El comité de ATLL congela el convenio por la inseguridad de la privatización
La plantilla quiere negociar una vez se sepa qué sucederá con el futuro de la compañía
La dirección de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) volvió ayer a enviar un comunicado a su plantilla tras conocer el fallo del Tribunal Supremo que da la razón a Agbar y apuesta por anular la adjudicación de la compañía al consorcio liderado por Acciona. Le pidió “tranquilidad” y “seguir centrados, preocupados y ocupados en la prestación del servicio, que nadie ha de discutir ni poner en duda y nosotros no nos podemos permitir ningún error”. Es una muestra más de la in...
La dirección de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) volvió ayer a enviar un comunicado a su plantilla tras conocer el fallo del Tribunal Supremo que da la razón a Agbar y apuesta por anular la adjudicación de la compañía al consorcio liderado por Acciona. Le pidió “tranquilidad” y “seguir centrados, preocupados y ocupados en la prestación del servicio, que nadie ha de discutir ni poner en duda y nosotros no nos podemos permitir ningún error”. Es una muestra más de la incertidumbre que está generando el proceso judicial en la compañía y que el comité de empresa ha dejado patente: ha congelado la negociación del convenio colectivo hasta que haya una decisión definitiva sobre el futuro de la empresa externalizada.
El presidente del comité, Rubén Tello, explicó que la actual negociación colectiva expira a finales de este año y que se tendría que estar negociando pero que se ha decidido prorrogarlo un año y ganar tiempo para saber quién será el gestor dentro de un año. Si los actuales gestores —Acciona—, si Agbar —la otra compañía que pujaba en el concurso— o la propia Generalitat, en el caso de que apostara por cancelar el concurso y reasumirlo. De hecho, la plantilla la forman trabajadores que proceden de la etapa pública de ATLL, con contratos subrogados por las concesionarias.
El consorcio formado por Acciona está decidido a hacer oídos sordos a la sentencia conocida el jueves, con la que el Supremo desestimaba la petición de medidas cautelares solicitadas por Aigues de Catalunya (el consorcio ganador) para evitar la anulación del contrato. La incógnita es qué hará la Generalitat si el alto tribunal falla en contra de su petición.