Las provincias que resisten frente al Gobierno antifeminista de Milei
A pesar del contexto antiderechos en que vive Argentina a nivel del Gobierno nacional, el mapa de género se sostiene en todo el país, por el momento
El gobierno de Argentina, que encabeza Javier Milei, se ha manifestado antifeminista, niega que existan las desigualdades de género, y eligió el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para anunciar que cerraría el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, sede gubernamental, que reinauguró como Salón de los Próceres. Un gesto más — y van unos cuantos— alejados de cualquier política de igualdad.
Mientras tanto, en mita...
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El gobierno de Argentina, que encabeza Javier Milei, se ha manifestado antifeminista, niega que existan las desigualdades de género, y eligió el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para anunciar que cerraría el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, sede gubernamental, que reinauguró como Salón de los Próceres. Un gesto más — y van unos cuantos— alejados de cualquier política de igualdad.
Mientras tanto, en mitad de un ambiente en el que se niega la desigualdad de género, las provincias sostienen las áreas de Mujeres, Géneros e Igualdad, mientras que los femicidas siguen matando a una mujer a diario (cada 30 horas) y dejando miles de niñas, niños y adolescentes sin madre y en el desamparo, según datos oficiales y de observatorios de femicidios de la sociedad civil.
El cierre del primer Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad que tuvo el país en el periodo 2019-2023, fue el primer gesto político anti igualdad de Milei. Ese Ministerio utilizaba la mitad de su presupuesto en el programa Acompañar, una política pública que otorga un sueldo básico (202.800 pesos argentinos; unos 230 dólares aproximadamente) por seis meses y asistencia psicosocial a mujeres en situación de violencia de género. El organismo nacional articulaba con áreas de género de gobiernos locales (provinciales) y comunales para que esa ayuda llegara al extenso territorio argentino.
¿Quién acompaña ahora, desde el Estado, a las mujeres violentadas? Es una pregunta que aún, oficialmente, no se responde.
Un informe elaborado por siete ONG revela que el presupuesto destinado a políticas relacionadas con violencia de género “redujo su ejecución en un 65%”. Desaparecido el Ministerio, como la ley 26.485 de Protección a la Mujer del año 2009 obliga al Estado a tener un organismo que garantice la aplicación concreta de la norma, el Gobierno creó la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que depende del Ministerio de Capital Humano.
La asunción presidencial fue el 10 de diciembre de 2023. Recién el 19 de febrero de 2024 se nombró como subsecretaria a Claudia Barcia, una fiscal especializada en violencia de género, quien ejercerá su cargo ad honorem. La funcionaria no ha aceptado aún entrevistas periodísticas, por lo que se recurre a voceras de ONG feministas que se reunieron con ella el 4 de marzo, para comenzar a conocer su postura.
“Sobre el programa Acompañar, Barcia dijo que era una política pública importante y necesaria, que tuvo problemas de implementación y fue desigual su alcance en distintos distritos (provincias y comunas) pero que sin duda abordaba una dimensión del problema central para otorgar algún alivio en la estrategia de las mujeres para salir de una situación de violencia en la pareja”, comparte sobre la reunión, Natalia Gherardi, titular del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Cuenta que Barcia “coincidió en la valoración del Acompañar; manifestó que ella quería que siguiera y se mejore articulando una salida laboral efectiva, y aunque no precisó cómo se haría, se refirió brevemente a la posibilidad de contar con planes para la reinserción laboral preferente para mujeres en situación de violencia”. De acuerdo a datos recopilados por la organización Fundar entre 2020 y 2023, 320.000 personas accedieron al programa Acompañar. “En el diálogo expresó que todavía no tiene definición sobre el presupuesto que tendrá para el trabajo de la Subsecretaría”, añade Gherardi.
Como el portal web donde figuraban los datos mensuales de beneficiarios del programa fue dado de baja por el Gobierno, no se sabe cuál es la situación actual. Fuentes oficiales y de ONG que acompañan a víctimas, aseguran que desde el 1 de enero de 2024 no se habría dado de alta a ninguna persona en el programa.
Además del Ministerio nacional, Argentina tuvo hasta el año pasado carteras de Igualdad en cinco de las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires que conforman el Estado federal. Esas provincias eran: Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Santa Fe y Chubut.
La provincia de Buenos Aires es la única que mantiene con rango ministerial las políticas de género; Neuquén también sostiene el Ministerio, aunque le adosó otros organismos, mientras que Santa Fe y Córdoba lo convirtieron en secretarías y en Chubut en subsecretaría.
Estela Díaz, la única ministra de Mujeres e Igualdad del país en el Gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires, asumió en marzo su segundo mandato con la consigna de “ampliar las políticas y programas de abordaje de las violencias por razones de género y reconocer que esta perspectiva es transversal al conjunto de las políticas de gobierno”, dice en diálogo con este medio.
La ministra resalta que las políticas bonaerenses “están en las antípodas del pensamiento del Gobierno nacional. Hay una crueldad y un regodeo en recortar derechos; hay políticas nacionales que hacen sufrir a las personas y eso nos preocupa porque también ese mensaje acarrea niveles grandes de violencia hacia las mujeres. Negar que esta existe, negar las brechas, plantear con orgullo que se elimina y se recortan políticas de igualdad, son mensajes violentos que se derraman en actos de violencia. Es más grave cuando viene del presidente de la Nación”.
Por su parte, la histórica dirigente feminista de la Unión Cívica Radical, Alica Tate, que asumió como secretaria de Mujeres, Género y Diversidad en Santa Fe –uno de los distritos donde desapareció el rango ministerial en Igualdad- cuenta a este medio que su gestión “tiene un enfoque claro en la prevención de la violencia contra las mujeres”. En Santa Fe, se ubica la ciudad de Rosario, una de las más importantes del país, con fuerte presencia del narcotráfico. “Contamos con recursos propios para apoyar a las víctimas de violencia. Además, ofrecemos ayudas sociales específicas para quienes han sufrido violencia. Tenemos 18 casas de protección”, explica la funcionaria.
En la Patagonia, en Neuquén, el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad es ahora de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres. El nuevo gobierno neuquino es una coalición ampliada de distintos espacios políticos heterogéneos, desde antiderechos hasta feministas. Uno de los compromisos del titular del Ejecutivo fue mantener el rango ministerial de Mujeres “pero quedó desdibujado, porque la ministra está más abocada a las otras áreas. No tiene la robustez que tenía antes”, analiza una fuente local.
Mientras que Santiago del Estero, Catamarca, San Juan y Mendoza optaron por direcciones, y Jujuy y Corrientes poseen concejos, Chubut tiene al frente de la subsecretaría de Derechos Humanos y Géneros a Alejandro Alvarenga, una persona no binaria, y una mujer trans, Jazmín Verra, como directora General de Políticas de Géneros y Diversidad.
A pesar del contexto antiderechos en que vive Argentina a nivel del Gobierno nacional, el mapa de género se sostiene en todo el país por el momento: provincia de Buenos Aires con ministerio; Neuquén con rango ministerial que suma otras áreas; Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán, Formosa, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Santa Cruz, La Rioja y La Pampa cuentan con secretarias, y con rango de subsecretarias quedan Chaco, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Misiones.
El silencio oficial en este contexto es un grito, mientras las violencias y los femicidios no cesan.
*Silvina Molina es periodista y fue la editora de Género de la Agencia Télam