Abierto juicio al exalcalde de Alicante por fraccionamiento de contratos
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Gabriel Echávarri 10 años de inhabilitación
La juez María Luisa Carrascosa ha decretado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri por un delito continuado de prevaricación que presuntamente cometió al fraccionar contratos para la promoción del comercio local. Según han confirmado a El PAÍS fuentes próximas a la causa, la magistrada ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción haya reclamado para el exalcalde 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
Junto a Echávar...
La juez María Luisa Carrascosa ha decretado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri por un delito continuado de prevaricación que presuntamente cometió al fraccionar contratos para la promoción del comercio local. Según han confirmado a El PAÍS fuentes próximas a la causa, la magistrada ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción haya reclamado para el exalcalde 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
Junto a Echávarri se sentarán en el banquillo de los acusados, por el mismo delito, dos de sus antiguos asesores, el que fuera jefe de su gabinete, Eduardo Díez, y el asesor de la Concejalía de Comercio -que dirigía el propio alcalde-, Pedro de Gea. Anticorrupción solicita la misma pena de inhabilitación para ellos, 10 años, como cooperadores necesarios.
La magistrada ha dejado fuera del objeto del futuro juicio el delito de usurpación de funciones que inicialmente apreciaba contra De Gea y Díez, pues ni el Ministerio Público, ni el PP, que ejerce la acusación particular, les atribuyen esa infracción. En su escrito, el PP reclama inhabilitar al exalcalde socialista 12 años y siete meses, y siete años a cada uno de los exasesores por su cooperación en las irregularidades.
Echávarri está pendiente además de la apertura de juicio en otro procedimiento penal. La Fiscalía ha solicitado ya para él una pena de 10 años de inhabilitación al entender que prevaricó al despedir a una funcionaria interina de la Concejalía de Cultura, Catalina Rodríguez, cuñada del entonces portavoz municipal del PP, Luis Barcala.
Doblemente procesado, Echávarri hizo oficial su dimisión el pasado 9 de abril. Su renuncia ha propiciado que el PP, con Barcala, como alcalde, recupere el poder en un feudo donde había gobernado dos décadas (1995-2015) con mayoría absoluta. Los populares se hicieron con el gobierno municipal el pasado jueves, al ser la lista más votada (ocho concejales) en los últimos comicios locales, después de que la candidata socialista, Eva Montesinos, no lograra los quince votos que dan la mayoría absoluta de la corporación.
El apoyo a Montesinos de los antiguos socios del PSPV-PSOE (Guanyar Alacant -confluencia de Izquierda Unida, Podemos e independientes- y Compromís, no bastó para sostener un gobierno de izquierdas en el consistorio alicantino. Nerea Belmonte, una tránsfuga de Guanyar que fue expulsada hace dos años de Podemos por adjudicar contratos a unos compañeros de partido cuando era concejal de Acción Social, votó en blanco y dio la Alcaldía a Barcala.
La causa por la que la magistrada ha abierto juicio ahora al exalcalde socialista se circunscribe al presunto fraccionamiento de 14 facturas por un importe total cercano a los 144.000 euros de la Concejalía de Comercio, que él mismo dirigía. Esas facturas, fechadas en diciembre de 2016, están relacionadas con el pago de cuñas publicitarias para promocionar el comercio local, la colocación de nuevos carteles en mercados municipales y la organización de la llamada Gala del Comercio de Alicante.
Aunque se tramitaron como contratos menores, tanto la juez, como la Fiscalía y el PP, que denunció las supuestas irregularidades, consideran que esas adjudicaciones debieron pasar por un concurso público. Los expedientes –inicialmente 25, por un importe conjunto de 190.000 euros- fueron anulados en su día ante los reparos expresados por un técnico y el interventor municipal y motivaron la constitución de una comisión de investigación en el ayuntamiento.
Según recoge el auto de procesamiento dictado en noviembre pasado por la juez Carrascosa, la actuación administrativa fue “arbitraria” y produjo un “resultado materialmente injusto”, pues acabó beneficiando a profesionales elegidos “por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia”.