El Gobierno chileno denuncia ante la Justicia la filtración de un audio de Boric en una reunión sobre seguridad

El Gobierno chileno de Gabriel Boric ha denunciado ante la Justicia la grabación y filtración de una conversación privada del Presidente con un grupo de 18 parlamentarios de diferentes sectores políticos, representantes de Arauco, Biobío y La Araucanía, donde se abordó la crisis de seguridad pública que afecta a la zona sur del país que solo ha crecido y agravado en los últimos años. El encuentro entre el mandatario y los congresistas se produjo el martes de esta semana en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la ciudad de Viña del Mar, a unos 120 kilómetros de la capital chilena. En la cita, solicitada por los propios parlamentarios antes de una próxima visita del jefe de Estado a estas regiones, Boric abordó asuntos delicados en materia de seguridad, que, de acuerdo a La Moneda, podrían complotar contras las medidas para intentar parar la violencia. “Es de las cosas más insólitas que hemos visto en una reunión con el Presidente”, aseguró la mañana de este jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, la primera autoridad en denunciar públicamente los hechos.

“Ustedes ven que yo sin tapujos he ocupado la palabra terrorismo”, aseguró el Presidente en esta reunión que, según Tohá, fue “muy positiva”. Luego de conocer la filtración, que fue reproducida textualmente por algunos medios de comunicación, Boric estaba “muy impactado”, según contó su ministra. “Realmente es muy desconcertante”, dijo la líder de la cartera de Interior, que reconoció la preocupación del Gobierno por lo sucedido. “Está fuera de los códigos de una reunión de esta naturaleza, ciertamente”, relató Tohá.

La noche de este jueves, tras la polémica, el diputado opositor Miguel Mellado, del partido RN, de la derecha tradicional, reconoció haber sido él quien filtró el audio. Aunque más temprano había condenado el hecho –“es lamentable que se quiebren las confianzas”, dijo–, a través de un comunicado ha explicado que no estaba presente en la primera parte de la reunión cuando “se comentó la prohibición de grabar”.

“Desconociendo lo anterior es que grabé estos 10 minutos de la última parte de la reunión en donde se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar y, frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región”, dijo el diputado por La Araucanía. Mellado agregó que compartió el audio “creyendo que no era una reunión de carácter secreto” y, junto con disculparse ante los involucrados, dijo estar “disponible a conversar con el Presidente si así lo estima pertinente”.

Un hecho “gravísimo”

En el Gobierno chileno se había recalcado que el Presidente pidió expresamente a los invitados no grabar y que fue aceptado por todos los presentes. Cuando se produjo hace un tiempo una reunión similar con los mismos invitados, Boric explicitó que el encuentro no podría registrarse, justamente por lo delicado de las materias tratadas. Entonces, según informan desde La Moneda, los parlamentarios se habrían ofendido por la advertencia presidencial.

Los hechos denunciados podrían constituir una infracción al artículo 161a del Código Penal chileno, que tipifica aquellas conductas de quien “sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado”. El Gobierno realizó la denuncia en Valparaíso y “será derivada a la Unidad Regional Anticorrupción, para la instrucción de las diligencias pertinentes”, aseguró el Ministerio Público.

El ministro que lleva las relaciones con el Congreso, el socialista Álvaro Elizalde, por la mañana aseguró que el hecho era “gravísimo”. El líder de la Secretaría General de la Presidencia detalló que esta reunión fue convocada por el Presidente a petición de los propios parlamentarios “para tratar un tema muy sensible, que es, precisamente, el de seguridad en esa zona”. Fue Elizalde el que anunció que un registro de esta naturaleza podría revestir carácter de delito, por lo que, conforme a la ley, el Gobierno realizaría una denuncia que abra paso a una investigación correspondiente. “Nos parece que es grave, más cuando se tratan temas sensibles de seguridad”, aseguró Elizalde, antes que la denuncia se concretara este jueves a mediodía.

Para el ministro de Boric, lo que sucedió “lesiona confianzas que son fundamentales para el diálogo que tiene que existir entre las distintas autoridades” y que se trata de “una transgresión respecto de las normas mínimas de confianza que debe existir en conversaciones de esta naturaleza”.

El Gobierno se comunicó con cada asistente a la cita del martes para informarles de la medida y trabajará en un protocolo para futuros encuentros con el Presidente y, así, evitar que se sigan filtrando conversaciones. Mientras, el hecho ha provocado diferentes reacciones políticas. El líder del Partido Republicano de la derecha conservadora, José Antonio Kast, fue uno de los primeros en criticar lo sucedido. “La denuncia de grabación ilegal de la reunión con el Presidente Boric por parte de asistentes a una reunión en Cerro Castillo no es una anécdota. Es un delito grave que tiene que ser denunciado, investigado y sancionado”, indicó una de las voces fuertes de la oposición.

Para el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, del oficialismo, el responsable de la grabación y filtración debería “ser desaforado”. Mientras, el líder del Senado, Juan Antonio Coloma, del partido de derecha UDI, “por el hecho de ser parlamentario, nadie está al margen de lo que pueda ser un acto delictual”.

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