Chile busca el consenso al redactar la nueva Constitución para evitar el fiasco de la anterior

Chile ha comenzado este lunes a escribir una propuesta de nueva Constitución con la instalación de una comisión de 24 expertos, 12 hombres y 12 mujeres, elegidos por el Congreso. El país sudamericano intenta reemplazar su actual Carta Magna por segunda vez en menos de cuatro años, luego de que en septiembre de 2022 un 62% de la ciudadanía rechazara la anterior propuesta. El grupo, conformado en su mayoría por juristas, será liderado por una mujer, como pedía el progresismo: la abogada Verónica Undurraga, del Partido por la Democracia (PPD), de centroizquierda oficialista. La derecha, mientras, se ha quedado con la vicepresidencia, en manos del constitucionalista Sebastián Soto, cercano al expresidente Sebastián Piñera y representante de Evópoli, una formación opositora.

La comisión de expertos ha tomado posesión esta mañana en una ceremonia sobria en la sede del Senado en Santiago de Chile. Tiene tres meses para elaborar un texto que servirá de base para el trabajo del consejo constitucional, un órgano paritario de 50 consejeros que será elegido por la ciudadanía el 7 de mayo próximo. Esta etapa arranca con un desafío: el desinterés y la desconfianza de los chilenos con el actual proceso constituyente, según reflejan diferentes encuestas. De acuerdo al sondeo Pulso Ciudadano, aunque un 50,9% de la población está de acuerdo con cambiar la Constitución, un 57,1% tiene nada o poca confianza en el nuevo proceso.

El recato y moderación de la ceremonia en la que asumió la comisión, que no contó con autoridades invitadas, se reflejó desde la discreta llegada de los consejeros al edificio del Parlamento hasta en las palabras de varios integrantes. Dos conceptos se repitieron: sobriedad y respeto. Pese a que no era obligatorio, el grupo cantó el himno nacional apenas comenzó la ceremonia donde asumieron oficialmente. Fue la derecha la que pidió hacerlo la semana pasada y hubo consenso en realizar el gesto. Fue un guiño a las tradiciones patrias y a la historia que la anterior convención pasó por alto y que provocaron, en parte, que los chilenos rechazaran abrumadoramente su propuesta en el referéndum de septiembre.

Previo a la ceremonia, el grupo de expertos se reunió con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Álvaro Elizalde y Vlado Mirosevic, respectivamente, ambos del oficialismo. Los 24 comisionados se sentaron mezclados, sin diferencias por bloque político. “La República está en sus manos”, les dijo Elizalde, militante socialista.

Chile ha vivido un largo proceso para cambiar la Constitución que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que ha sido reformada en decenas de ocasiones en democracia. Fue el camino que ofreció la clase política a la ciudadanía luego del estallido social de octubre de 2019. Tras el fracaso del proceso en septiembre pasado, cuando Chile rechazó un proyecto que buscaba cambiar gran parte de la institucionalidad chilena, la mayoría de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento lograron un nuevo acuerdo político para intentarlo otra vez, pero de una forma completamente distinta a la anterior: se establecieron 12 bases constitucionales que no se pueden romper –como que Chile siga siendo un Estado unitario–, la instalación de esta comisión de expertos que arrancó hoy y que trabajará antes de que asuman los consejeros electos y, adicionalmente, un comité técnico de 14 juristas que actuará en calidad de árbitros.

Los consensos

El experto de mayor edad, el exministro de Justicia del segundo Gobierno de Piñera, Hernán Larraín (75 años), dirigió la ceremonia en la sede del Parlamento en Santiago de Chile, en el centro de la ciudad. Apenas los comisionaros aceptaban el cargo, se escuchaban unos sobrios aplausos en el edificio de fines del siglo XIX, testigo de los principales acontecimientos de la vida política chilena de las últimas décadas.

Tanto la ceremonia como la actitud de los 24 expertos estuvo marcada por el bajo perfil y el orden. Fue un contraste total con lo que ocurrió el 4 de julio de 2021, cuando se instaló la convención constitucional que redactó el proyecto rechazado. Este lunes no hubo incidentes en la calle, como hace dos años. La falta de acuerdos en el proceso anterior, que luego se vieron reflejados en el propio texto, hizo que hasta la elección de la mesa directiva se prolongara durante varias horas. En esta ocasión, sin embargo, no ocurrió lo mismo. Los especialistas, que parecen esmerados en no cometer los mismos errores, eligieron en menos de 30 segundos a su presidenta y vicepresidente, con votación a mano alzada. Fueron los dos nombres que ya estaban consensuados.

“Como presidenta de esta comisión experta quiero que mi sello sea el respeto por mis compañeros y compañeras de trabajo, y por el personal de apoyo que nos ayudará en esta tarea”, aseguró Verónica Undurraga apenas fue electa. “Nadie debe sentirse invisible, nadie debe sentirse pasado a llevar, ni vencidas ni vencidos. Por el contrario, su bienestar, el respeto a sus proyectos de vida, su dignidad, la protección de su dignidad será nuestro objetivo”, agregó la abogada de centroizquierda, que llegó a la comisión por el partido PPD, la colectividad del expresidente Ricardo Lagos (2000-2006). La actual ministra del Interior, Carolina Tohá, pertenece a este partido.

La integración de la mesa directiva reflejó la moderación con que arranca este nuevo proceso constituyente. La izquierda de la alianza oficialista Apruebo Dignidad, compuesta por el Partido Comunista y el Frente Amplio de Boric, no tendrá un papel protagónico, aunque sus representantes se instalaron estratégicamente en las subcomisiones temáticas donde les interesa influir, como la de sistema político y la que se hará cargo de los derechos sociales.

La primera tarea de la comisión experta será elaborar un índice del anteproyecto constitucional. Trabajarán a contrarreloj, porque en 90 días su propuesta debe estar lista para entregarla al consejo constitucional, que asumirá sus funciones el 7 de junio.

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