El Gobierno de Boric pedirá una “aclaración” a la Corte Suprema por el fallo que tiene contra las cuerdas al sistema privado de salud

La presidenta subrogante de la sala constitucional de la Corte Suprema, la magistrada Ángela Vivanco, ha producido un sorpresivo cambio en la discusión sobre la aplicación de un fallo judicial que tiene contra las cuerdas al sistema de salud privado en Chile, un problema de máxima importancia para el Gobierno de Gabriel Boric. En una entrevista publicada este domingo por el periódico La Tercera, Vivanco se refirió al universo de personas que debían recibir una compensación de las aseguradoras (conocidas como isapres) por cobros en exceso, lo que fue determinado en una sentencia de fines de noviembre de 2022. “Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a quienes demandaron”, informó la jueza integrante de la preponderante tercera sala, lo que generó inmediatas reacciones políticas y de diferentes sectores. La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Ejecutivo pedirá una “aclaración” respecto del alcance de las declaraciones, porque el total de beneficiados por las devoluciones cambia radicalmente la profundidad de la crisis de un sistema con tres millones de afiliados.

El presidente de izquierdas Gabriel Boric también se refirió a los dichos de la magistrada. “Por supuesto que sorprenden las declaraciones de la ministra Vivanco, pero como en Chile las instituciones funcionan lo que nosotros vamos a hacer es presentar un recurso de aclaración, tal como ya lo hiciéramos en enero y esperar cuál es la resolución de esto porque es muy importante que todos convengamos. Yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que los fallos hay que cumplirlos”, dijo en una entrevista con el canal Chilevisión. El 1 de junio, durante el discurso en su Cuenta Pública, el mandatario también abordó la situación de la salud privada, lo que refleja su relevancia: “Compatriotas, quiero referirme directamente a un tema contingente y delicado para cerca de tres millones de personas que hoy están afiliadas a una isapres: las isapres han sido condenadas por la justicia a devolver los cobros excesivos que realizaron a sus usuarios durante años”, dijo. “Como he señalado antes, mi Gobierno está abierto a acordar soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte Suprema de manera responsable, y que no ponga en riesgo las prestaciones a estas miles de familias. Podemos mejorar la ley corta que presentamos a tal efecto. Pero reitero: Chile no podría entender un nuevo perdonazo”, agregó.

El documento que marcó la pauta

El problema se incuba desde hace varios años. En diciembre de 2019, dos meses después del estallido social chileno, la Superintendencia de Salud (SIS) del Gobierno de derecha de Sebastián Piñera dictaminó, a través de una circular administrativa, que las isapres ya no podrían cobrar valores diferenciales por sexo o edad y solo habría una tabla de factores para todos los cotizantes. Las isapres, entonces, aplicaron esta nueva alza solo a quienes entraron al sistema a partir de abril de 2020, pero mantuvieron las reglas anteriores para sus antiguos afiliados. El fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022 las obligó a aplicar de forma retroactiva los cobros en exceso y usar la nueva tabla de factores –sin sesgo– para todos sus cotizantes, independientemente de cuándo hayan entrado al sistema. Y esa fue la lectura que hicieron las autoridades y especialistas sobre la sentencia, que tenía efectos generales.

El Gobierno del presidente Boric calculó en unos $1.400 millones de dólares lo que debían devolver las isapres, de acuerdo al fallo. Es un monto que, según aseguró la industria, no podría solventar, advirtiendo su posible final. En este escenario, tres millones de cotizantes de sectores medios y altos del país sudamericano podrían haber quedado a la deriva y, eventualmente, tendrían que haber ingresado al sistema público de salud, Fonasa. La sanidad privada chilena, que se creó en 1981 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), enfrenta un momento especialmente complejo: lleva dos años de pérdidas que, solo en 2022, se cuantificaron en unos 169 millones de dólares. A ello se suman las deudas que mantienen con las clínicas privadas, de unos 600 millones de dólares.

El 12 de mayo pasado, el Gobierno chileno ingresó al Congreso un proyecto de ley para que las isapres cumplan el fallo de la Corte Suprema. El Ejecutivo de izquierdas, que llevaba meses buscando una solución, lo hizo a días de que se cumpliera el plazo que le puso el máximo tribunal de justicia a la Superintendencia de Salud, que es un órgano estatal, para hacer los cálculos y ver la forma de implementar el dictamen, que se cumplía el 30 de mayo. La aplicación del fallo tensionó al propio Ejecutivo chileno –donde conviven distintas miradas sobre el sistema de salud privado– y despertado las críticas de una industria en peligro de colapso.

Las palabras de este domingo de la ministra Vivanco, por lo tanto, han cambiado el foco del debate: si los excedentes de las aseguradoras serán devueltos solo a las personas que demandaron y no a todos los afiliados, cambiaría la profundidad de la crisis. Pero el Gobierno ha sido cauto. La ministra Tohá, entrevistada por el programa de televisión Mesa Central, de Canal 13, reconoció: “Esto es una novedad, por decir lo menos”. “Obviamente lo que vamos a hacer, a través de la Superintendencia de Salud, es pedir una aclaración respecto al alcance que tienen estas declaraciones”. La jefa de Gabinete del Ejecutivo mencionó que “el planteamiento de la ministra subrogante se hizo en el contexto de una entrevista y hay que buscar que se aclare de manera formal, a través de un recurso de aclaración”.

El mismo tono tuvo el ministro de Justicia, Luis Cordero: “Yo en esto sería relativamente cauteloso. Aquí lo que importa es lo que dice una sentencia judicial. Hoy existe un nuevo criterio que nace a partir de la entrevista de la ministra Vivanco y, por lo tanto, lo responsable y razonable es solicitar esa aclaración en base a esta nueva declaración. De modo que sea una resolución judicial y no una simple declaración de prensa la que defina los contornos de las obligaciones que están asociadas”.

Desde el Congreso, algunos parlamentarios han sido más directos. El presidente de la comisión de salud de la Cámara de Diputados, Tomás Lagomarsino, aseguró que el fallo era claro que se aplicaba “para todos los contratos individuales de salud que administra” cada isapre. “Si la Corte Suprema a través de una aclaración y no por la prensa señala que solo se debe devolver a quienes demandaron, cambia todo. En este caso, habríamos hecho el loco por meses [perdido el tiempo]”, indicó el parlamentario del Partido Radical, que forma parte del oficialismo.

En el camino de este debate, de primera importancia para el país, será crucial conocer la respuesta de la tercera sala constitucional de la Corte Suprema al Gobierno. Y no resulta evidente, porque en marzo, Vivanco explicó que el fallo tendría un efecto general y no solo sobre las personas que demandaron.