La Generalitat ofrece ahora 53,8 millones para liquidar ATLL

El conflicto por la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) se recrudece a falta de tres días para que la empresa tenga que pasar a ser pública por decreto. La compañía, gestionada por un consorcio liderado por Acciona, se niega a entregar las llaves de ATLL si esta no se liquida antes. El pasado jueves pidió medidas cautelarísimas ante el juez, que las ha rechazado este viernes para que la Generalitat pueda presentar alegaciones en un plazo de tres días. Paralelamente, el Govern ha vuelto a calcular hoy la liquidación: de obligar a la empresa a pagar 38,4 millones pasa a ofrecerle 53,86 millon...

El conflicto por la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) se recrudece a falta de tres días para que la empresa tenga que pasar a ser pública por decreto. La compañía, gestionada por un consorcio liderado por Acciona, se niega a entregar las llaves de ATLL si esta no se liquida antes. El pasado jueves pidió medidas cautelarísimas ante el juez, que las ha rechazado este viernes para que la Generalitat pueda presentar alegaciones en un plazo de tres días. Paralelamente, el Govern ha vuelto a calcular hoy la liquidación: de obligar a la empresa a pagar 38,4 millones pasa a ofrecerle 53,86 millones como indemnización. Acciona pide más de 1.000 millones.

Las negociaciones para que la gestión de la principal mayorista de agua de Cataluña pase a ser completamente pública van a contrarreloj. El pasado mes de julio, el Govern aprobó un decreto ley que establecía que el 1 de enero de 2019 ATLL pasaría a ser de gestión pública. Pero el litigio por el cálculo de la indemnización podría poner en peligro el cumplimiento de este calendario.

La nueva propuesta de indemnización llega al mismo tiempo que el anuncio de la empresa de que no entregará las llaves hasta que se liquide la ATLL. El pasado jueves, la empresa pidió medidas cautelarísimas al TSJC para evitar salir de la ATLL el 31 de diciembre, tal como exigía la consejería. Al no haberse efectuado la liquidación, la empresa entiende que debe seguir prestando el servicio, y pidió al tribunal que obligase a la Generalitat a suspender todas las medidas contra Acciona. El juez da tres días a la Generalitat para presentar alegaciones, los mismos que quedan para que ATLL pase a ser pública.

El conflicto por ATLL, la empresa que suministra agua en alta a más de 140 municipios barceloneses, tiene su origen en la adjudicación de la que ha sido la mayor privatización llevada a cabo en Cataluña. La Generalitat otorgó la concesión en 2012, por 1.000 millones de euros a pagar en 50 años (300 millones se pagaron en aquel momento, mientras que el resto se financiaría con un cánon anual), a un consorcio liderado por Acciona. Tras años de litigio entre esta empresa y Aigües de Barcelona, que también optó a la concesión, el Tribunal Supremo anuló el contrato el pasado mes de febrero al entender que el sistema de adjudicación no fue adecuado.

El fiasco de la mayor privatización de Cataluña ha desembocado en un tira y afloja entre Acciona y sus socios y la Generalitat para determinar cuál es el valor de las indemnizaciones al rescindir un contrato que debía acabar en 2062.

En un primer momento Acciona cifró en 308 millones el reembolso de ATLL, pero el pasado mes de octubre anunció que pedirá 1.036 millones (305 por la liquidación del contrato y el resto en concepto de daños y perjuicios).

Por su parte, la Generalitat redactó un informe de liquidación. El primer cálculo obligaba a la empresa a pagar 38,4 millones de euros para rescindir el contrato. El resultado contable de la liquidación, chocante atendiendo a la petición que hacía la empresa, se basaba en la diferencia entre los ingresos obtenidos por la concesionaria (912,6 millones) y los gastos reconocidos (874,17 millones).

La semana pasada, la Generalitat asumió que este cálculo, realizado en noviembre, era erróneo, y encargó a la Agencia Catalana del Agua que rehiciera el informe de liquidación. Este viernes el departamento de Territorio y Sostenibilidad, que dirige Damià Calvet, ha anunciado el cambio de criterio y ha detallado que la rescisión del contrato implicará que la Generalitat tenga que pagar 53,86 millones de euros.

El departamento ha explicado en un comunicado que el cambio en la propuesta de liquidación se ha llevado a cabo siguiendo un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en noviembre dejó sin efecto la primera propuesta, que obligaba a la empresa a pagar. La comisión encargada de hacer los cálculos, según explica el departamento, “ha vuelto a valorar aquellos conceptos susceptibles de compensación, consistentes en gastos del contrato derivados de su invalidez”.

De los 53,86 millones que la Generalitat ofrece como indemnización, 46 millones corresponden a impuestos y tributos (42,2 millones por el impuesto de sociedades y 3,8 millones por el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados) que ya habían sido pagados por la compañía. Por ello la Administración insta a la concesionaria a reclamarlos a las agencias tributarias correspondientes. Si no se consigue la devolución por esta vía, la Generalitat abonaría esta cantidad.