La mayor universidad de Argentina, bajo amenaza de cierre por los recortes de Milei

Un grupo de personas estudiando en una habitación helada y oscura, apenas iluminada por una vela. Esa escena medieval que está en el origen de la universidad moderna amenaza convertirse en el futuro inmediato de la Universidad de Buenos Aires (UBA), asediada, como todas las facultades públicas en Argentina, por el recorte de fondos que está ejecutando el Gobierno del ultra Javier Milei. La UBA, la institución universitaria más grande del país, lugar de formación de cinco premios Nobel, y donde hoy estudian más de 347.000 alumnos, acaba de declararse en emergencia presupuestaria. “Nunca vi un ajuste como el que se está haciendo ahora. La situación es muy angustiante”, dice el vicerrector de la universidad, Emiliano Yacobitti. Aún es una incógnita si la UBA podrá seguir funcionando más allá de mitad de año.

Entre otras medidas para combatir el déficit de las cuentas públicas, el Gobierno de Milei prorrogó para 2024 el presupuesto estatal del ejercicio anterior, votado por el Congreso a fines de 2022. Por el camino, la inflación interanual alcanzó (de marzo a marzo) el 287,9%. En el caso de la UBA, el presupuesto prorrogado consta de 121.000 millones de pesos (unos 140 millones de dólares, según la cotización oficial). La gran mayoría de esos recursos, casi el 90%, se destina a salarios de profesores y trabajadores no docentes. Con el resto se financian los gastos de funcionamiento: pago de servicios, mantenimiento de aulas y laboratorios, conectividad, seguros, compra de insumos, libros y publicaciones.

“El presupuesto para gastos de funcionamiento asignado actualmente constituye un recorte en términos reales del 80 %. Es decir, por cada 10 pesos que contaba la UBA en marzo de 2023, hoy tiene dos″, detalló la universidad la semana pasada, al declararse en emergencia económica. ¿Qué implica esto en la vida cotidiana de la institución? “En breve no vamos a poder pagar las facturas de electricidad que, de abril del año pasado a abril de este año, aumentaron un 577%”, explica al vicerrector Yacobitti. “Vamos a tener que dejar de usar los ascensores. Las bibliotecas van a tener que funcionar solamente mientras haya luz diurna”, agrega.

Ni obras, ni reparaciones

La crisis presupuestaria afecta más a las unidades académicas que enfrentan costos altos en insumos de enseñanza para prácticas de laboratorio, como las facultades de Medicina, Odontología, Veterinaria, o Ciencias Exactas y Naturales. Pero no solamente. “Se nos hace insostenible abrir y mantener en funcionamiento los edificios, no hay recursos para los gastos de mantenimiento, ni para cuestiones elementales como comprar productos de limpieza o hacer arreglos de plomería. Hay una interrupción total de las obras de mejora de infraestructura que estaban previstas”, resume Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras. “Hace 40 años que habito la vida universitaria, hemos pasado muchos momentos complejos, pero no recuerdo ninguno como este. Hay un deterioro enorme y ni siquiera hay diálogo con el Gobierno”.

El otro gran sector afectado es el de los hospitales que gestiona. La UBA tiene seis hospitales universitarios de alta complejidad, donde no solo se enseña e investiga, sino donde también se atiende a la población: el año pasado más de medio millón de personas pasaron por sus consultorios. “Para la función sanitaria de la universidad, el Gobierno ni siquiera nos envió el presupuesto prorrogado. Hemos recibido cero pesos. Si no hay una pronta respuesta, en el segundo semestre los hospitales no van a poder seguir funcionando”, advierte Yacobitti.

Los salarios de los profesores y del personal no docente también cayeron en forma estrepitosa: el rectorado de la UBA estima que los sueldos perdieron frente a la inflación un 36% de su poder adquisitivo en los últimos cuatro meses. Para los sindicatos docentes, la pérdida es aún mayor y supera los 50 puntos. “El 60% de los trabajadores no docentes pertenece al escalafón más bajo y está cobrando por debajo de la línea de pobreza”, señala el vicerrector de la universidad. La negociación salarial con el Estado está interrumpida desde febrero.

“Nuestros docentes son excelentes, pueden dar clases e investigar en cualquier universidad del mundo. Si este ajuste continúa, se van a ir los mejores. Incluso si la universidad pudiera seguir funcionando, esto va a repercutir negativamente en la calidad de la educación”, explica Abril Marcolongo, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas.

“Cuidemos lo que funciona”

En la campaña pública que está realizando la UBA para reclamar el descongelamiento presupuestario destaca, justamente, la calidad académica de la institución. “Cuidemos lo que funciona” es la consigna, pensada para contrarrestar el discurso ultraliberal de Milei, que defiende un Estado mínimo y al que define como “una organización criminal”. La UBA está entre las cinco mejores universidades de Latinoamérica según el Ranking QS Global, el Shanghai Ranking y el Ranking Center for World University. A la vez, está entre las 100 mejores universidades del mundo, según el Ranking QS. En los últimos días, el Ranking QS por temática indicó que seis disciplinas de la universidad entraron en el top 50 mundial: Lenguas modernas, Antropología, Derecho, Ingeniería del petróleo, Sociología y Arte y diseño. Las autoridades de la UBA insisten en que esos logros se alcanzaron con un presupuesto que, antes del actual ajuste, ya era bajo en comparación con los recursos de otras instituciones de la región: la Universidad de San Pablo (Brasil) contaba en 2023 con una inversión de 15.000 dólares por alumno al año y la Universidad Nacional Autónoma de México con 7.968 dólares, mientras que la UBA —informan— contó con 1.123 dólares por estudiante.

Los reclamos de la comunidad académica vienen creciendo en intensidad, no solo en la UBA sino en todo el sistema universitario, con huelgas, manifestaciones y clases públicas. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno ha sido que, “en un contexto de restricciones, fruto de la emergencia económica actual”, las universidades deben “mejorar la forma de gastar e invertir”, en palabras del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, durante el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional. También prometió un refuerzo del 70% en los fondos para gastos de funcionamiento, un monto que los rectores consideraron exiguo. En ese contexto, los sindicatos de docentes y trabajadores universitarios, las federaciones estudiantiles y las autoridades académicas han convocado para el martes 23 de abril una marcha nacional en defensa de la universidad pública, que tendrá epicentro de la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintos puntos del país. “Cuando el Gobierno plantea el abandono de la universidad, está atentando contra el lugar donde se piensa el mejoramiento de la Nación, donde se debate con perspectiva crítica el futuro de las políticas públicas, de la economía, las leyes, la cultura, la educación, la salud...”, dice el decano Manetti: “El ataque es a todo esto.”

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