El Gobierno pierde 88 millones con las políticas activas que negoció el PNV
Las bonificaciones ascendieron a 241 millones en 2011 frente a los 153 pactados
No ha sido sólo un mal negocio, ha sido un negocio extremadamente malo para el País Vasco. La competencia de las políticas activas, que negoció directamente el PNV con el ex presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, le ha costado en 2011 al Gobierno vasco de Patxi López, —el primer año completo para poder evaluarlo— 88,2 millones de euros, que tendrá que pagar Euskadi, vía Cupo, este mismo...
No ha sido sólo un mal negocio, ha sido un negocio extremadamente malo para el País Vasco. La competencia de las políticas activas, que negoció directamente el PNV con el ex presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, le ha costado en 2011 al Gobierno vasco de Patxi López, —el primer año completo para poder evaluarlo— 88,2 millones de euros, que tendrá que pagar Euskadi, vía Cupo, este mismo año.
El Gobierno vasco tiene que hacer frente a unas obligaciones de gasto de 241,2 millones de euros por las bonificaciones correspondientes de los contratos de fomento del empleo y de formación firmados por los empresarios vascos ese año, según datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal a los que ha tenido acceso EL PAÍS, mientras que el 6,24% de la partida específica para ese fin —2.450 millones de euros— de los Presupuestos Generales del Estado que Madrid descontará, ascendió ese mismo año a 152,8 millones.
El retraso
- Septiembre de 2009. El lehendakari Patxi López y el entonces ministro de Política Territorial, Manuel Chaves anunciaron para octubre de ese año la transferencia de las políticas activas valoradas en 300 millones, sin las cuotas. El PNV lo paralizó.
- Noviembre de 2009. Zapatero aceptó la exigencia del PNV de aplazar la transferencia que, en 2010, pactó en 472 millones y con las cuotas de los contratos de formación. La comisión Mixta de Transferencias se reunió definitivamente en octubre de 2010.
El PNV prefirió sumar esa vieja reivindicación nacionalista a la transferencia de las políticas activas pese a saber que el coste real de la misma iba a ser muy superior en Euskadi para el Ejecutivo. Pero ya no estaban en Ajuria Enea.
El Ejecutivo vasco dice que reconoce 54 de los 88 millones de pérdidas
En 2010, cuando el PNV negoció esa transferencia puenteando al Ejecutivo autonómico sospechaba que en Euskadi se firman más contratos de ese tipo de lo que suponía el 6,24% de la partida de los presupuestos españoles, pero siguieron adelante sin introducir ningún elemento corrector a esa cifra, o simplemente renunciando a incorporarla en el paquete.
En 2010, el 6,24% de los 2.850 millones de la partida presupuestaria para bonificaciones ascendía a 178 millones, una cantidad que prácticamente se había alcanzado en Euskadi a mitad de año. En ese año, el gasto que hubiera tenido que asumir el Gobierno vasco por esas bonificaciones ya era de 243,6, y la evolución de esas cifras estaba, si no con tanta precisión, al menos con aproximación suficiente, encima de la mesa de negociación.
Fuentes del Ejecutivo vasco aseguraron ayer que sólo reconocen 54 millones de “pérdida” frente a los 88 millones que cifra el Servicio de Empleo Público Estatal en su resumen de ingresos y gastos en la Comunidad Autónoma en 2011. Estas fuentes indicaron que mantienen una discrepancia, además, porque la cuenta se ha hecho sobre “certificaciones” y “no estamos totalmente de acuerdo con esas certificaciones. Cuando nos pongamos de acuerdo cerraremos la cifra”.
Curiosamente el PNV aseguró durante aquel proceso, —que deterioró seriamente las relaciones entre Moncloa y Ajuria Enea— que la negociación previa que había hecho el Ejecutivo socialista y que situaba en 300 millones el coste de la transferencia sin las bonificaciones “era materia averiada”.
El PNV elevó la tasación hasta los 472 para incorporar las bonificaciones de los contratos, en medio de un debate sobre si esa vieja reivindicación afectaba o no a la caja única de la Seguridad Social. El traspaso fue cerrado, ya por el Gobierno vasco, el 28 de octubre de 2010 durante el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-País Vasco, que se celebró en Vitoria. El presidente del PNV de Bizkaia, Andoni Ortuzar declaró al día siguiente: “Nosotros lo conseguimos, otros lo firman”.
La transferencia llegó con 491 puestos de trabajo (288 funcionarios y 203 de personal laboral). Igualmente se transfirieron los centros de formación de Lasarte, Sestao y Vitoria, y del Centro de Formación Náutico-Pesquera de Bermeo.
Con esos 88 millones de euros el Gobierno podría haber evitado algunos recortes que ha tenido que afrontar para cuadrar el déficit. Los que han afectado a los funcionarios vascos ascienden en total a 103 millones.
El desglose de esos recortes es de 23 millones por la eliminación de las primas de jubilación, 14,1 millones por la desaparición de la prórroga del servicio, 21 millones por los nuevos complementos en caso de baja y 44,6 por el fin de las aportaciones a planes de pensiones.