El juez atribuye a Marta Ferrusola el mando sobre los fondos de Andorra

Marta Ferrusola, la esposa del expresident Jordi Pujol, llevó la batuta en la gestión de la fortuna familiar oculta en Andorra. Así lo cree el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el auto del caso Pujol en el que ordenó el registro de los domicilios de la pareja, en Barcelona y en el Pirineo catalán. Una "mención manuscrita" que aparece en un nuevo docu...

Marta Ferrusola, la esposa del expresident Jordi Pujol, llevó la batuta en la gestión de la fortuna familiar oculta en Andorra. Así lo cree el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el auto del caso Pujol en el que ordenó el registro de los domicilios de la pareja, en Barcelona y en el Pirineo catalán. Una "mención manuscrita" que aparece en un nuevo documento aportado por la Fiscalía Anticorrupción permite atribuir a la matriarca "la disposición de los fondos de la familia Pujol Ferrusola hasta la fecha en que se procedió por todos y cada uno de ellos a la apertura de las cuentas".

El juez sitúa así a Marta Ferrusola al mando de la fortuna andorrana casi al misimo nivel que su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, que se hizo cargo de gestionar el patrimonio a principios de los años 90. El primogénito permanece desde el martes en prisión provisional por evadir 30 millones de euros en plena investigación.

Según la versión de la familia, el dinero que permaneció durante 30 años oculto a Hacienda procede de un legado del abuelo Florenci Pujol. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez creen esa versión. Sospechan que el origen de la fortuna es delictivo y puede estar vinculado a la actividad política de Pujol, que durante 23 años y hasta 2003 presidió la Generalitat catalana.

La familia Pujol "ha coordinado durante años la gestión de un importante patrimonio económico, de procedencia no determinada, en Andorra", subraya el auto judicial. Existen indicios que revelan, agrega el auto, "pautas comunes de actuación" y "asignación de roles". El funcionamiento de la familia se acerca cada vez más al propio de una organización criminal, dice el juez, que sin embargo no les atribuye por ahora ese delito. Hay indicios de que en las cuentas corrientes de los miembros de la familia "se realizaban continuos ingresos y reintegros en efectivo" bajo las instrucciones de Jordi Pujol Ferrusola.

En 2014, varios miembros de la familia regularizaron su fortuna oculta tras las informaciones que pusieron en evidencia la existencia de las cuentas. Entre ellos, Marta Ferrusola. La matriarca, sin embargo, se benefició de una estructura opaca en Panamá a través de una cuenta de Kopeland Foundation, empresa a nombre de su hijo. Al atribuirse esa cuenta en Kopeland, la esposa del expresidente catalán "desapareció de cualquier documento bancario".

El juez cita también una de las cuentas más polémicas del caso Pujol: la número 63.810, abierta en 2000 en la Banca Reig. En el documento de apertura figura como titular Jordi Pujol Ferrusola. En 2010, el saldo quedó a cero. Dos documentos hacen sospechar que esa cuenta pudo ser, en realidad, del expresidente catalán. Uno de los papeles está firmado por el primogénito y asegura que él no es el dueño de los fondos, sino que lo es su padre. El segundo está firmado por el propio exmandatario nacionalista en mayo de 2001. Allí afirma que, en caso de defunción, "todo lo que haya en esa cuenta ha de pasar a Marta Ferrusola", señala el auto.

De la Mata no se pronuncia de forma explícita sobre quién es en realidad titular de esos fondos. Cuando esos documentos manuscritos salieron a la luz, la familia Pujol mantuvo que se trató solo de un ardid para impedir que Mercè Gironès (la esposa de Jordi Pujol hijo) pudiera reclamar el dinero de esa cuenta a su marido. Ambos habían iniciado los trámites de separación y el expresidente se prestó al engaño para ayudar a su hijo, siempre según la versión de la familia.

Ante esos indicios, el juez ordenó las entradas y registros para hallar "documentos relacionados con la actividad presuntamente delictiva investigada". El juez autorizó a a la Policía a incautarse de cualquier documento en cualquier formato, especialmente documentación bancaria y financiera, escrituras, documentación contable o libros de sociedades.