Chile cierra la primera etapa en su camino para reemplazar la Constitución de Pinochet

“Se da por despachado el anteproyecto de nueva Constitución”. Así fue como cerró la jornada este martes 30 de mayo, con la voz quebrada de emoción, la presidenta de comisión experta, la abogada Verónica Undurraga, líder de un órgano nombrado por el Congreso chileno y que ha elaborado desde el 6 de marzo un borrador de nueva Carta Magna. La frase fue sucedida por los aplausos inmediatos de los otros 23 integrantes y de la entonación del Himno Nacional de Chile que comenzó a cantar el consejero socialista Gabriel Osorio y al que se sumaron todos los integrantes.

Undurraga, independiente por el Partido Por la Democracia (PPD), de la centroizquierda oficialista, relevó que durante el proceso los unió “un propósito común”: “Redactar el mejor texto posible pensando en el Chile del futuro. Una Constitución que no es la Constitución soñada para ninguno de nosotros, pero sí una Constitución bajo la que todos sintamos que podemos convivir y que sentimos como propia”.

Chile cerró así la primera fase de este segundo intento en tres años de elaborar una nueva Constitución, luego de que en septiembre del año pasado un 62% de la ciudadanía rechazara la propuesta de la Convención Constitucional, una propuesta que cambiaba profundamente la institucionalidad chilena. Es un nuevo intento para reemplazar a la Carta Magna actual que, aunque ha tenido modificaciones profundas y desde 2005 lleva la firma del expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), tiene su origen en 1980 en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Ahora, el anteproyecto de la ley de leyes, que tiene 14 capítulos, 118 páginas y será afinado en redacción la próxima semana, se entregará al Consejo Constitucional, el órgano paritario electo de 50 integrantes que asumirá el 7 de junio y en el que el Partido Republicano, de derecha extrema, tiene una mayoría: en los comicios del 7 de mayo pasado, obtuvo el 35% de los votos. Los conservadores, por sí solos, tendrán 23 consejeros.

La comisión experta fue nombrada por el Congreso a propuesta de los partidos políticos con representación parlamentaria, por lo que se compone de representantes de todos los sectores, desde el Partido Comunista a los republicanos. La mayoría de sus miembros son juristas y, cuando asuma el Consejo Constitucional, sus integrantes se sumarán, pero solo con derecho a voz.

Ha sido un proceso de casi tres meses que ha estado marcado desde el inicio por los acuerdos y la sobriedad de sus integrantes. Además, a diferencia de la experiencia anterior, fue formulado por un acuerdo político transversal con varios límites, entre ellos 12 bordes constitucionales que sus miembros no podían traspasar. Moderada desde el principio, la comisión experta ha entregado un anteproyecto que, si bien presenta algunos cambios sustanciales, sigue la tradición constitucional chilena. La principal modificación, de fondo, ha sido la consagración de que Chile se organiza es un Estado social y democrático de derecho, una lucha impulsada desde hace años por la centroizquierda y a la que la derecha se sumó.

El vicepresidente de la comisión experta, Sebastián Soto, de Evópoli, partido de la derecha moderada, destacó al final de la jornada: “Hemos aprendido a buscar caminos comunes para proponer al Consejo una Constitución de consenso, que convoque, que no divida. Una Constitución que no sea de un partido, sino que aspire a ser el proyecto de Constitución de todos. Puede tener algunos artículos que a cada uno de nosotros no nos gustan tanto, pero que que final nos satisface colectivamente”.

Lo nuevo del texto

El texto propuesto por la comisión mantuvo el presidencialismo chileno, pero incorporó novedades en la figura del presidente de la República, limitando la reelección: “Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período inmediatamente siguiente. Con todo, una persona solo podrá ejercer el cargo de Presidente de la República hasta dos veces”.

Otra novedad, respecto del texto actual, es un mecanismo de participación ciudadana en el proceso de formación de leyes. Una es la iniciativa popular de ley, que señala que “un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al cuatro por ciento del último padrón electoral y no superior al seis por ciento (...), podrá presentar a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. No será procedente este mecanismo para reformar la Constitución”. Otra, es la iniciativa de derogación de ley. Ambas normas, sin embargo, tienen varios pasos que sortear.

Donde hubo una intervención mayor fue en el sistema de partidos políticos, pues se estableció un umbral del 5% de los votos válidamente emitidos para acceder a las elecciones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es un cambio que se ha impulsado dada la fragmentación política que tiene Chile, donde en el Parlamento hay 21 fuerzas. Además, se aprobó una norma antidíscolos que implica que los parlamentarios que fueron electos por un partido y renuncien, perderán su escaño.

No es todo. También a los partidos legalmente constituidos se les incorporó órdenes: “La ley regulará los casos, la oportunidad y forma en que los órganos directivos de un partido político podrán dar órdenes de partido a sus afiliados parlamentarios”. Son determinaciones que serán excepcionales y “deberán referirse a asuntos en los cuales estén directamente en juego los principios del partido o su programa. Con todo, no podrán darse órdenes de partido cuando el parlamentario deba resolver como jurado”, dice el nuevo artículo.

La propuesta reconoció, por primera vez en la historia, a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, que es “que es una e indivisible”. Y aprobó artículos que aseguran la participación política de las mujeres. Por ejemplo, visó una norma, aunque solo transitoria, sobre paridad de género para que en las elecciones ningún sexo supere la proporción 60%-40%.

Además, se incorporó por primera vez el derecho la vivienda adecuada; el derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación, y también un capítulo nuevo sobre protección de medioambiente, sostentabilidad y desarrollo.

A partir del 7 de junio, el Consejo Constitucional tendrá seis meses para trabajar el texto. El 17 de diciembre, un plebiscito de salida dirimirá si Chile podrá o no remplazar a la Constitución que nació en la dictadura.

De acuerdo a la encuesta Cadem, divulgada el domingo, un 45% de los consultados confía en el papel que han cumplido los expertos, aunque solo el 14% declara que se ha informado mucho o bastante sobre la propuesta de nueva Constitución que trabajaron los especialistas. Sobre el plebiscito de diciembre, un 46% votaría en contra del texto, 10 puntos más que hace dos semanas. Un 34%, en tanto, dice que aprobaría la propuesta en el referéndum, seis puntos menos que la última medición. Mientras, un 20% dice que no sabe o no responde, cuatro puntos menos que la anterior encuesta. En cuanto a las fuerzas políticas, el 49% declara que le generan confianza los consejeros del Partido Republicano, de la extrema derecha; un 34% de los consejeros de Chile Vamos, de la derecha tradicional, y 31% los del Frente Amplio, comunistas y socialistas.