ley en el sentido estricto, la ley tiene que ser interpretada en sentido de justicia y lo que la sociedad chilena demanda hoy día es precisamente que seamos todos tratados de la misma forma bajo la ley”, planteó.

El Gobierno también entró al debate. El ministro de Justicia, Luis Cordero, puso el foco en el uso abusivo que se estaría haciendo de la prisión preventiva en un contexto de saturación del sistema carcelario, aunque reconoció que las imágenes de las imputadas “disfrutando” de su prisión domiciliaria son impropias. “A mí me parece que aquellas personas que están involucradas en delitos de connotación pública relevante y que han ejercido cargos públicos, el decoro en la función pública es algo que se ejerce, pero también se proyecta con posterioridad”, declaró la autoridad gubernamental en una entrevista a Radio Futuro.

Durante este martes la Fiscalía Oriente deberá presentar el recurso judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir el arresto domiciliario de la Cathy Barriga. El Ministerio Público había reafirmado la necesidad de que la exalcaldesa ingresara a la cárcel mientras se desarrolla la investigación —extendida por 120 días— y a la espera del juicio.

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