Alaya reclama tres funcionarios de refuerzo ante la sobrecarga de trabajo

La juez Mercedes Alaya ha reclamado a la Junta y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que destine a su juzgado tres funcionarios de refuerzo ante la sobrecarga de trabajo derivada de investigaciones como el caso de los ERE o sobre ...

La juez Mercedes Alaya ha reclamado a la Junta y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que destine a su juzgado tres funcionarios de refuerzo ante la sobrecarga de trabajo derivada de investigaciones como el caso de los ERE o sobre las irregularidades en los cursos de formación. En el escrito, Alaya se queja de que ya el pasado día 2 denunció esta falta de personal sin que “aún” se haya resuelto la situación. La petición de la juez coincide con, por un lado, la autorización del Tribunal Supremo a que siga instruyendo los ERE hasta que resuelva la parte que afecta a los aforados y, por el otro, con la inhibición del juez de Cádiz a favor de Alaya en la trama que implica al exconsejero Ángel Ojeda, imputado en la causa.

En su solicitud, la magistrada pide a ambas instituciones que destinen a su juzgado a tres funcionarios de refuerzo, uno de ellos para cubrir la baja por enfermedad de la funcionaria encargada de tramitar las diligencias relativas al caso ERE, informó Europa Press. Asimismo, Alaya pide que se mantenga en su puesto a la agente encargada del trabajo ordinario y de la tramitación del caso de la formación. En este sentido, fuentes judiciales, recordaron que en el juzgado —que también instruye el caso Betis y la Operación Madeja— hay dos millones de folios relativos a esta causa pendientes de escanear.

En el curso de la investigación sobre las irregularidades en la formación, la juez ha pedido a la Consejería de Educación que, en un plazo de 10 días, remita los certificados de asistencia y diplomas relativos a cursos subvencionados a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). En concreto, se trata de cuatro expedientes de 2006, 2008 y 2009. Ya el pasado mayo, la magistrada comenzó a analizar las subvenciones concedidas a la desaparecida fundación, entre 2009 y 2010, por valor de 49,5 millones de euros.

En un mismo auto fechado el día 23, la magistrada también pide al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que aporte “los planes de evaluación y seguimiento” llevados a cabo desde 2002 para velar por el “adecuado control de las acciones formativas”. Una tarea que, “al margen de la información recibida del SAE”, también deberá acometer el Consejo Andaluz de Formación Profesional.