La oposición a Boric persigue la destitución del ministro de Vivienda con una acusación constitucional

La oposición chilena ha presentado este martes en el Congreso una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda del Gobierno de Gabriel Boric, el socialista Carlos Montes. En el libelo se le imputa no “ejercer el control jerárquico permanente” y “no observar estrictamente el principio de probidad administrativa”, además de la responsabilidad política, entre otros dos cargos más, en el caso Convenios. Se trata de un lío de platas investigado por la Fiscalía que arrancó en una secretaría regional de su cartera en Antofagasta, en el extremo norte del país. Allí, el seremi era el arquitecto Carlos Contreras y desde su repartición se entregaron 426 millones de pesos (unos 484 mil dólares) a la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD), un partido del Frente Amplio, el bloque de Boric. El traspaso fue vía trato directo a una fundación que tenía escasa trayectoria en el área de trabajos en asentamientos precarios.

Una de las varias razones del escándalo es que Contreras –ahora exmilitante de RD, a quien Montes pidió la renuncia cuando explotó el caso el 16 de junio–, antes de ser seremi de Vivienda había sido jefe de Gabinete de la diputada RD por Antofagasta Catalina Pérez. La parlamentaria, a su vez, era pareja del fundador de Democracia Viva, el ingeniero civil Daniel Andrade, quien también era RD. Tanto Contreras como Andrade se encuentran en prisión preventiva desde la semana pasada tras ser formalizados por la Fiscalía por fraude al Fisco.

La acusación constitucional en contra de Montes, que persigue su destitución, había sido anunciada por la oposición a fines de noviembre, pero se oficializó este martes, dos días después que las derechas chilenas salieran derrotadas en el plebiscito constitucional en el que el 55% de la ciudadanía votó en contra de la propuesta de texto que promovió este sector. Ha sido presentada por el Movimiento Social Cristiano, que la impulsó, y respaldada por el bloque de la derecha tradicional, la UDI y Renovación Nacional, además del Partido Republicano, una formación de ultraderecha, y el Partido de la Gente, con tintes populistas.

El libelo se ha concretado después de que el periódico La Tercera hiciera pública, hace una semana, la declaración ante la Fiscalía por el caso Convenios de Tatiana Rojas (RD), quien era la segunda a bordo en Vivienda, quien aseguró que había informado a Montes de los problemas que ocurrían en la seremi de Antofagasta, contradiciendo lo que ha dicho el ministro socialista respecto de que se enteró de las denuncias en contra de Democracia Viva el 16 de junio, el día en que el medio regional Timeline difundió una denuncia de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización sobre un posible conflicto de interés por la relación entre Contreras, Andrade y Pérez.

“El ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva (...) Dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”, dijo Rojas.

El 27 de noviembre la situación de Montes se complejizó cuando la comisión investigadora del caso Convenios de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se formó impulsada por Chile Vamos, entregó su informe, aprobado por ocho votos contra cinco de parlamentarios oficialistas, y consideró que el ministro de Vivienda tuvo una “reprochable inobservancia”, lo que dejó abierto el camino para una eventual acusación constitucional.

La acusación constitucional ahora deberá ser estudiada por una comisión revisora de la Cámara de Diputados, que es la primera etapa de análisis.

Montes, en tanto, desde hace al menos dos semanas comenzó a sondear a varios abogados ante una eventual acusación constitucional.

La portavoz del Gobierno de Boric, Camila Vallejo, ha dicho que tienen “la confianza y la tranquilidad de que no hay argumentos jurídicos por una acusación constitucional, no hay argumento político a esta altura tampoco por una acusación constitucional”. Y agregó: “Aunque los parlamentarios tengan derecho a presentarla, porque está en su facultad y es legítimo, nosotros tenemos la tranquilidad de que los argumentos están de nuestro lado”.