Bienestar recorta a los mayores la asistencia especializada en las residencias
La Generalitat sostiene que la asistencia no se verá mermada, "pese a los recortes"
La Generalitat dio ayer luz verde a los geriátricos para reducir hasta 47 horas anuales por usuario la atención de fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales y educadores sociales. Las patronales del sector y la Generalitat acordaron recortar, “de manera opcional y transitoria”, los horarios de algunos profesionales como medida para “dar oxígeno” a las arcas de los geriátricos, ahogados por los impagos de la Generalitat. La medida blinda a médicos, enfermeros y auxiliares de geriatría, que mantienen sus horas de servicio.
Con la máxima de “asegurar la s...
La Generalitat dio ayer luz verde a los geriátricos para reducir hasta 47 horas anuales por usuario la atención de fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales y educadores sociales. Las patronales del sector y la Generalitat acordaron recortar, “de manera opcional y transitoria”, los horarios de algunos profesionales como medida para “dar oxígeno” a las arcas de los geriátricos, ahogados por los impagos de la Generalitat. La medida blinda a médicos, enfermeros y auxiliares de geriatría, que mantienen sus horas de servicio.
Con la máxima de “asegurar la sostenibilidad del sistema”, la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), Carmela Fortuny, aseguró que, a pesar de la reducción de horas, “la atención a los usuarios no se verá mermada” e insistió en que la medida no hará peligrar ningún puesto de trabajo: “No significa que se reduzca la contratación, sino que trabajarán menos horas”. El presidente de la patronal UPIMIR, Vicente Botella, consideró que “la medida no debería afectar a los usuarios y en ningún caso debería comportar el despido de nadie”, aunque sí reconoció que “se reducirán horarios y, evidentemente, los sueldos”.
La Generalitat también se comprometió a reclamar las facturas impagadas a los residentes que, pese a contar con suficientes recursos, se niegan a abonar el copago por su plaza. El Departamento de Bienestar Social asumirá la deuda de estos impagos, que hasta ahora recaía en las arcas de los geriátricos, y podrá expulsar de la plaza al usuario que se niegue a abonar su parte.
Por su parte, Cinta Pascual, directora de la patronal ACRA, calificó los acuerdos alcanzados como “un primer paso” para dar viabilidad al sector.