PP y Ciudadanos volverán a enmendar la ley del suelo tras una sentencia judicial

La ley del Suelo de la Comunidad de Madrid volverá a enmendarse por decimoquinta vez desde que se aprobó en 2001, y por segunda vez desde que se inició en la Asamblea el debate para redactar una nueva norma que la sustituya. Los grupos de PP y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para aprobar por trámite de urgencia un cambio que permitirá ocupar nuevos edificios de viviendas sin que esté completamente terminada la urbanización de la zona, lo que incluye servicios bási...

La ley del Suelo de la Comunidad de Madrid volverá a enmendarse por decimoquinta vez desde que se aprobó en 2001, y por segunda vez desde que se inició en la Asamblea el debate para redactar una nueva norma que la sustituya. Los grupos de PP y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para aprobar por trámite de urgencia un cambio que permitirá ocupar nuevos edificios de viviendas sin que esté completamente terminada la urbanización de la zona, lo que incluye servicios básicos como calles, aceras, alumbrado, abastecimiento de agua y alcantarillado. La iniciativa llega después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de marzo de 2017 anulase las licencias de primera ocupación de una finca de varios bloques de edificios en Valdebebas (al norte de la ciudad de Madrid), precisamente, porque el Ayuntamiento de la capital las concedió antes de que estuviera completa la urbanización de toda la unidad de ejecución.

Las unidades de ejecución son las partes mínimas en las que se dividen los nuevos desarrollos urbanísticos a la hora de planearlos e irlos construyendo. El cambio legislativo previsto en la ley del suelo —el decimoquinto desde que se aprobó en 2001, el segundo desde que se inició en la Asamblea el debate para redactar una nueva norma que la sustituya— permitirá dividirlas más, en “fases o unidades funcionales independientes”. Estas podrán ser entregadas “al uso o servicio público de manera independientemente del resto de fases o unidades funcionales”, dice el proyecto de ley, cuya votación está prevista para el próximo jueves, después de dos retrasos consecutivos.

El Grupo Popular no ha explicado a este diario la razón de posponerlo, cuando a la vez se ha elegido para su tramitación el procedimiento de urgencia y por lectura única, es decir, sin posibilidad de introducir enmiendas.

De esto se quejan precisamente tanto el PSOE y Podemos como la ONG Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. “Este método ya es una marca del PP: prisas y modificación ad hoc para intentar sortear las sentencias judiciales que obligan a terminar la totalidad de las obras de un proyecto de urbanización para que se puedan otorgar licencias de primera ocupación. Ante el marasmo legislativo del urbanismo madrileño son los tribunales los que se ven obligados a interpretar la norma gracias a las múltiples denuncias de colectivos y particulares”, dice el diputado socialista Rafael Gómez Montoya. “Se trata simplemente de enmendar sus propios errores”, añade el diputado del Grupo de Podemos Alejandro Sánchez en referencia a que los mismos responsables del PP que concedieron en 2014 desde el Ayuntamiento las licencias que ha anulado la justicia ahora ocupan puestos de responsabilidad en el área de urbanismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Además, el hecho de aprobarlo a toda prisa solo puede significar, según la federación de vecinos y los ecologistas, solo puede significar que lo que pretenden es “puentear un fallo judicial y legalizar unas licencias de primera ocupación concedidas irregularmente”, ya esa misma medida se puede incluir en la nueva ley del suelo, que está previsto que vea la luz en los próximos meses.

Sin embargo, PP y Ciudadanos aseguran que la modificación legislativa no tiene que ver únicamente con los vecinos de finca de bloques de pisos de Valdebebas afectados por el fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid —que podrán “hacer una nueva petición de licencia que el Ayuntamiento podría tramitar de manera inmediata”, explica el diputado de Ciudadanos Enrique Veloso—, sino también con otras 5.000 personas que se encuentran en una situación similar en otros puntos de la capital, así como en Getafe, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y Alcorcón. “Hay tribunales que están discutiendo esas licencias, y en otros casos los Ayuntamientos no se atreven a darlas por si luego la justicia las echa atrás”, explica un portavoz del Grupo Popular. “Existe una urgencia social porque miles de familias afectadas están viendo interrumpido su proyecto de vida por un problema burocrático que tiene solución. No es lógico que estos madrileños sean los perjudicados ni que sufran costes económicos ni dificultades para planear la escolarización de sus hijos por ello”, añade Veloso.

Sin embargo, ecologistas y vecinos consideran “que el fallo judicial está cargado de razón porque la exigencia de que esté finalizada toda la urbanización es lógica, pues de lo contrario los nuevos barrios se harían a retazos incompletos con la consecuente carencia de servicios e inseguridad para sus habitantes”, dicen las dos entidades en una nota.

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Esas unidades son las partes mínimas en las que se dividen los nuevos desarrollos urbanísticos a la hora de desarrollarlos. El cambio legislativo permitirá dividirlas más, en "fases o unidades funcionales independientes". Estas podrán ser entregadas "al uso o servicio público de manera independientemente del resto de fases o unidades funcionales", dice el proyecto de ley cuya votación está prevista para el próximo jueves, tras dos retrasos consecutivos. El Grupo Popular no ha explicado a este diario la razón de posponerlo cuando a la vez se ha elegido para su tramitación el trámite de urgencia y por lectura única, es decir, sin posibilidad de introducir enmiendas. 

De esto se quejan precisamente tanto el PSOE y Podemos como . "Este método ya es una marca del PP: prisas y modificación ad hoc para intentar sortear las sentencias judiciales que obligan a terminar la totalidad de las obras de un proyecto de urbanización para que se puedan otorgar licencias de primera ocupación. Ante el marasmo legislativo del urbanismo madrileño son los tribunales los que se ven obligados a interpretar la legislación gracias a las múltiples denuncias de colectivos y particulares", dice el diputado socialista Rafael Gómez Montoya. "Se trata simplemente de enmendar sus propios errores", añade el diputado del Grupo de Podemos Alejandro Sánchez en referencia a que los mismos responsables del PP que concedieron en 2014 desde el Ayuntamiento las licencias que ahora ha anulado la justicia ocupan puestos de responsabilidad en el área de urbanismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Además, el hecho de aprobarlo a toda prisa el cambio de la norma, cuando la probación de la nueva ley del suelo que puede incluir ese mismo cambio está prevista para antes del verano, solo puede significar, según la federación de vecinos y Ecologistas, que la se pretende "puentear un fallo judicial y legalizar unas licencias de primera ocupación concedidas irregularmente".

Sin embargo, PP y Ciudadanos aseguran que el cambio legislativo no tiene que ver únicamente con los vecinos de los cuatro bloques de pisos de Valdebebas afectados por el fallo judicial — que podrán "hacer una nueva petición de licencia que el Ayuntamiento podría tramitar de manera inmediata", explica el diputado de Ciudadanos Enrique Veloso—, sino también a otras 5.000 que se encuentran en una situación similar en otros puntos de la capital, así como en Getafe, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y Alcorcón. "Hay tribunales que están discutiendo esas licencias, y en otros casos los Ayuntamientos no se atreven a darlas por si luego la justicia las echa atrás", explica un portavoz del Grupo Popular. "Existe una urgencia social porque miles de familias afectadas están viendo interrumpido su proyecto de vida por un problema burocrático que tiene solución. No es lógico que estos madrileños sean los perjudicados ni que sufran costes económicos ni dificultades para planear la escolarización de sus hijos por ello".

Sin embargo, ecologistas y vecinos consideran "que el fallo judicial está cargado de razón porque la exigencia de que esté finalizada toda la urbanización es lógica, pues de lo contrario los nuevos barrios se harían a retazos incompletos con la consecuente carencia de servicios e inseguridad para sus habitantes", dicen las dos entidades en una nota.