Atentado a la AMIA: una trama de corrupción, opacidad, ineptitud y complicidad

Treinta años después, la calle Pasteur todavía conmueve. Lo que estaba, no está, pero sigue estando, junto al recuerdo del peor atentado contra la comunidad judía registrado en el mundo. El más horroroso desde la Segunda Guerra Mundial y hasta la ofensiva de 2023. Pero reducir aquello a un ataque “contra los judíos” sería un error. Fue un ataque contra la Argentina y, queda claro hoy, contra Occidente.

85 muertos y doc...

Treinta años después, la calle Pasteur todavía conmueve. Lo que estaba, no está, pero sigue estando, junto al recuerdo del peor atentado contra la comunidad judía registrado en el mundo. El más horroroso desde la Segunda Guerra Mundial y hasta la ofensiva de 2023. Pero reducir aquello a un ataque “contra los judíos” sería un error. Fue un ataque contra la Argentina y, queda claro hoy, contra Occidente.

85 muertos y docenas de heridos fue el saldo de sangre, aunque el atentado reflejó también las debilidades del Estado argentino, cuyas fronteras eran un colador, aun cuando veníamos de padecer el atentado contra la embajada de Israel, apenas dos años antes. Y reflejó la corrupción de las fuerzas de seguridad, la oscuridad de los servicios de inteligencia, el amateurismo –como mínimo- del Poder Judicial, y las complicidades –como mínimo, también- del poder político, Presidente de la Nación incluido.

Hoy, la trama del atentado contra la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) se sigue escribiendo, como bien remarcó el periodista Javier Sinay en un ensayo extraordinario que publicó en la revista The Jewish Quarterly y que amplificó en el libro Después de las 09:53. Se sigue escribiendo porque la investigación judicial sigue abierta, porque los familiares de las víctimas todavía pujan con un Estado que boicoteó la búsqueda de la verdad, y porque los acusados siguen libres y sus máximos responsables, impunes.

“El atentado contra la AMIA tiene muchas facetas, y la pata judicial es la que menos brilla de todas”, me dice el fiscal federal Sebastián Basso, uno de los dos titulares, hoy, de la Unidad Fiscal AMIA. Lleva seis años lidiando con la pesquisa, que primero debieron revisar, luego sistematizar y después darle sentido, antes de definir cómo avanzar. No fue fácil.

Son 490.000 páginas, además de audios y videos, divididos en expedientes, legajos, carpetas y causas conexas, que comenzaron a redactarse en máquinas de escribir, en tiempos analógicos de teléfonos celulares escasos, ninguna cámara de vigilancia e internet naciente, pero en los que sobraron los intereses cruzados y las versiones de todo tipo. Que fue Hezbollah, que fue Irán, que fue Siria, que se usó una Renault Trafic como coche bomba, que fue un volquete, que fue un autoatentado, que hubo una conexión local, que no la hubo, que fueron los militares carapintadas, que fue una venganza del mundo árabe contra Carlos Menem.

Hoy, lo que está probado en el expediente judicial podría resumirse en una frase: un grupo comando entró a la Argentina, recibió apoyo logístico desde la Triple Frontera, puso la bomba y se fue. Pero como toda síntesis, excluye una miríada de directrices, luces, sombras y matices. Entre otras manchas, la frase omite:

- Que el primer juez del caso, Juan José Galeano, y los primeros fiscales, Eamon Mullen y José Barbaccia, fueron condenados por delitos que cometieron durante la investigación (condena que está apelada);

- Que el entonces jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, fue condenado por aportar 400.000 dólares para sobornar a un sospechoso, Carlos Telleldín, para que incriminara a terceros (condena que está apelada);

- Que el entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, quedó sospechado de desviar la pesquisa, pero “murió impune”, al decir de Memoria Activa, la entidad que agrupa a los familiares de las víctimas más críticos;

- Que la presidenta Cristina Kirchner firmó un “memorando de entendimiento” con Irán que sus detractores consideraron un pacto de impunidad con Teherán a cambio de restablecer el intercambio comercial. Dinero por sangre;

- Que el espía más poderoso de todos, Antonio Horacio “Jaime” Stiuso, pasó de un ida y vuelta opaco con Néstor y Cristina Kirchner a ingresar en la clandestinidad, resurgió durante el macrismo, redobló su bajo perfil durante la presidencia de Alberto Fernández y hoy lo señalan muy cerca del Gobierno de Javier Milei;

- Que el fiscal que había quedado a cargo de investigar el atentado, Alberto Nisman, apareció muerto en su departamento, con un tiro en la cabeza, horas después de denunciar penalmente a Fernández de Kirchner por pactar con Irán, y horas antes de exponer su acusación ante el Congreso de la Nación; para la Justicia, fue asesinado;

- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina, el mes pasado, por violar los derechos de las víctimas y de sus familiares porque tres décadas después del ataque “continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento”.

Hoy, la Justicia mantiene vigente el pedido de captura internacional contra 11 sospechosos; nueve de ellos cargan con circulares rojas de Interpol. En otras palabras, si intentan salir de los tres países en los que se refugiaron (Irán, Líbano y Brasil), serán detenidos y podrían ser extraditados a Argentina.

Lo inquietante o patético, sin embargo, es que el Estado argentino no revirtió muchas de las falencias que padecía hace tres décadas. Las fronteras, por ejemplo, siguen siendo un colador, al punto que la Justicia no descarta que Loan Peña, un niño de cinco años que desapareció el 13 de junio en la provincia de Corrientes, esté hoy en algún país limítrofe. ¿Cómo saberlo?

En semejante contexto de frustración e impunidad, los políticos ofrecen grageas para apaciguar el dolor o acotar la rechifla en los actos conmemorativos. Por un lado, el Gobierno de Javier Milei anunció otra reconfiguración de los servicios de inteligencia y el impulso de un proyecto para instaurar los juicios en ausencia; por el otro, el Congreso aprobó una ley que establece que cada 18 de julio sea día de duelo nacional. Ahora sí podemos dormir tranquilos.

Para la Corte Suprema, la investigación sobre el atentado a la AMIA es “la más compleja de la historia judicial argentina”, algo que el fiscal Basso replantea con una mirada más amplia. “La causa AMIA atraviesa la historia de los últimos treinta años del país”, dice. “Cuando comenzás a investigar, todos tienen más manchas que el tigre”.

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