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CONSTITUCIÓN CHILE
Tribuna
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¡Retiren todas las enmiendas!

Todo indica que la energía se va a concentrar en quién logra describir mejor al adversario como responsable de hundir el proceso constitucional

Beatriz Hevia, presidenta del consejo constitucional y militante del Partido Republicano
Beatriz Hevia y Aldo Valle durante la instalación del Consejo Constitucional, en Santiago, el pasado 7 de junio.Esteban Felix (AP)

El proceso constituyente atraviesa una crisis. A las dificultades para conectar con la ciudadanía, se suma la discordia entre los consejeros de las distintas bancadas. Con el supuesto objetivo de limar asperezas, el miércoles 6 de septiembre los consejeros de izquierda solicitaron que todas las bancadas retiraran conjuntamente todas las enmiendas presentadas. Esto coincide con algo que el oficialismo ha manifestado en distintas instancias: el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta sería su línea roja. No hay voluntad de moverse mucho más allá. No deja de ser paradójico, luego de las críticas destempladas que hubo desde las mismas izquierdas a la participación de expertos en el proceso.

Pero esto no tiene que ver solo con su conformidad con el anteproyecto. Hay también una razón política: en la discusión de los expertos, derecha e izquierda empataban en número de votos, mientras que en el Consejo Constitucional, el Partido Republicano (PR) de José Antonio Kast cuenta con la mayoría. Sumado a la centroderecha, tienen votos suficientes para aprobar artículos sin el concurso de las izquierdas.

Pese a los errores que ha cometido el PR durante el proceso (como forzar varias votaciones en comisiones sin tener acuerdo con la izquierda), sí han demostrado voluntad de ceder en materias muy sentidas para su electorado. Para el oficialismo, sin embargo, esto no es suficiente, y por eso el llamado a retirar todas las enmiendas. Para explicar esto, es necesario indagar en un quiebre más profundo, que ya delineó el filósofo Max Colodro en su libro Chile indócil (Tajamar, 2020). Para una parte no menor de las izquierdas chilenas, la derecha sencillamente carecería de legitimidad para gobernar. Según Colodro, la Concertación (1990-2010) no logró aquilatar que después de 20 años de gestión y construcción del país, el sector asociado a la dictadura ganara elecciones democráticas con mayoría absoluta. Este impacto emocional ha contribuido a las tensiones en Chile en la última década.

La lógica descrita aplica perfectamente al momento actual. Ahí parece radicar el disenso final, que revelan las declaraciones de Flavia Torrealba, de la Federación Regionalista en noviembre de 2022: “Creemos, como FRVS, que este momento constituyente ya no existe”. Si las personas votaron a representantes de la derecha, el proceso no vale. C’est fini. Es cierto que el PR debe saber ganar y, sobre todo, abrirse a modificaciones a su agenda para darle viabilidad al proyecto. Pero, también, las izquierdas deben saber perder y asumir que no podrán plasmar todo lo que quisieran en la propuesta constitucional. No ha sido el caso.

Así, la negociación llegó a un punto muerto la madrugada del jueves. Luego del cierre de la última mesa negociadora, el consejero republicano Sebastián Figueroa tuiteó: “…cuando no hay voluntad de la contraparte, es imposible avanzar. Llegó la hora de votar”. En democracia, esa es la manera de zanjar los disensos. Pero esta crisis abre un abismo político mayor. Las derechas tienen la tentación de cerrar toda tratativa con su contraparte, poner el pie en el acelerador y no mirar atrás; aprobar sus enmiendas, incluso las más radicales, y seguir a toda marcha hacia un texto final.

Incluso, es posible que este proyecto logre ser aprobado en el plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre. Sería difícil que el PR lograra por sí solo este propósito, pero desde hace algunos años que en Chile nada es imposible. Con todo, parece una mala salida al problema constitucional: dado que los usuarios principales de la Constitución son los partidos políticos, aprobarla sin su participación no logra cerrar el disenso que tenemos en este respecto.

Porque, recordemos, uno de los aspectos cruciales para dar viabilidad al funcionamiento de una nueva Constitución es que sea un pacto de élites. Es evidente que existirán importantes diferencias entre los sectores políticos. Pensar que una Constitución logrará neutralizar las diferencias es una utopía peligrosa y naïve. Pero al menos debiera contener un conjunto de mecanismos para encauzar esas diferencias, y que sean respetados por todos. Es lo que no sucede con la Constitución vigente; la cual se ha visto socavada por las malas prácticas de los propios actores políticos

Mientras tanto, todo indica que la energía se va a concentrar en quién logra describir mejor al adversario como responsable de hundir el proceso constitucional. Un paso más en la profundización lenta pero inexorable de nuestra crisis política.

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