Alaya reclama más informes de los cursos de formación de la Junta desde 2002

La juez Mercedes Alaya busca recabar cualquier opinión expresada sobre la política de la Junta en los cursos de formación desde 2002. Después de reclamar a la Intervención General todas sus resoluciones sobre estas subvenciones para formación, en su último auto la magistrada amplía los informes al Consejo Andaluz de Formación Profesional y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. La intención d...

La juez Mercedes Alaya busca recabar cualquier opinión expresada sobre la política de la Junta en los cursos de formación desde 2002. Después de reclamar a la Intervención General todas sus resoluciones sobre estas subvenciones para formación, en su último auto la magistrada amplía los informes al Consejo Andaluz de Formación Profesional y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. La intención de la instructora es revisar si estos órganos aprobaron la política puesta en práctica por la Consejería de Empleo, o por el contrario la censuraron y destacaron ciertas inconveniencias.

Alaya exige de ambos órganos que visan las políticas de empleo sus pronunciamientos, y en su auto de la semana pasada, destaca: "Para la continuación de las investigaciones se hace necesario reclamar del Consejo Andaluz de Formación Profesional los informes emitidos desde el año 2002 sobre programas, acciones y subvenciones formativas por la Consejería de Empleo". Este consejo es un órgano consultivo con 24 miembros (ocho de la Junta, ocho de la patronal y ocho de los sindicatos), dedicado a coordinar las actuaciones sobre formación y estudiar el mercado de trabajo en Andalucía.  La juez amplía estas pesquisas al órgano estatal sobre empleo para comprobar las "conclusiones y recomendaciones" emitidas sobre "el funcionamiento del subsistema". 

"Extraer conclusiones y proponer recomendaciones" es uno de los propósitos del real decreto de 2007 del extinto Ministerio de Trabajo, a cuyo artículo 33 se refiere Alaya en su auto. Mientras, la instructora recuerda que el informe de los inspectores del Ministerio de Empleo, en el que acusaban a la Junta de fraude por el sistema de rescate para la Bahía de Cádiz para los extrabajadores de Delphi, debía incluir copias del protocolo de colaboración y las actas de las reuniones sobre la situación generada tras el cierre de la multinacional de automoción, pero estas no han llegado a su juzgado. 

Sobre los informes de la Intervención General reclamados por Alaya, el PP ha anunciado que presentará próximamente en el Parlamento una iniciativa para conocer el contenido de estos informes respecto a los fondos y a los cursos de formación. La vicesecretaria general del PP andaluz, Virginia Pérez, destacó que un informe de los interventores expresó un reparo "importante" respecto a una subvención para la fundación pública Faffe que carecía de memoria económica y tenía problemas con la contratación posterior, y por la que existía una propuesta de concesión anterior a la presentación de la solicitud de dicha ayuda.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz se ha inhibido a favor de Alaya sobre la Operación Óscar por la que fue detenido el exconsejero socialista Ángel Ojeda, después de que este ya fuera imputado por la instructora en la causa abierta por los cursos de formación, informa Europa Press.