Varapalo de la justicia a la Comunidad por sus recursos a Madrid Central

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó ayer denegar las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid (gobernada por el Partido Popular) contra las restricciones al tráfico en el centro de la capital decretadas por el Ayuntamiento, conocidas como Madrid Central. Los magistrados recuerdan a los organismos públicos su deber de cooperar y colaborar en aras del bien general y argumentan que “no pueden prevalecer intereses de otras Administraciones —no concretados— ni lo...

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó ayer denegar las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid (gobernada por el Partido Popular) contra las restricciones al tráfico en el centro de la capital decretadas por el Ayuntamiento, conocidas como Madrid Central. Los magistrados recuerdan a los organismos públicos su deber de cooperar y colaborar en aras del bien general y argumentan que “no pueden prevalecer intereses de otras Administraciones —no concretados— ni los intereses particulares” sobre el interés general. El tribunal todavía tiene que valorar el fondo del recurso.

Los demandantes habían argumentado en su recurso que, dada la dimensión Madrid Central, podría causar daños personales y materiales al conjunto de ciudadanos y empresas de la capital y el área metropolitana. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no aprecia que exista peligro de que los madrileños sufran un perjuicio “irreparable” si se mantiene la medida.

El Ayuntamiento aprobó Madrid Central con el fin expreso de aumentar la seguridad vial y mejorar la calidad del aire. La propuesta municipal entró en marcha el pasado 30 de noviembre estableciendo un área restringida a residentes y transporte público en el centro de la capital. Esta ha sido una de las medidas más ambiciosas del actual equipo de Gobierno y sigue el camino de otras ciudades europeas como Londres o París que están imponiendo límites al tráfico en la ciudad para mejorar la calidad del aire. Las restricciones en Madrid se han convertido en uno de los principales temas de la batalla política municipal y regional, pocos meses antes de las elecciones para renovar ambas Administraciones, el próximo 26 de mayo.

El auto es el segundo revés contra la paralización del plan; el primero fue un recurso presentado por Automovilistas Europeos Asociados que pidió la adopción de medidas cautelarísimas (con carácter de especial urgencia) justo un día antes de la entrada en vigor del plan. Fue rechazado.

En su escrito, los magistrados dan un tirón de orejas a ambas Administraciones, tanto al Gobierno regional de Ángel Garrido (PP) como al Gobierno municipal de Manuela Carmena (Ahora Madrid). Les recuerda que como organismos públicos su deber es “respetar en sus actuaciones los principios de cooperación y colaboración en aras a la eficaz consecución de los fines de interés general que demanda el ejercicio de sus propias competencias”. Y lamentan que esos principios “no han regido en este caso las relaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid” pese a la trascendencia para los ciudadanos del asunto.

Según los jueces, la ordenanza municipal busca intereses generales como la seguridad vial, la “necesaria, ordenada y respetuosa” convivencia entre los medios de transporte, la protección de la salud o la sostenibilidad medioambiental, entre otros. Y frente a ese interés general “no pueden prevalecer intereses de otras administraciones públicas —no concretados— ni los intereses particulares de los ciudadanos más intensamente afectados por las medidas”, argumenta el tribunal, sobre todo cuando esos eventuales perjuicios no son cuantificables.

Retirar el recurso

Ante la “contundencia” de la argumentación del TSJM, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, instó a que la Comunidad desista de seguir recurriendo Madrid Central por la vía judicial y por el contrario trabaje de forma coordinada con el Consistorio y coordine el transporte público.

Mientras, el delegado de Desarrollo de Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, celebró la decisión judicial señalando que políticos y jueces “van en la línea de garantizar el aire limpio”. Según Calvo, el PP anunció “el apocalipsis y una Gran Vía que iba a quedar vacía” mientras que se han incrementado un 40% el número de peatones y cada día transitan por esa zona 100.000 personas que aumentan a 160.000 los fines de semana. La portavoz municipal Rita Maestre calificó de “buenísima noticia” la decisión judicial en un tuit.

Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Pedro Rollán, negó que que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid fuese un “batacazo” ya que dijo que “eso no significa que no se siga analizando el fondo”. Mientras, la vicesecretaria de Comunicación y portavoz del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que si el PP gana las elecciones en la Comunidad de Madrid revertirá Madrid Central porque es una “medida totalitaria” que “ha generado problemas donde no los había”. Según Díaz Ayuso, el plan de Carmena es “irresponsable” y no se preocupa por los comerciantes del centro. En su opinión, el auto del TSJM no supone un varapalo a los planes del PP. “Al margen de lo que digan los tribunales, el año que viene vamos a revertir Madrid Central y eliminaremos los carriles bici que provoquen atascos”, concluyó Díaz Ayuso.