El fiscal de Málaga pide la investigación judicial de los fondos de formación

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La Fiscalía de Málaga ve indicios de delito en la concesión de ayudas públicas destinadas en diciembre de 2010 a cursos de formación para el empleo en esta provincia y ha remitido el caso a un juzgado para que investigue esas supuestas irregularidades. Fuentes judiciales apuntan que los delitos identificados inicialmente son falsedad, estafa y fraude en subvenciones, según el caso. La partida global que está en el punto de mira se eleva a 1,7 millones de euros y las supuestas anomalías se extienden a 17 de las 20 empresas, todas privadas, que concurrieron a esas ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y se beneficiaron de ellas.

Se trata de la Operación  Edu, que saltó el pasado abril tras hacerse pública una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional iniciada después de una denuncia de la Seguridad Social, que colabora en las diligencias. Las pesquisas policiales dirigidas desde Madrid se habrían ampliado a varios ejercicios de concesión de subvenciones del Gobierno andaluz y supuestamente afectan a varias provincias andaluzas, aunque las averiguaciones de la Fiscalía de Málaga se han ceñido en todo momento a la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de diciembre de 2010. El delegado de Empleo (consejería con estas competencias antes de su traspaso a Educación hace algo más de un año) en esa fecha en Málaga era Juan Carlos Lomeña. Estuvo en el cargo durante siete años, hasta que fue destituido en agosto de 2011.

Según las fuentes consultadas, el escrito del ministerio público malagueño determina que las presuntas irregularidades detectadas por los agentes en cursos de formación de Sevilla y Almería sean remitidas a las fiscalías territoriales de estas provincias. El documento, de más de 20 folios, también solicita al juzgado que ordene varias diligencias y tome declaración como testigos e imputados por estos hechos a varias personas.

La Fiscalía de Málaga abrió diligencias penales de investigación en mayo de 2013 tras recibir un informe policial de la UDEF. La denuncia inicial partió de la sección de la Seguridad Social adscrita a esta unidad. Se trata de ayudas destinadas a ciclos formativos de seis meses con compromiso de contratación para un porcentaje concreto de alumnos, obligación que supuestamente se habría incumplido, según han diagnosticado las primeras pesquisas.

La policía identificó también cursos programados que no llegaron a impartirse y supuestos listados de asistentes ficticios, es decir, habría habido una falsedad en los beneficiados de esos programas. La constitución de empresas ex profeso para la obtención de esas ayudas y algunas renuncias a un porcentaje de la subvención tras finalizar el curso, cuando hay que acreditar que todo se ha desarrollado correctamente, son otros aspectos analizados por los investigadores. En su informe se aludía a una falta de control en la concesión del dinero y en la justificación que había que hacer después de esos ciclos.

Los agentes de la UDEF, en el marco de esta investigación, se han desplazado a Málaga y han tomado declaración a más de 200 personas, la mayoría alumnos afectados por estos cursos no solo en la capital, sino en municipios como Antequera, Fuengirola y Vélez-Málaga.

Un año después de la apertura de las diligencias, la fiscalía remitió su escrito el martes al juzgado decano, que lo ha reenviado un día después al juzgado de guardia de incidencias. Este miércoles desempeñaba esta labor el de instrucción número 14. El asunto aún está pendiente de reparto para saber qué sede de la capital se encargará de su instrucción. Los tres posibles delitos detectados inicialmente no tienen por qué concurrir en todos los casos. El de fraude en subvenciones, regulado en el artículo 308 del Código Penal, exige que ese supuesto desfalco supere los 120.000 euros. Es decir, puede haber empresas beneficiarias de fondos que no alcancen esa cantidad, aunque supuestamente han podido falsear documentos o mentir sobre su capacidad real para impartir los cursos.

El estallido del caso Edu en precampaña de las pasadas elecciones europeas levantó una auténtica polvareda política porque se habló de un fraude masivo y de decenas de millones. Nada más hacerse público, la Junta de Andalucía pidió "una rectificación inmediata" al Gobierno al entender que se trataba de una operación política del PP por la inminente cita con las urnas. El ejecutivo central negó la filtración de la investigación policial. La Consejería de Educación explicó en ese momento que la sección de investigación de la Seguridad Social había pedido información sobre 17 expedientes a raíz del caso de la Fiscalía de Málaga. La cuantía afectada ascendía a 1,52 millones de euros de un programa de formación que contaba con un presupuesto global de 5,9 millones de euros. Esas ayudas, según su versión, estaban en plazo de justificación.