Una juez pide al Supremo que investigue a la diputada Laura Borràs por contratos irregulares
La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso presuntamente adjudicó contratos a dedo a un amigo
El Tribunal Supremo decidirá si investiga a la diputada Laura Borràs (Junts per Catalunya) por adjudicar a dedo, de forma irregular, una serie de contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, ha remitido al Supremo una exposición razonada en la que detalla los hechos que atribuye a Borràs y que presentan indicios de delito. La Fiscal...
El Tribunal Supremo decidirá si investiga a la diputada Laura Borràs (Junts per Catalunya) por adjudicar a dedo, de forma irregular, una serie de contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López, ha remitido al Supremo una exposición razonada en la que detalla los hechos que atribuye a Borràs y que presentan indicios de delito. La Fiscalía deberá pronunciarse sobre ellos y el Supremo decidirá entonces si abre una causa penal contra Borràs, ya que es el órgano competente por la condición de aforada de la diputada.
Según la investigación en marcha en el juzgado de Barcelona, Borràs favoreció que se adjudicaran contratos irregulares a un amigo suyo, el informático Isaías Herrero. El ILC es un organismo público que depende de la Generalitat.
La juez investiga la adjudicación a dedo de trabajos digitales por parte de Borràs a un programador informático que, antes, había colaborado con ella en un máster que impartía en la Universitat de Barcelona (UB). Los trabajos de la ILC, encargados entre 2015 y 2017, ascienden a 45.500 euros.
Entre otras diligencias, la magistrada ordenó a los Mossos d'Esquadra un registro en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat para buscar los expedientes de esos trabajos. La sospecha es que Borràs troceó los contratos para evitar el concurso público y adjudicarlos a su antiguo colaborador.