Una noche de 90 días en Las Sabinas

El zumbido de un motor quiebra el sosiego de Las Sabinas, un asentamiento ilegal junto al río Guadarrama en el que viven 800 personas. Las chabolas discurren por la franja izquierda del cauce. La mayoría pertenecen a Móstoles. Al cruzar la carretera de Extremadura el asfalto se convierte en barro y las viviendas se vuelven más frágiles. En esta parte del poblado, que ya pertenece a Arroyomolinos, los generadores son parte del paisaje. Los vecinos palían con ellos ...

El zumbido de un motor quiebra el sosiego de Las Sabinas, un asentamiento ilegal junto al río Guadarrama en el que viven 800 personas. Las chabolas discurren por la franja izquierda del cauce. La mayoría pertenecen a Móstoles. Al cruzar la carretera de Extremadura el asfalto se convierte en barro y las viviendas se vuelven más frágiles. En esta parte del poblado, que ya pertenece a Arroyomolinos, los generadores son parte del paisaje. Los vecinos palían con ellos la falta de electricidad desde hace tres meses. La compañía cortó el servicio al detectar enganches ilegales y ahora explica que “no se dan las condiciones necesarias para formalizar los suministros”.

“Estamos abandonados de la mano de dios. La mayoría somos ancianos, pero también hay muchos niños y enfermos que necesitan luz”, se queja Pedro Romero, de 76 años. Está sentado en la penumbra de su casa, la misma vivienda forrada con plásticos en la que lleva viviendo dos décadas. Durante ese tiempo ha tenido que sortear multitud de inconvenientes propios del abrupto lugar en el que reside junto a otras 200 personas, pero asegura que ninguno tan dramático como el problema que ahora les ocupa. “Si no fuese porque tengo una linterna, creería que estoy en la Edad Media. Vivimos en una noche permanente”, bromea el anciano frente a una pantalla de televisión apagada.

Sin suministro eléctrico tampoco hay agua, que proviene de los pozos. “Usamos el generador para cosas puntuales. No podemos tenerlo todo el día encendido porque la gasolina es muy cara y no tenemos dinero para pagarla. Son más de 10 euros al día. Por eso nuestras neveras están vacías, no vemos la televisión y nos duchamos cuando podemos”, explica Rosario Vargas. A su lado, Rosa Montaño, una vecina de 30 años, reconoce que la vida de las 60 familias que viven en la zona es muy complicada desde que no tienen luz: “Hay días que no puedo llevar a los niños a la escuela porque no puedo calentar agua para ducharles”.

“Las estamos pasando negras”

Pilar de la Flor, de 70 años, se siente perseguida: “Nos cortaron la luz sin avisar. No ocurre lo mismo en otras partes del poblado, que también son ilegales, como nosotros, pero les dejan engancharse al tendido. La estamos pasando negras”. Lo certifica María Monteiro, de 58 años. A su marido le acaban de operar de vejiga y cada madrugada tiene que cambiarle la bolsa de la urostomía. Le resulta imposible en la oscuridad. “Aquí nadie se ha negado nunca a pagar la luz, pero que nos pongan los postes y regularicen la situación”, exclama Faustino Navero. Y añade: “Ya pagamos el IBI, pero no nos vale para nada”.

Una portavoz de Iberdrola afirma que la solución depende de las Administraciones. La compañía no puede darles el alta en el suministro porque se trata de un asentamiento ilegal. Las familias afectadas han solicitado al Consistorio que intermedie. “La situación es compleja. El Ayuntamiento no puede decidir nada de forma unilateral porque intervienen otras Administraciones, así que cualquier decisión que adoptemos sería provisional y no reconocería ningún derecho”, señala el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez (Ciudadanos).

En enero de 2017, Iberdrola ya restableció el suministro eléctrico a casi un centenar de familias de Las Sabinas, estas del término municipal de Móstoles, que también estaban enganchadas ilegalmente al tendido. La decisión se produjo después de que el Ayuntamiento acordara una moratoria con la compañía. La intención era darles un margen de actuación hasta que se produjera el desmantelamiento del asentamiento ilegal y el realojo definitivo de las familias, un acuerdo que el Consistorio y la Comunidad firmaron en noviembre de 2013 y que debió estar concluido a finales del año pasado. Un portavoz del Gobierno regional indica que en los últimos días se han realojado cinco familias y que antes de que acabe el año la mayoría de las 49 con derecho a vivienda estarán ubicadas en su nuevo hogar.