Chile reubica a decenas de sin techo que vivían en carpas en la principal avenida de la capital
Un plan del Gobierno y de distintos municipios saca de la calle a 199 personas, la mayoría menores de edad, que vivían en la Alameda de Santiago
Un plan del Gobierno de Gabriel Boric en conjunto con diferentes municipios de Santiago de Chile ha permitido reubicar al 92% de las personas que vivían en en viviendas improvisadas en la Alameda, la avenida más emblemática de Santiago. Esta semana, las carpas que habían proliferado en los últimos años prácticamente han desaparecido. Según el último conteo realizado en 2022, en un tramo de 8,3 kilómetros vivían 199 personas en 117 carpas y rucos, como se les conoce en Chile a las viviendas de emergencia entregadas en el país tras el megaterremoto de 1960. Del total, 125 eran niños, niñas y adolescentes. “Podemos decir que hoy no hay niños pernoctando en el eje Alameda-Providencia”, decía hace unos días la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.
Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, ha explicado que la instalación de carpas generaba distintos tipos de problemáticas. “Por un lado, la social, humanitaria, de las personas que pueden estar viviendo en esta condición de extrema pobreza. Por otra parte, la situación de seguridad que afecta a los vecinos y vecinas”, ha asegurado. Luego del estallido social de 2019, diferentes zonas de Santiago, en especial las céntricas, han enfrentado diversos problemas como la vandalización de locales comerciales, murallas, obras de arte y, sobre todo, la proliferación de viviendas y comercios informales. Las autoridades buscan frenar este asunto, con distintos grados de éxito, porque la ciudadanía pide mayor seguridad, de acuerdo a diferentes encuestas.
En las primeras pesquisas, las autoridades notaron que el 68% de las personas que vivían en el eje Alameda-Providencia llevaban más de dos años en esa situación. “La pandemia, la no utilización del espacio público y la ausencia del Estado durante mucho tiempo, fue provocando un caldo de cultivo de desorden que motivó a que la gente se dispusiese en estos lugares”, comenta a EL PAIS la delegada Martínez.
La Alameda es la avenida principal de Santiago y recorre el centro histórico de la ciudad. Si bien su nombre oficial es la avenida Libertador Bernardo O’Higgins, se le conoce de esta forma porque en los inicios de la República era un paseo peatonal repleto de álamos.
El desalojo del eje Alameda-Providencia se hizo en siete etapas en las que se ofrecían diferentes alternativas estatales a los ocupantes. En febrero pasado la cifra bajó a 75 personas y 50 instalaciones, según datos de la Delegación Presidencial de la región capitalina. “Si solo se retiran carpas y no se resuelve el problema de fondo, entonces el anuncio queda vacío. Una de las prioridades es hacer una política pública sostenible en el tiempo”, asegura Martínez.
Según reportó el Gobierno el martes, cuando se realizó el anuncio, el 63% de las personas adultas reubicadas son chilenas y, en general, corresponden a casos de larga data. Por otro lado, la mayoría de las familias donde había niños, niñas y adolescentes son migrantes, los que serían integrados tanto al sistema de salud como el educacional. El ministro Jackson detalló cómo se distribuirá a la gente. “En el caso de que sean familias, han sido ubicados en residencias que permiten albergar cuando existen niños, niñas o adolescentes. Los albergues son para personas o incluso para parejas cuando están en esta situación de calle. Para las personas mayores de 50 años que tienen una condición crónica, existe un programa desde el 2018 que se llama Vivienda Primero, que consta de un arriendo por más plazo, por 36 meses”, explicó el ministro.
Este es un proyecto piloto en el marco del Plan de Recuperación de Espacios Públicos, impulsado hace siete meses por el Gobierno de Boric. Según el Índice 2022 de Paz Ciudadana, fundación que investiga políticas públicas sobre seguridad, en Chile el 28% de las personas temen ser víctimas de un delito. Como respuesta, la Delegación Presidencial Metropolitana ha desarrollado distintas acciones para enfrentar el comercio informal y la delincuencia en puntos críticos de la región. Según datos de la misma entidad, estas medidas han reducido en un 32,8% los delitos de mayor connotación social (como robos, hurtos, ataques sexuales y homicidios).
Para la delegada presidencial de la Región Metropolitana, los logros del plan radican en “mejorar asuntos tan fundamentales como la sensación de seguridad en la calle”. “Hemos visto en estos días que las personas vuelven a usar el eje Alameda-Providencia para compartir, comer y transitar”, asegura. Las distintas autoridades involucradas en el proyecto pretenden expandirlo a otras zonas y, al mismo tiempo, evitar que la gente reincida.
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dio un ejemplo: “En el Parque Balmaceda teníamos ocho personas con problemas de salud mental, que pese a ser instalados en otras partes, vuelven. Hay una costumbre en vivir en situación de calle que es muy difícil de solucionar”. Martínez añade: “Debemos ser capaces de que estas personas confíen o vuelvan a confiar en el Estado, porque hoy están al margen de la vida pública”.
El Ministerio de Desarrollo Social adelantó que el plan será abordado en todo el país y por el momento se enfoca en las 25 comunas con mayor concentración de gente en situación de calle. Según el Registro Social de Hogares, a junio de 2022 el 43% pertenecía a la Región Metropolitana, es decir, 8.335 personas. La delegada Martínez enfatiza que, más allá de un piloto específico, esta política pública debe afrontar problemas globales a largo plazo como el acceso a salud mental, la crisis de vivienda y la crisis migratoria: “Hay que reordenar los espacios y reutilizarlos. Que vuelvan a ser ocupados por servicios, por personas, por una vida en común. Esto no es solamente una acción cosmética”.
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