Boric endurece el tono en el control de la inmigración irregular y anuncia que expulsará a quienes no se empadronen

El presidente chileno de izquierdas Gabriel Boric ha endurecido el tono frente al control de la inmigración irregular y ha dicho ayer que a las personas que están en esa situación y todavía no han realizado el trámite de empadronamiento, una política que fue impulsada por su Gobierno y que está destinada a poder conocer sus identidades, “vamos a buscarlas, vamos encontrarlas y las vamos a expulsar”. Según el mandatario, quien no realice el proceso, “se presume sospechoso”.

Boric recordó ayer, tras anunciar la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que el empadronamiento tuvo un llamado voluntario, y que “no se puede confundir migración con delincuencia. No asociemos a todo migrante con la delincuencia”. Y agregó que “hay migrantes que delinquen, sí, aumentaron los delitos producto de delincuencia importada, sí, pero es muy injusto meterlos a todos en el mismo saco”. “Le estamos dando la oportunidad a quienes trabajan de manera honesta para poder empadronarse e iniciar un proceso de regularización”, dijo.

La identificación biométrica fue anunciada por el mandatario en su cuenta pública de junio. Se han inscrito para realizarla 200 mil personas pero, hasta ahora, 120 mil han concretado el proceso. El plazo voluntario concluye el 31 de diciembre.

Las palabras mandatario de izquierdas se producen en un complejo contexto, pues una parte de la oposición le ha exigido a su Gobierno la expulsión de más de 12 mil migrantes irregulares a fin de año, un hecho que, materialmente, ha señalado el oficialismo, no es posible. Pero, además, la bancada de diputados de Renovación Nacional, de la derecha tradicional, ha advertido que podría presentar una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior de Boric, Caroliná Tohá, una de las figuras políticas más fuertes del oficialismo, si no realiza las expulsiones.

“Un sector de la oposición, porque no meto a todos en el mismo saco, le dio un ultimátum a la ministra del Interior y anunció una acusación constitucional si el Gobierno no expulsa a alrededor de 12 mil migrantes irregulares. Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el Gobierno anterior, nos están exigiendo que hagamos en dos meses, sabiendo que materialmente es imposible”, ha dicho Boric en alusión al Gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), de la derecha tradicional.

Le ha respondido a Boric el presidente del Senado Juan Antonio Coloma, de la UDI, de la derecha histórica, que rememoró que en la Administración anterior 42 diputados, entre ellos Boric, recurrieron al Tribunal Constitucional para tratar de impedir la promulgación de 14 artículos de la Ley de Migraciones, “entre ellos la reconducción, que permite que una persona que está ingresando por un paso irregular a Chile sea reconducida de donde venía”. Y agregó: “Vale la pena recordar que durante el Gobierno anterior se presentaron importantes iniciativas legislativas para enfrentar la delincuencia y la gran mayoría fueron rechazadas por la actual coalición de Gobierno”.

“Se olvida el presidente que cuando él era oposición, era el principal líder para detener las expulsiones ilegales de inmigrantes del país”, ha dicho también el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton.

La Administración de Boric, en tanto, proyecta en 14 meses la expulsión de más de 2.600 personas en situación irregular. Esto, mientras el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajará a Venezuela para poder hacer coordinaciones con autoridades de ese país a fin de que se puedan retomar vuelos.

Ha sido el ataque con una granada, el 19 de noviembre, a una carabinera chilena que fue gravemente herida en Santiago pero que está sin riesgo vital, en el que participaron dos ciudadanos venezolanos, uno de ellos falleció y otro se fugó, el que reactivó las críticas de la oposición frente a las expulsiones. Esto, pues la agresión se produjo cuando dos agentes de la Sección de Investigación Policial (SIP), vestidos de civil, sospecharon de dos hombres detenidos en una motocicleta y los fiscalizaron. Al momento del procedimiento, uno de los interrogados sacó de su ropa la granada y la lanzó directamente al cuerpo de los policías, impactando en la cabo Rayén Currihuil, de 23 años.

Es un hecho violento que ha provocado conmoción nacional y que determinó en que se impulsaran medidas con un nuevo plan de control territorial que el Gobierno exigió a las policías. Se han sumado al caso de la carabinera tres secuestros extorsivos, entre ellos el de un empresario, que ocurrieron en menos de una semana.

El cambio de tono sobre la migración irregular, como el de Boric, también ha venido desde parlamentarios oficialistas. El diputado socialista Tomás de Rementería, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, ha dicho en Radio Infinita que “teníamos romantizada la migración, pero ahora nos damos cuenta de que la migración debe ser ordenada y responsable. Eso favorece a que las personas buenas puedan cambiar de país sin problema”.

La crisis de seguridad que enfrenta Chile cruza diariamente la agenda del país sudamericano. Y el álgido debate se produce a menos de un mes del plebiscito donde Chile votará, el 17 de diciembre, una nueva Constitución. Precisamente, la opción A Favor, que encabeza la oposición, la derecha tradicional y el Partido Republicano, ha impulsado su discurso en torno al tema. De hecho, la propuesta de texto destaca al abordar una serie de artículos al respecto.

Ayer, la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), uno de los principales sondeos del país, tal como la versión de julio, volvió a poner como el primer problema al que debería abocarse el Gobierno, a la delincuencia, los asaltos y los robos, con un 51%. Incluso, por sobre la salud, las pensiones y la educación. Además, arroja que un 45% está de acuerdo con que se “se deben suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia”.

En el mismo estudio, un 69% de los habitantes de Chile consultados se manifestó muy de acuerdo con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad. Ha sido un salto respecto del sondeo realizado hace seis años, entre abril y mayo de 2017, cuando un 41% opinaba de esa manera, y un cambio radical respecto de la visión de diciembre de 2003, cuando solo el 35% creía que había una relación entre crimen y migración.

Según dijo a EL PAÍS el investigador del CEP Aldo Mascareño, la mayor percepción de un vínculo entre criminalidad e inmigración que arrojó la encuesta se debe “a los casos más resonantes en los que han estado involucrados ciudadanos extranjeros, especialmente desde 2022 en adelante”. “Como distintos análisis han dicho, este tipo de redes de criminalidad tiene que asentarse territorialmente, y esto lo logran por medio de acciones visibles que generen impacto. Este es un fenómeno nuevo en Chile”, que no existía en la medición de 2017 ni de 2013.

Pero, agregó Mascareño,“para tener un panorama correcto de un proceso social tan complejo como la inmigración, hay que considerar otras respuestas de la población chilena en esta materia”. Por ejemplo, que la misma encuesta muestra que un 54% piensa que los inmigrantes vienen a Chile porque su país está en crisis y un 27% porque buscan mejores oportunidades laborales. “Es decir, si bien ha aumentado la percepción de una asociación entre crimen e inmigración, la percepción de los inmigrantes en general es más matizada”, dijo.