La fiscalía archiva una denuncia urbanística contra el exalcalde de Sitges
Los hechos afectan a la construcción de un edificio municipal destinado a alquiler de oficinas
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha archivado las diligencias abiertas el año pasado contra el exalcalde socialista de Sitges Jordi Baijet y contra la concejal Carmen Prat, del mismo partido, por un posible delito de prevaricación en el proceso de contratación y construcción del edificio municipal Sitges Reference. Si bien el fiscal entiende que analizando el proceso de contratación de la empresa que ejecutó las obras (la constructora Proinosa) se pueden encontrar indicios de que se han podido vulnerar algunos principios básicos del sistema de contratación administrativa, finalmente ha arch...
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha archivado las diligencias abiertas el año pasado contra el exalcalde socialista de Sitges Jordi Baijet y contra la concejal Carmen Prat, del mismo partido, por un posible delito de prevaricación en el proceso de contratación y construcción del edificio municipal Sitges Reference. Si bien el fiscal entiende que analizando el proceso de contratación de la empresa que ejecutó las obras (la constructora Proinosa) se pueden encontrar indicios de que se han podido vulnerar algunos principios básicos del sistema de contratación administrativa, finalmente ha archivado el caso al no encontrar nada que se pueda considerar delito. De esta forma la fiscalía da carpetazo a un caso que estalló en enero de 2012, cuando el actual gobierno de Sitges, liderado por el alcalde convergente Miquel Forns, llevó el proceso de contratación a los juzgados.
El edificio de la discordia, Sitges Reference, se empezó a gestar desde el Ayuntamiento a finales de 2004. El proyecto inicial contemplaba que sería un edificio de oficinas para alquilarlas a empresas. Para llevarlo a cabo, la empresa municipal Sitges XXI firmó un protocolo con la constructora Proinosa para realizar las obras. Las dos partes crearon una sociedad mercantil mixta, aportando el capital social a partes iguales, aunque el Ayuntamiento disponía de un miembro más en su consejo de administración. Eran buenos momentos para la construcción y para los negocios. Pero cuando empezaron las obras, la situación económica ya era muy distinta. La idea de alquilar oficinas se desmontó ante la dificultad que ofrecía el mercaso, y en enero de 2010 el Consistorio, gobernado por PSC-ICV, optó por una nueva estrategia: aprovechar el edificio para concentrar la mayoría de los servicios municipales de Sitges.
Sitges Reference entró en concurso de acreedores en verano del 2012 con una deuda de 11'7 millones de euros
Pero la gestión económica del Sitges Reference no fue la que se esperaba. Solo unos meses después de la llegada del nuevo cuatripartito municipal en la población (CiU-PP-NH-SGI) se empezaron a destapar datos que apuntaban a que la construcción del edificio y su mantenimiento como equipamiento municipal suponían una ruina para las arcas municipales. Sitges Reference entró en concurso de acreedores en verano del 2012, en un momento en el que la deuda de la sociedad ascendía a 11'7 millones de euros.
Pero además de los datos ruinosos de lo que debía ser un proyecto que acabara con la necesidad de crear un parque de oficinas en la localidad, el equipo de gobierno hizo públicas las presuntas irregularidades en la contratación. El echo de que Proinosa realizara el proyecto de construcción antes de ser contratada ya hizo sospechar que todo el proceso no se realizó bajo la transparencia necesaria, según el actual ejecutivo local.
Al exalcalde de Sitges Jordi Baijet y la concejal Carmen Prat se les imputó la posible comisión de un delito de prevaricación por la permuta de un inmueble y posterior creación de una sociedad de economía mixta “que solo tenía la finalidad de adjudicar las obras de construcción de un edificio a una empresa previamente seleccionada (Proinosa), para sortear con ello las normas de contratación administrativa”, según se refleja en el auto de la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Tras analizar toda la documentación que le hizo llegar el Ayuntamiento y el consejo de administración de Sitges Reference, la fiscalía llega a la conclusión de que “los echos pueden ser contrarios al derecho administrativo, pero no por ello constituyen un delito de prevaricación”.