Milei y el Congreso argentino libran la batalla por el veto a la ley de financiamiento universitario

El Congreso argentino será escenario de una dura batalla política. La oposición aspira a anular este miércoles el veto del presidente, Javier Milei, a una ley que garantizaba el financiamiento de las universidades públicas. El Gobierno negociaba anoche con una decena de indecisos para alcanzar el número mágico de 87 votos, suficientes para bloquear los dos tercios que necesitan los diputados para insistir con la norma aprobada en septiembre por las dos cámaras del Parlamento. La Casa Rosada cuenta con 39 diputados propios y el apoyo del Pro, el partido del expresidente Mauricio Macri, quien el martes anticipó que votará a favor de Milei con sus 34 representantes. Aún así, el presidente necesita sumar a otras fuerzas. Apuesta a robar legisladores a la Unión Cívica Radical (UCR), un partido centenario que tiene como una de sus banderas la defensa de la universidad pública, y a otras fuerzas provinciales necesitadas del dinero del Ejecutivo.

Si el veto cae en Diputados, la discusión pasará al Senado, donde la oposición, representada en su mayor parte por el peronismo kirchnerista, es aún más fuerte. Si Milei logra, en cambio, un triunfo este miércoles, la oposición ya no podrá insistir con la ley de financiamiento y el Ejecutivo se habrá salido con la suya. Será, de todas formas, una jornada de repercusiones política de largo plazo en Argentina. El presidente está pagando un algo costo por su intransigencia en su lucha contra el déficit. Con el argumento de que la ley amenaza su política de recorte del gasto público, se ha enfrentado a toda la comunidad universitaria. Se trata de un sector que cala en la clase media argentina y es orgullo de una sociedad que considera a la gratuidad de la educación superior la clave de la promoción social.

La pelea pone en evidencia la debilidad parlamentaria de Milei. Hace un mes, no pudo evitar la aprobación de la ley de financiamiento universitario y ahora pelea voto a voto con sus aliados para defender el veto. Con cada disputa, deja jirones de poder. Cada vez depende más del apoyo del Pro, el partido de Macri, para avanzar en las reformas que impulsa. El expresidente anunció el martes que daría su voto a Milei por “la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante”. “Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia”, afirmó en un comunicado el Pro. Pero enseguida acusó a Milei de haber agravado el conflicto con las universidades “por cuestiones internas del propio Gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado”. “Como siempre hemos señalado, para el Pro la gestión importa”, advirtió el macrismo.

Una decena de facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande del país, amanecieron el miércoles ocupadas por los estudiantes, que amenzaron con mantener las tomas hasta que caiga el veto presidencial. Medidas de fuerza similiares se replicaron en otras universidades nacionales del país. El miércoles 2 de octubre pasado, unas 300.000 personas marcharon solo en Buenos Aires exigiendo más recursos del Estado para las universidades. Este miércoles, habrá manifestaciones frente el Congreso para presionar a los diputados, sobre todo a la docena de indecisos que tienen en sus manos el resultado de la votación.

Desde que Milei llegó al Gobierno, los aportes estatales a las universidades cayeron un 30%. Los salarios de los profesores perdieron además frente a la inflación un 23,7% de su poder de compra entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, según la Conadu, una federación de gremios universitarios. En un intento por reducir la resistencia de los docentes, el Gobierno decretó en la víspera de la votación una subida salarial del 6,8%, a pesar de que no acordó con los sindicatos. “Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas”, indicó en un comunicado el Ministerio de Capital Humano, que con Milei absorvió en diciembre pasado el de Educación.

La postura del Gobierno es que no aceptará ninguna ley que suponga un gasto extra sin especificar de dónde salen los fondos. El ministro de Economía, Santiago Caputo, advirtió incluso que llevarán la ley de financiamiento universitario ante la justicia si la oposición logra los votos necesarios para mantenerla con vida. Se trata, en cualquier caso, de una cuestión de principios. El costo fiscal de la norma es de solo 0,14 puntos del PIB, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero Milei pretende dejar en claro que no cederá en su cruzada contra el déficit.

Esta es la segunda vez desde que asumió en diciembre que Milei se juega a todo o nada en el Congreso. A finales de agosto, la oposición aprobó un aumento del 8% para los jubilados, atentos a que se han llevado la peor parte del ajuste fiscal emprendido por el Gobierno ultraderechista. El presidente vetó la ley el 2 de septiembre y dos semanas después consiguió los 87 votos necesarios para defenderlo del intento opositor por anularlo. Luego invitó a los “87 héroes”, como los llamó, a celebrar el bloqueo a la subida de las jubuilaciones con un asado en la residencia presidencial.

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