Las administraciones podrán hacer aportaciones a planes de pensiones
El PP accepta una enmienda del PNV que afecta a los fondos contratados antes de 2012
Las administraciones públicas, entidades y sociedades podrán realizar aportaciones a prestaciones de jubilación que se deriven de planes de empleo o contratos de seguro colectivo que hayan sido suscritos antes del 31 de diciembre de 2011 y siempre que no suponga un incremento de la masa salarial de los funcionarios.
Así lo ha pactado el PP con el PNV durante la tramitación en el Pleno del ...
Las administraciones públicas, entidades y sociedades podrán realizar aportaciones a prestaciones de jubilación que se deriven de planes de empleo o contratos de seguro colectivo que hayan sido suscritos antes del 31 de diciembre de 2011 y siempre que no suponga un incremento de la masa salarial de los funcionarios.
Así lo ha pactado el PP con el PNV durante la tramitación en el Pleno del Congreso de las enmiendas parciales presentadas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014, dando así cabida en las cuentas del próximo año a una de las principales reivindicaciones de la formación nacionalista.
Según la enmienda transaccional acordada por ambas formaciones, se mantiene la prohibición generalizada a las aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. Sin embargo, sí podrán realizar contratos de seguro colectivo que incluya la cobertura de contingencias distintas a la jubilación o aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos hubieran sido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.
En ambos casos, estas aportaciones no podrán incrementar la masa salarial de los funcionarios. El PNV se ha congratulado del acuerdo, que permitirá levantar una prohibición impuesta hace dos años, nada más llegar el PP al Gobierno, y que a su juicio "ponía en serio peligro la supervivencia de las entidades de previsión social voluntaria" y provocaba "una incertidumbre generalizada y graves problemas de seguridad jurídica, poniendo en cuestión todo el sistema de previsión social complementaria de los empleados públicos vascos".