Asombrar al mundo
Las elites gobernantes en Cataluña y en España han iniciado el camino hacia la jibarización del Estado de Bienestar
La política del Gobierno catalán circula a dos velocidades. Por la autopista viajan los dubitativos prolegómenos de la consulta soberanista. Los demás asuntos se acumulan en una vía mucho más tortuosa y, desde luego, lenta. El Ejecutivo catalán ha puesto su maquinaria a trabajar en el intento de capitalizar el movimiento popular que se expresó en la Diada.
Todo está al servicio —y a remolque— del proyecto soberanista del Gobierno. Hasta los recortes —que en el primer Ejecutivo de Mas fueron exponente de la catalana virtud de la austeridad y el ahorro— se han convertido ahora en arbitrar...
La política del Gobierno catalán circula a dos velocidades. Por la autopista viajan los dubitativos prolegómenos de la consulta soberanista. Los demás asuntos se acumulan en una vía mucho más tortuosa y, desde luego, lenta. El Ejecutivo catalán ha puesto su maquinaria a trabajar en el intento de capitalizar el movimiento popular que se expresó en la Diada.
Todo está al servicio —y a remolque— del proyecto soberanista del Gobierno. Hasta los recortes —que en el primer Ejecutivo de Mas fueron exponente de la catalana virtud de la austeridad y el ahorro— se han convertido ahora en arbitraria imposición de Madrid. El Ejecutivo catalán ha hurtado el debate de las cuentas de 2013 al Parlament, con el pretexto del insuficiente techo de déficit impuesto por Madrid y el argumento de que no hay margen ni presupuestario ni temporal. Tras el muro del centralismo, la minoría parlamentaria de CiU oculta su debilidad numérica y las discrepancias con sus socios de Esquerra Republicana. Hay argumentos en los que no les falta razón: el inequitativo techo de déficit decidido unilateralmente por el Gobierno central (el 1,58% cuando a las comunidades autónomas les debería corresponder el 2,1%) o las partidas compensatorias previstas en el Estatuto y que tanto el Ejecutivo de Mariano Rajoy, como anteriormente el de Zapatero, se han negado a hacer efectivas.
Situados en ese impasse nacional, lo más perceptible son hechos consumados por los recortes. La ciudadanía asiste perpleja al espectáculo de ver cómo el consejero Salud, Boi Ruiz, ataca el copago a 42 fármacos de entrega hospitalaria impuesto por el Ejecutivo central, mientras con la mano izquierda facilita que servicios del Clínic pasen a ser prestados en un centro privado. La Reordenación Asistencial Territorial, tras la que se oculta la privatización sanitaria, fue anunciada por el consejero para aplicarse en este legislatura. Pero sigue sin ser explicada: es conocida a medida que colectivos profesionales o laborales denuncian una nueva vía de agua que se abre en la sanidad pública para favorecer a la privada.
En el terreno laboral, una vez enterrada sin honores y en familia la propuesta del primer Gobierno Mas de reducir el desempleo a la mitad, no ha pasado de mero anuncio la voluntad de reformar el Servicio Catalán de Ocupación. Mientras, el paro ronda el 24% . También duerme en la carpeta de los buenos propósitos la anunciada reforma de la Administración. En el campo educativo, el curso empieza con 20.000 alumnos más y los mismos profesores que el año anterior. Además, se crean nuevas tasas de hasta 60 euros para asesorar a quien decida orientarse para estudios artísticos y deportivos.
Los hechos se acompañan de palabras. Y eso permite responder al casticismo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que “España volverá muy pronto a asombrar al mundo”, con la fe en que el concierto de las naciones quedará boquiabierto al día siguiente de proclamar la independencia de Cataluña .
De seguir el actual ritmo de recortes, en 2025 uno de cada tres nuevos pobres europeos será español; o, en clave soberanista, uno de cada tres catalanes será pobre ese año si continúan siendo laminadas las partidas sociales. Son datos de Intermon-Oxfam y la Taula d'Entitats del Tercer Sector.
Las élites gobernantes en Cataluña y en España han emprendido el camino hacia la jibarización del Estado de Bienestar y eso incluye un marco político de baja calidad democrática. Son coincidentes en apoyar —así lo han hecho CiU y PP— una ley de Transparencia que deja en tenue opacidad a la Casa del Rey, Parlamento, Banco de España, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial. Las peticiones de información de los ciudadanos pueden ser rechazadas por razones de "interés general" o porque el asunto que se pregunte está “en proceso de toma de decisión”. Mientras, nos preparamos para asombrar al mundo.