El nuevo régimen fiscal causa malestar en patronal y bancos

CiU se ha quedado sin el apoyo de los agentes sociales para ejecutar los ajustes de 4.000 millones de euros que debe afrontar en 2013. Con las entidades sociales ya soliviantadas por los impagos y los sindicatos movilizados contra los recortes, los acuerdos en materia fiscal con ERC han irritado ahora a las patronales, que en la legislatura pasada arroparon casi de forma incondicional al Ejecutivo de Mas.

Ayer, el presidente de la organización de pequeñas y medianas empresas ...

CiU se ha quedado sin el apoyo de los agentes sociales para ejecutar los ajustes de 4.000 millones de euros que debe afrontar en 2013. Con las entidades sociales ya soliviantadas por los impagos y los sindicatos movilizados contra los recortes, los acuerdos en materia fiscal con ERC han irritado ahora a las patronales, que en la legislatura pasada arroparon casi de forma incondicional al Ejecutivo de Mas.

Ayer, el presidente de la organización de pequeñas y medianas empresas Pimec, Josep González, se unió a las advertencias contra la “subida de la presión fiscal” y, ante la apertura de un nuevo conflicto con el Gobierno central por el impuesto sobre los depósitos bancarios, instó a los Ejecutivos de “Madrid y Cataluña” a “mejorar sus relaciones”. Y aunque la entidad quiso dejar claro que no se posicionará ante la consulta, sí pidió que esta se realice por los cauces legales, es decir, con la “autorización de Madrid”. Pero, además de todas las grandes patronales, los tributos han airado a los sectores afectados, en especial el bancario. Estos son los 11 tributos y tasas que CiU y ERC han acordado crear o subir y con los que estiman recaudar 1.000 millones.

Impuesto sobre los depósitos (500 millones). Se trata de un gravamen a todos los depósitos, a plazo y a la vista, de contribuyentes catalanes. El decreto, publicado oficialmente ayer, fija que el impuesto deberá ser abonado por las entidades y no podrá repercutirse a los clientes, lo cual la industria duda que pueda ser controlado. Las dos grandes organizaciones del sector financiero, la CECA y la AEB, expresaron su disconformidad con la medida, al considerar que penaliza el ahorro, encarece el crédito y fragmenta el mercado financiero español. El decreto establece exenciones por arraigo, lo cual fuentes del sector consideraron una posible “distorsión de la competencia”. El desaire de la banca se debe, además, al uso de este tributo como un arma arrojadiza entre Cataluña y el Gobierno central.

Recuperación del Impuesto de Sucesiones (200 millones). Se trata de la medida más dolorosa para CiU, que en 2011 eliminó este tributo, que solo afectaba ya a grandes fortunas, tras haberlo prometido en la campaña electoral. Ahora ha acordado recuperarlo, lo cual le ha supuesto críticas de la patronal Fomento del Trabajo. Su presidente, Joaquim Gay de Montellà, recordó a Mas que otras comunidades han suprimido ese tributo y alertó del peligro de deslocalización de patrimonios, poniendo como ejemplo el caso Depardieu en Francia.

Impuesto de Patrimonio (55 millones). CiU y ERC han acordado rebajar el mínimo exento de este tributo de 700.000 a 500.000 euros. A pesar de que en 2011 CiU criticó al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero por recuperar el tributo, este ha resultado una vía eficaz de ingresos: la Generalitat previó ingresar 240 millones en todo 2012 y solo hasta octubre recaudó 284 millones.

Impuesto sobre bebidas con azúcar (22 millones).  La idea de ambas formaciones es gravar con 0,075 euros el litro y con 0,025 euros la lata de bebida refrescante con azúcar. A pesar de que la medida se justifica por “razones de salud”, el gerente de la Asociación de Bebidas Refrescantes —que agrupa a los grandes distribuidores que operan en España—, Josep Puxeu, considera que se trata de una “medida recaudatoria” a uno de los pocos sectores que siguen funcionando en España.

Transmisiones Patrimoniales y otras tasas (250 millones). CiU y ERC han acordado subir el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (100 millones) del 8% al 10% y crear un tributo sobre las centrales nucleares (100 millones). También se aumentará el gravamen a las grandes superficies (25 millones), lo cual fuentes próximas a la patronal Anged rechazan, al considerar que perjudica la competitividad de sus empresas, dada la crisis del consumo. Además, CiU y ERC proponen gravar los pisos vacíos que procedan de desahucios e imponer una tasa a la circulación de camiones en vías de gran capacidad y otra a los aviones por la emisión de gases contaminantes.