El ministro de Vivienda de Boric pende de un hilo por el ‘caso Convenios’, a cuatro días del plebiscito
Carlos Montes recibió información sobre las irregularidades antes de que explotara la trama de corrupción, según declaró a la Fiscalía la que era su segunda a bordo
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A solo cuatro días del plebiscito por una nueva Constitución, donde 15,4 millones de ciudadanos deberán votar su aprueban o rechazan una propuesta de Carta Fundamental, el Gobierno de Gabriel Boric enfrenta horas muy complejas que tienen al ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes, un veterano de la izquierda, pendiendo de un hilo. El periódico local La Tercera ha informado esta tarde que la que era segunda a bordo en el ministerio, Tatiana Rojas, militante del partido Revolución Democrática, que forma parte del Frente Amplio oficialista, declaró ante la Fiscalía y la policía que informó al ministro de “las problemáticas” que estaban sucediendo en Antofagasta –el epicentro del caso Convenios, con la fundación Democracia Viva– antes de que la trama de corrupción saliera a la luz pública.
“El ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva (...) Dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”, afirmó Rojas.
Lo dicho por Rojas ante la Fiscalía el pasado 5 de octubre, dado a conocer hoy por La Tercera, deja en una situación muy delicada al ministro Montes. Desde que estalló el escándalo a mediados de junio, la oposición de derecha ha pedido consecutivamente su salida por las responsabilidades políticas que le cabrían en una trama de traspasos de recursos públicos a fundaciones privadas ligadas al oficialismo, sobre todo del Frente Amplio, la coalición de Boric. El ministro Montes recurrentemente ha dicho que no tuvo ninguna información antes del 16 de junio, cuando estalló públicamente el caso.
Tras conocerse la declaración, Montes dijo: “Yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidad, delito o nada por el estilo”.
Un proceso de destitución
La información ha empujado a las derechas –tanto la derecha tradicional agrupada en Chile Vamos como al Partido Republicano, de la extrema derecha– a anunciar una acusación constitucional contra Montes, es decir, un proceso de destitución a través del Congreso. Lo hacen a solo cuatro días del plebiscito por una nueva Constitución, que se celebra el domingo.
Las derechas, que respaldan el texto que se plebiscitará, intentan que la ciudadanía asocie la opción En contra al Gobierno, porque La Moneda ha buscado no dar vuelta completamente sus cartas y no revelar abiertamente que está por rechazar la propuesta. En definitiva, el momento en que llega esta información, en los días finales de la campaña, no favorece al Ejecutivo, que ha intentado desde junio salvar al ministro Montes.
“La bancada de Diputados del Partido Republicano exige hoy, no mañana, no pasado mañana, sino hoy, la renuncia del ministro de Vivienda, Carlos Montes. Las declaraciones de la exsubsecretaria Rojas son demoledoras y demuestran que el ministro Montes sabía todo y no hizo nada. Lleva meses mintiendo en la opinión pública y encubriendo la verdad”, dijeron los legisladores republicanos en un comunicado. “Si el presidente Gabriel Boric no le pide la renuncia, presentaremos la acusación constitucional el lunes para que el Congreso lo destituya”, agregaron.
Tampoco ayuda al Gobierno lo que sucedió horas antes: la detención de los dos protagonistas del caso Convenios. Este miércoles fueron arrestados Daniel Andrade, representante legal de la Fundación Democracia Viva, que recibió dineros públicos de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, a cargo de Carlos Contreras. Ambos eran militantes del partido Revolución Democrática, RD, una de las fuerzas relevantes del Frente Amplio. Los dos, además, tenían una estrecha relación por la diputada de RD por la zona, Catalina Pérez. Andrade era su novio y Contreras un exasesor.
Rojas, la subsecretaria de Vivienda, ocupó su cargo hasta el 24 de junio pasado, apenas unos días después de que explotara la trama por el traspaso de 426 millones de pesos (unos 484 mil dólares) del ministerio de Vivienda a la fundación Democracia Viva, supuestamente para trabajar en asentamientos precarios.
Montes ha sido por décadas, desde la lucha contra la dictadura, un dirigente histórico de la izquierda chilena. Fue uno de los primeros socialistas en unirse al Gobierno de Boric, liderado al comienzo por una nueva generación. La izquierda moderada, agrupada en el Socialismo Democrático, lo ha defendido fuertemente para que no termine una larga carrera política embarrado por esta trama. Montes se ha mostrado decidido a no salir del Gobierno, aunque en las últimas semanas busca abogado.
La declaración de Rojas ante la Fiscalía, sin embargo, complican su permanencia en el Gabinete. Por el mismo caso Convenios, el que era el principal aliado político del presidente Boric, el ministro Giorgio Jackson, salió del Gobierno a comienzos de septiembre por las presiones de la oposición. En el caso de Jackson la derecha reclamaba por su responsabilidad política por tratarse del fundador de RD.
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